San Ramón: tres investigaciones cercan al alcalde vinculado a narcotraficantes.
Dos
indagatorias del Ministerio Público y una de la Contraloría tienen al
alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) bajo fuego cruzado. El golpe más
letal puede darlo la Contraloría, que culmina una auditoría que acredita
múltiples irregularidades en el municipio. Una de las más graves es la
falta de control en la entrega de un barbitúrico de efecto hipnótico en
el Cesfam de La Bandera, zona donde opera el “Chino” Pinto, el narco que
estaba contratado en San Ramón. La Fiscalía apunta a cuatro delitos:
fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, negociación
incompatible y nombramientos ilegales.
Nueve meses han pasado desde que estalló el escándalo de los vínculos entre narcotraficantes y el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.
Y aunque ante sus cercanos el edil insiste en su inocencia, acusa un
montaje y alega que hasta ahora solo lo ha condenado la prensa, tres
investigaciones que han avanzado silenciosa y sostenidamente pueden
darle un golpe letal: dos del Ministerio Público y una de la
Contraloría. Los antecedentes acumulados en esas indagatorias indican
que el cúmulo de irregularidades detectadas en esa municipalidad
configurarían al menos cuatro delitos: fraude al Fisco, malversación de
caudales públicos, negociación incompatible y nombramientos ilegales.Pero si Aguilera -quien fue expulsado del PS tras el escándalo- no logra demostrar el origen de los recursos con los que adquirió en 2016 una casa de $350 millones en La Reina, el ilícito por el que podría enfrentar a la justicia sería de un peso mucho mayor: lavado de activos. Un golpe que podría resultar definitivo para quien era hasta hace pocos meses el líder de una de las máquinas de poder más influyentes del Partido Socialista.
La primera investigación que golpeará a Aguilera es la que lleva la Contraloría General de la República (CGR). Un mes y medio después de que la edición de Informe Especial del pasado 1 de octubre reveló los vínculos entre la Municipalidad de San Ramón y el narco Jorge “Chino” Pinto, un equipo de auditores de la CGR se instaló en la sede comunal. Durante dos meses, desde el 17 de diciembre hasta el 18 de febrero, los funcionarios revisaron documentación y tomaron declaraciones. Algunos de los informes resultantes de esta inspección ya están sobre el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, a la espera de su firma. Y prometen ser demoledores.
BAJO EL FUEGO DE LA CONTRALORÍA
La CGR está realizando varias auditorías a la Municipalidad de San Ramón a raíz de diversas denuncias efectuadas de forma personal o a través del portal “Contraloría y Ciudadano”. Todas ellas fueron presentadas después de que se hicieron públicas las graves acusaciones contra Aguilera (vea aquí algunas de esas denuncias).Una de las inspecciones de la CGR arrojó un dato inquietante: en el Centro de Salud La Bandera (la población donde opera el “Chino” Pinto) no se registró ni el ingreso ni la salida del fármaco Fenobarbital, un barbitúrico de efecto sedante e hipnótico. La pérdida de control sobre este medicamento impide determinar a quién se entregó y en qué cantidad. El hecho adquiere una connotación más grave, ya que la misma CGR estableció que 28 personas fueron contratadas en los programas de salud de San Ramón sin presentar sus certificados de antecedentes ni declaraciones juradas de probidad.
Roberto Martínez
Consultada la Contraloría por el curso de estas investigaciones, su Departamento de Comunicaciones solo confirmó a CIPER: “Efectivamente, están en curso diversas fiscalizaciones referidas al Municipio de San Ramón”, sin agregar más detalles.
Empleados de la municipalidad, quienes pidieron la reserva de sus nombres, dijeron a CIPER que la CGR levantó documentación que demuestra la contratación de operadores políticos y de sus familiares, así como de personas con antecedentes penales (como el caso del mismo “Chino” Pinto) que han apoyado las campañas de Aguilera. Muchos de ellos cobraban sus sueldos u honorarios sin prestar servicios reales.
Los mismos funcionarios señalaron que entre la información que se entregó a la CGR, figuran seis licitaciones municipales adjudicadas a una empresa del concejal socialista José Miguel Zapata, por un total de $283,5 millones. Al menos en dos de ellas se efectuaron pagos correspondientes al 70% de los contratos (lo que suma alrededor de $74 millones), aunque los servicios o productos nunca se entregaron.
Zapata es parte del círculo político más estrecho de Aguilera. Como funcionario del Gobierno Regional Metropolitano estaba encargado de colaborar en la elaboración, ejecución y control del presupuesto de inversión regional. Configurando un círculo perfecto, con esos mismos fondos se pagaron los servicios que su empresa –la consultora AEIS– se adjudicó en las licitaciones de la Municipalidad de San Ramón que ahora están bajo el microscopio de la Contraloría y del Ministerio Público.
Jorge “chino” Pinto
“Esa demanda es un volador. La presentaron cuando Aguilera ya no controlaba la situación, después que la Contraloría se había llevado todos los documentos en febrero. Lo hizo porque sabía que todo esto iba a aparecer”, señaló a CIPER un funcionario de la misma municipalidad que conoce el detalle de los archivos que revisó la CGR.
Otro contrato que está en la mira de los investigadores es el que concesionó un amplio paño de 15 mil metros2 aledaño a la sede municipal y que enfrenta la Autopista Vespucio Sur. El terreno es un bien nacional de uso público que administra la municipalidad, la que lo entregó en concesión a una sociedad integrada por Marcela Rosales Belmar, miembro del Comité Central del Partido Socialista e integrante del círculo político del alcalde Aguilera.
