JORGE SEGOVIA REAPARECE EN CHILE CON NUEVA POLÉMICA
El
proyecto inmobiliario que el controlador de Unión Española, Jorge
Segovia, se aprestaba a desarrollar en el Estadio Santa Laura, recibió
una estocada de la Municipalidad de Independencia, la que decidió
invalidar el permiso de edificación. En paralelo la autoridad comunal
pidió que el mítico estadio de la Plaza Chacabuco sea declarado
Monumento Histórico. La reaparición pública de Segovia sigue teñida de
polémica, tal como fue su partida del país en 2012, cuando secundaba a
Sergio Jadue en la ANFP y la Fiscalía estaba a punto de encarcelarlo por
la acreditación fraudulenta de su Universidad SEK.
Por Equipo CIPER
Como una “vergüenza”. Así definió el controlador de Unión Española, el empresario hispano Jorge Segovia,
la derrota de su club por 3-0 ante el Sport Huancayo de Perú, resultado
que lo eliminó de la Copa Sudamericana. Un calificativo particularmente
duro en boca de un dirigente que protagonizó el episodio que terminó
con Marcelo Bielsa renunciando a la selección nacional, que fue mano
derecha del defenestrado Sergio Jadue y que abandonó el
país cuando la Fiscalía le pisaba los talones para ponerlo en prisión
preventiva por las graves irregularidades detectadas en la acreditación
de la Universidad SEK, de la que también es propietario.
“La camiseta del equipo puede mancharse de sudor, de barro, incluso de sangre, pero no se puede manchar de vergüenza”. Ese fue el mensaje que Segovia escribió en Twitter,
citando a Santiago Bernabeu, el jueves 8 de marzo pasado tras el
traspié internacional de Unión Española. Sin vergüenza ni autocrítica
por haber dejado el club, su universidad y el país en 2012, para
permanecer ausente durante cinco años, Segovia había hecho su
reaparición pública en Chile recién cinco días antes de su moralizante tweet.
Lo hizo el sábado 3 de marzo durante el partido entre Unión Española y
U. de Concepción, cuando bajó a la cancha para homenajear al presidente
saliente del club, Francisco Ceresuela, uno de sus incondicionales.
Segovia vuelve envuelto en el mismo halo controversial con el que se
fue. Lo recibe la polémica por el millonario negocio inmobiliario que
pretende concretar en los terrenos del legendario Estadio Santa Laura,
en el corazón del barrio Plaza Chacabuco (Independencia). Allí, sobre
la cancha de entrenamiento que se extiende a un costado del estadio,
espera construir dos torres (de 23 y 15 pisos) con 368 departamentos, un local comercial y 237 estacionamientos. Un proyecto que promete jugosos dividendos, por su vecindad con la estación de Metro de la futura Línea 3.
La iniciativa desató las protestas de los vecinos (principalmente por
el abarrotamiento de los servicios públicos y por el impacto vial que
se sumará al que ya provocan los partidos en Santa Laura) y ha sido
blanco de las críticas del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.
Solicitudes para declarar la zona como Barrio Típico y a Santa Laura
como Monumento Histórico, han intentado poner en pausa el proyecto para
abrir un espacio de negociación.
Pero la estocada que realmente promete derrumbar el negocio, se comenzó a escribir este miércoles 22 de marzo: la Municipalidad de Independencia inició el proceso para declarar inválido el Permiso de Edificación.
NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIA
El director de Obras de Independencia, Juan Miquel Mac Donald, citó a Santiago Perdiguero, representante de Unión Española Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP),
a una audiencia para el jueves 23 a las 15:00. La convocatoria se hizo a
través de una notificación que fue recibida al mediodía del miércoles
22. En ella se citó a Perdiguero “a fin de escuchar sus alegaciones y
recibir la documentación que estime pertinente para resolver acerca de
la invalidación del Permiso de Edificación N° 14 de fecha 23/05/2016” (vea una copia de la notificación).
A raíz de los reclamos de los vecinos y de la controversia pública,
la Dirección de Obras (DOM) y la Asesoría Jurídica de la Municipalidad
de Independencia revisaron todo el proceso que siguió el permiso de
edificación. El análisis concluyó que el permiso tiene una falla de
origen, debido a que fue acompañado de un documento que contiene un
error insalvable: el Certificado de Informaciones Previas. Este requisito esencial para otorgar un permiso, lo extiende la DOM y debe ser visado por un revisor independiente.
El certificado indica las normas que se deben aplicar a la
construcción que se está autorizando, de las que emanan todas las
restricciones a las que queda sujeto el proyecto (como alturas máximas,
prohibiciones o procesos de expropiación que afecten al bien raíz).
Según
explicaron profesionales que conocen el proceso de revisión que se hizo
en la municipalidad, en el caso del proyecto de Unión Española SADP el
certificado indicó que las normas aplicables eran el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS) y el Plan Regulador Comunal. Sin
embargo, a la fecha en que se aprobó el proyecto ambos textos eran
incongruentes, pues indicaban criterios distintos para la misma zona.
Por eso, solo debió incluirse el PRMS, que tiene preeminencia sobre las
normas comunales cuando se presentan discordancias. Este punto es el que
llevó a la DOM a iniciar el proceso para invalidar el permiso.
CIPER consultó a Unión Española SADP su versión. La respuesta fue entregada por la oficina de prensa de la sociedad anónima:
“Efectivamente, recibimos una notificación para reunirnos con el
director de Obras Municipales mañana a las 15:00. Si el permiso fuere
invalidado, recurriríamos a la justicia o a quien corresponda para
recuperar la autorización que conseguimos hace dos años, ocasión en que
presentamos todo lo que se nos pidió. Nos parece muy extraño que dos
años después de otorgado, nos digan que es inválido”.
Un experto en normas de ordenamiento urbanístico dijo a CIPER que es
poco probable que Unión Española SADP pueda revertir la decisión
municipal este jueves 23: “En estas audiencias se revisan solo papeles
que ya están en la carpeta que lleva la DOM con los antecedentes del
mismo permiso cuestionado. Cuando se inicia una invalidación, la
municipalidad sabe que va a tener un duro proceso judicial con una
inmobiliaria que tiene en juego sumas millonarias. Por eso, la revisión
que hacen los funcionarios es exhaustiva y cuando se notifica es porque
ya hay una decisión irrevocable de invalidar”.
MÚLTIPLES CUESTIONAMIENTOS
La historia del proyecto inmobiliario que hoy enfrenta a Unión Española SADP con la municipalidad, comenzó a escribirse en 2008. El 1 de agosto de ese año, la propietaria del estadio –Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A. – firmó una escritura en la que cedió el usufructo de Santa Laura al Colegio Internacional SEK y/o a Unión Española SADP,
ambos propiedad de Segovia. En el mismo documento, se acordó una opción
de compra: a contar del décimo año de constituido el usufructo, los que
se cumplen en agosto próximo, Unión Española SADP o el Colegio SEK –o
bien la entidad que este último designe– puede adquirir el estadio en 175 mil UF ($4.719 millones al valor actual).
En enero de 2013, debido a la notable expansión de las construcciones
en altura, la Municipalidad de Independencia congeló los permisos de
edificación para el barrio de la Plaza Chacabuco. A través de sucesivas
renovaciones automáticas la medida duró un año, plazo límite para este
tipo de restricciones. Mientras tanto, el municipio tramitó su nuevo
Plan Regulador Comunal (PRC), que restringió las edificaciones en altura
a un promedio de 10 pisos.
La idea inicial era que el PRC entrara en vigencia justo cuando
venciera el congelamiento de los permisos de edificación. Pero entre
ambas fechas hubo un desfase de aproximadamente un mes, lo que generó
una “ventana” de tiempo en la que diversas inmobiliarias presentaron
alrededor de 40 proyectos para edificar torres. La municipalidad,
apelando a problemas formales en las solicitudes, consiguió bloquear 13
de esos proyectos. Entre los 27 que quedaron vigentes estaba el de Unión
Española SADP.
En marzo de 2014 y con Segovia ya radicado en España por sus
problemas con la justicia en Chile, la sociedad Unión Española presentó
un anteproyecto a la Municipalidad de Independencia: una ciudad
deportiva que colindaría con la cancha de fútbol principal, y que
incluía una torre de 23 pisos con 296 departamentos, además de dos
oficinas, 48 locales comerciales, 744 estacionamientos, un supermercado,
un “apart hotel” de 70 habitaciones y una universidad.