El negocio que instaló Marcela Rosales en el predio es la bullente automotora Parque Automotriz Vespucio San Ramón, que subarrienda 80 espacios para la compra y venta de vehículos usados. Lo que está bajo investigación es si el pago por la concesión (200 UTM mensuales, cerca de $9 millones) es muy bajo en relación a los ingresos generados por el negocio, y si ello se origina en los nexos que unen a sus dueños con el alcalde Aguilera.
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El
Ministerio Público, a través de la Fiscalía Metropolitana Sur, lleva
dos investigaciones originadas por las denuncias sobre vínculos entre el
municipio comandado por Aguilera y narcotraficantes. La primera es por
ilícitos relacionados con la Ley de Drogas y está cargo del fiscal
Leonardo Zamora. La segunda es por delitos funcionarios y está en manos
del fiscal Víctor Núñez.
Consultado por CIPER, el vocero de la Fiscalía Sur, Marco Pastén,
informó que en la investigación que dirige el fiscal Zamora hay tres
personas en prisión preventiva: Jorge “Chino” Pinto y su yerno, Miguel Ángel Sánchez,
ambos detenidos por enviar un cargamento de 20 kilos de pasta base a
Concepción. La operación fue descubierta en septiembre del año pasado,
cuando Pinto ya figuraba como empleado del municipio –con un sueldo de
$500 mil– a pesar de que tenía antecedentes por narcotráfico.
El tercer detenido es Roberto Martínez, quien
trabajaba en el área de seguridad de la Municipalidad de San Ramón, era
guardaespaldas del alcalde Aguilera y había oficiado como administrador
de la última campaña electoral del edil. Martínez cayó cuando conducía
un auto con patente falsa y llevaba un centenar de municiones que desde
la cárcel le fueron encargadas por el “Chino” Pinto (vea ese reportaje de CIPER).
Respecto de la indagatoria por delitos funcionarios, el vocero de la
Fiscalía señaló que se trata de una investigación desformalizada, en la
que aún no se formulan cargos y que está en pleno desarrollo. Se han
tomado múltiples declaraciones y encargado diversas diligencias. Entre
estas últimas se cuenta la revisión de los computadores y documentos
incautados por la PDI en la municipalidad el 2 de octubre pasado, un día
después de la emisión de Informe Especial. El análisis de los materiales requisados aún está en proceso.
La Fiscalía, además, se encuentra a la espera del o los informes que
evacúe la Contraloría sobre incumplimientos administrativos en la
Municipalidad de San Ramón que puedan dar pie a la persecución de
delitos penales.
Marco Pastén informó a CIPER que los posibles ilícitos a los que
hasta ahora está apuntando la investigación del fiscal Núñez son los
cuatro mencionados al inicio de esta nota: fraude al Fisco, malversación
de caudales públicos, negociación incompatible y nombramientos
ilegales.
LA CASA EN LA REINA
El 10 de mayo de 2016 el alcalde Miguel Ángel Aguilera compró con su esposa Giovanna Barrera Pino,
en sociedad conyugal, una casa en el Condominio Álvaro Casanova, en La
Reina. Pagó 13.155 UF (cerca de $350 millones), de acuerdo a lo que
indican los registros del Conservador de Bienes Raíces. Es la compra más
cara que ha hecho. También tiene una casa en La Florida y un terreno en
Nogales, según apuntó en sus declaraciones de patrimonio.
Las mismas declaraciones indican que Aguilera no tiene otra actividad
profesional o económica al margen de la alcaldía y que tampoco cuenta
con otros valores. Es decir, vive con lo que gana en San Ramón: poco más
de $4 millones líquido, de acuerdo con la web de transparencia
municipal, que solo está actualizada hasta diciembre de 2017.
Su esposa, Giovanna Barrera, fue contratada por la Municipalidad de
Independencia durante nueve meses, entre octubre de 2015 y junio de
2016. Según los informes de desempeño que exhibe la Dirección de
Desarrollo Comunitario de Independencia, ella trabajó a honorarios
primero en temas relacionados con organizaciones de mujeres y luego con
mujeres deportistas, percibiendo $1,1 millón mensual (vea esos informes).
En la última declaración de patrimonio de Aguilera, fechada en este
mes de junio, su esposa figura percibiendo ingresos pagados por la
Municipalidad de Lo Espejo desde noviembre del año pasado. Sin embargo,
en la web de Transparencia de esa comuna, CIPER no encontró referencias
al trabajo que allí realiza Giovanna Barrera.
Aunque parte de la adquisición de la casa en La Reina fue financiada
con un crédito hipotecario, el alcalde podría verse obligado a
justificar el origen de los recursos con los que financió el pie de la
operación: por sobre el 25% de los $350 millones que costó el inmueble.
Si la Fiscalía llegara a establecer que efectivamente hubo fraude al
Fisco en San Ramón, con participación del edil, es altamente probable
que se indague un posible lavado de activos, para establecer si hay una
conexión entre esas operaciones ilícitas y la adquisición del inmueble
en La Reina.
El desarrollo de estas tres investigaciones que hoy acechan a Miguel
Ángel Aguilera, pone en jaque la operación que el alcalde de San Ramón
preparaba desde hace meses para recomponer su fuerza política y su poder
en el Partido Socialista. Consciente de que su máquina electoral es
imbatible, y de que si se presenta como independiente sale electo de
todos modos, Aguilera confiaba en que su partido le abriría las puertas.
Pero las fichas que jueguen la Contraloría y el Ministerio Público
pueden obstaculizar sus planes.
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