La solicitud tenía un problema: era presentada por Unión Española
SADP y no por el real dueño del predio, Inmobiliaria y Promotora Unión
Española, como exige la ley. De todas formas, el requerimiento siguió su
curso.
Días después de presentado el anteproyecto, la Municipalidad de
Independencia modificó el Plan Regulador Comunal (PRC). Desde el 14 de
marzo de 2014, las zonas recreacionales deportivas solo pueden tener ese
fin, lo que no permite la construcción de edificios habitacionales en
ellas. La norma no alcanzó a regir sobre los planes de las empresas de
Segovia. El 27 de octubre de 2014, el municipio aprobó el anteproyecto, que consideraba un presupuesto de más de $16 mil millones (vea ese documento).
En esa época las autoridades municipales recibieron la visita de representantes de la afamada oficina de arquitectura española Alonso y Balaguer,
responsable de obras de infraestructura deportiva de alto nivel (más de
40 centros deportivos en diversas ciudades españolas y de Sudamérica,
incluyendo instalaciones para el Barcelona). En su presentación, dijeron
que la construcción aledaña al Santa Laura sería un complejo que
potenciaría el deporte, con un hotel para concentrar a Unión Española y
acoger a los jugadores juveniles, canchas de entrenamiento, piscina
temperada e instalaciones para que la Universidad SEK desarrollara
disciplinas relacionadas con la actividad física.
Cerca de un año y medio después de aprobado el anteproyecto, en mayo
de 2016, la municipalidad extendió el Permiso de Edificación. En el
lapso que medió entre la autorización del anteproyecto y la emisión del
permiso, la iniciativa sufrió cambios. Poco quedaba de las instalaciones
de apoyo al deporte y claramente había derivado en un negocio
inmobiliario: dos torres con 368 departamentos y 237 estacionamientos.
De allí las primeras protestas de los vecinos (vea el permiso de edificación aprobado).
Poco después, en junio de 2016, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), y la diputada Karol Cariola
(PC), en conjunto con la Corporación de Cultura y Patrimonio de la
comuna y diversas agrupaciones vecinales, presentaron una solicitud ante
el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para declarar zona típica al
barrio Plaza Chacabuco (entre las calles General Saavedra, Julio
Martínez Pradanos, Independencia, Lafayette y Guanaco), justo donde está
el Santa Laura.
La
reacción demoró alrededor de un año y medio. En enero de 2018, el
gerente general de Unión Española SADP, Santiago Perdiguero, envió una
carta al CMN. En ella explicó la preocupación que le despertaba al club
una “eventual declaración de Monumento Histórico”, porque “afectaría los tiempos de desarrollo para cualquier proyecto en curso”. Además, señaló que el permiso de edificación es anterior a la solicitud de declaración de zona típica, por lo que “debe considerar el derecho adquirido que esta parte mantiene en el predio…” (vea ese documento).
Justo después de que la Tesorería Regional Metropolitana notificara a
Unión Española SADP por una deuda tributaria del club que significó el
embargo de los dineros que recibe del Canal del Fútbol (CDF), la
hinchada del equipo y un grupo de vecinos, representados por la
Fundación Defendamos la Ciudad, hicieron noticia al acusar al club de estar haciendo un negocio inmobiliario en terrenos del Santa Laura.
En un comunicado del 6 de marzo, Unión Española SADP se defendió diciendo que el Santa Laura no está en riesgo: “Existe un proyecto de desarrollo en un sector del recinto anexo al estadio… se
trata de un conjunto de edificios comerciales y de viviendas que no va a
afectar al estadio. Todo lo contrario, los ingresos que hipotéticamente
pudieran obtenerse irán a realizar reformas y modernizar el estadio”.
No conforme con eso, Jorge Segovia reafirmó la declaración en su cuenta de Twitter: “El
Santa Laura-Universidad SEK es un estadio de fútbol, y va a seguir
siéndolo. Quienes periódicamente inventan rumores realmente acaban
aburriéndonos”.
Ese mismo día, la Municipalidad de Independencia emitió su propia aclaración, diciendo que “el
compromiso del municipio está por la preservación del Estadio Santa
Laura, al que consideramos un patrimonio de la comuna, por lo que
anteponemos su defensa frente a cualquier interés particular que busque
afectarlo” (vea ese comunicado).
El 11 de marzo el alcalde Durán se reunió con vecinos de la comuna
para evaluar qué hacer respecto del permiso concedido a Unión Española. Y
les informó que presentaría a la Contraloría un oficio pidiendo que
aclare si Unión Española SADP podía pedir el Permiso de Edificación a
pesar de que no es el dueño titular del terreno (cuya propiedad sigue en
manos de la Inmobiliaria y Promotora Unión Española). El oficio fue
ingresado a la Contraloría el 16 de marzo pasado (vea ese documento).
El alcalde se comprometió con los vecinos a acelerar el proceso para
declarar el barrio como Zona Típica y pedir al CMN que le dé la
categoría de monumento histórico al Estadio Santa Laura. Estas dos
gestiones no pueden paralizar la construcción de las torres –a
diferencia del proceso de invalidación que se inició–, pero sí evitarían
eventuales nuevos proyectos inmobiliarios en el terreno que hoy ocupa
el estadio.
El 13 de marzo el alcalde Gonzalo Durán envió un oficio a Perdiguero
en el que pide que Unión Española SADP haga cambios en su proyecto, a
objeto de moderar su impacto en el barrio: disminuir la altura de las
torres, aumentar los estacionamientos, mejorar la conexión entre el
estadio y la futura estación de Metro e incluir más áreas verdes.
Perdiguero no respondió.
Tres días después, la acción del municipio fue más agresiva: el
alcalde cumplió con el compromiso de pedir al CMN que declare monumento
histórico el estadio (vea la solicitud enviada al consejo).
El último paso del municipio rompió por completo los puentes: fue la notificación para invalidar el permiso que ahora se conoce.
EL HISTORIAL DE SEGOVIA
El 26 de mayo de 2013 el controlador de la Universidad SEK y de la
Unión Española, debió resignarse a seguir desde Madrid el desarrollo del
crucial partido en el que su club se coronó campeón. Jorge Segovia
debió abandonar Chile subrepticiamente y sin dilación. La emergencia no
fue provocada por un problema familiar o por una cita clave de su
extensa red de negocios repartida en cuatro países. Escapar de la
justicia fue lo que llevó a Segovia a España en esos precisos días en
que debió estar en el centro de los festejos por la séptima estrella de
Unión Española.
Con su súbita partida evitó que el fiscal Carlos Gajardo
lo mandara a prisión por haber comprado en 2011 la acreditación de la
universidad bajo su control, al entonces presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz.
Gajardo investigaba en ese momento los ilícitos cometidos en las
acreditaciones que entregó la CNA a universidades e institutos
profesionales, y ya había enviado a la cárcel a los controladores de las
universidades del Mar y Pedro de Valdivia, además de Díaz.
La investigación de CIPER reveló en 2011 y 2012 la trama de la
compra y venta de esas acreditaciones y solo faltaba que compareciera
ante los fiscales -como imputado- el controlador del tercer
establecimiento educacional que dejó huellas de su ilícito: Jorge
Segovia. La Universidad SEK había obtenido, en una operación digitada
por Luis Eugenio Díaz, dos años de acreditación (hasta 2014) luego de
que la CNA se la rechazara en primera instancia por insolvencia en su
patrimonio.
Lejos de Chile, en esos días de mayo de 2013, Segovia debe haber
repasado su exitoso recorrido en el fútbol chileno. Habían transcurrido
cinco años desde que se colgara su primer galardón ante los financistas
de la Unión Española y sus hinchas: en 2008 había logrado rescatar en el
límite su Estadio Santa Laura, pagando $1.700 millones
por una hipoteca que el club firmó con el Banco Santander (entidad que
ya les había rematado su sede de calle Carmen). Segovia se convirtió en
el “salvador” del club y dio el paso decisivo para alcanzar su meta: ser
su nuevo y único controlador.
Pero para ello faltaba en esos días de 2008 que Segovia hiciera otros pagos. Entre ellos, los $800 millones
que fueron a la caja de la Corporación Social y Deportiva Unión
Española, antigua titular de los de derechos del club y en quiebra. Fue
solo entonces que Jorge Segovia pudo anunciar la noticia: la Universidad
SEK había pagado $2.500 millones para hacerse de la
propiedad de la Unión Española SADP (marca, pases de sus jugadores y
usufructo del Estadio Santa Laura por 30 años, con opción de compra). El
anuncio lo hizo como presidente del directorio de la SEK, el 6 de mayo
de 2008.
Dinero no le faltaba a esa entidad educacional. Y quien mejor lo
sabía era la cabeza del ente controlador de la universidad y de un
imperio instalado en cuatro países: el Colegio Internacional SEK Chile S.A., dueño del 98,5% de la universidad (creada en 1989).
Tres años más tarde la investigación del Ministerio Público a las
arcas de la Universidad SEK por las acreditaciones fraudulentas, tendría
bajo su lupa un documento que explicaría de dónde sacó Segovia parte de
los dineros para tomar el control de la Unión Española: un préstamo por
$1.688 millones que le otorgó el Banco Santander a la
sociedad controladora de la Universidad SEK. La junta directiva de la
universidad, encabezada por Segovia, aprobó poner parte de su patrimonio
como garantía de las deudas, a pesar de que superaban por más de tres
veces sus activos.
Dos años más tarde, Jorge Segovia mostraría el ancho de su ambición
al convertirse en el protagonista principal de uno de los escándalos que
marcaría la historia más negra del fútbol chileno. La repartición del
botín del Canal del Fútbol (CDF) desató una guerra en la que Segovia movió los hilos desde la trastienda y que culminaron con una nueva directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En noviembre de 2010 Jorge Segovia se convirtió en su nuevo presidente.
Hasta hoy no se sabe cuánto se les pagó a los tres clubes que
cambiaron su voto a última hora para apoyar la candidatura de Jorge
Segovia (sustentada por los tres clubes dominantes: Colo Colo,
Universidad de Chile y Universidad Católica), y así derrotar a Harold
Mayne-Nicholls. Su salida de la testera de la ANFP tenía otro efecto por
todos conocidos: la renuncia de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección chilena.
Solo unos pocos días pudo saborear su triunfo. A fines de noviembre, Segovia fue inhabilitado por los contratos “confidenciales” firmados entre la Unión Española y la Universidad y el Colegio SEK,
transacción entre empresas relacionadas que por entonces estaba
prohibida para los dirigentes del fútbol. Todos esos contratos habían
sido firmados entre 2008 y 2009 y alcanzaron al menos a $575,5 millones (vea reportaje de CIPER Los millones que se fugaron de la Universidad SEK hacia las arcas de la Unión Española).
Segovia movió nuevamente los hilos de los millones que circulan en la ANFP y un desconocido Sergio Jadue,
quien representaba a Unión La Calera, uno de los clubes que cambió su
voto en la elección de la directiva de la ANFP, asumió la presidencia.
Segovia siguió controlando el tablero y el nuevo plan de la repartición
de los millones del CDF, como segundo a bordo. La historia que sigue es
conocida. La del fútbol aún vive sus estertores. La del juicio por los
ilícitos en las acreditaciones de la SEK tuvo un periodo álgido. Porque
fueron los mismos contratos “confidenciales” o secretos entre la
Universidad SEK y la Unión Española los que fueron a parar más tarde al
escritorio de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
LOS MILLONES ENTRE “RELACIONADOS”
Apenas Carlos Gajardo tuvo bajo la lupa las acreditaciones otorgadas
por la CNA a la Universidad SEK, reparó en la insolvencia de su
patrimonio que hizo que sus consejeros se la rechazarán a fines de 2011
en primera instancia. La sorpresiva acreditación por dos años, obtenida
después de la apelación de la SEK, no se explicaba. Los hoyos
financieros subsistían. Tirar la hebra hasta llegar a los contratos
“confidenciales” contraídos entre la universidad y la Unión Española fue
cosa de días.
Y para alguien conocedor del fútbol, como el fiscal Gajardo, fue
evidente que el despliegue de millones desembolsados por Segovia para
hacerse del control de la Unión Española en 2008 y luego del fútbol
profesional (ANFP) en 2010, requirió de una enorme gimnasia financiera
del único controlador de la universidad y del club.
Fue así que en 2011, obtener la acreditación de la CNA, certificado
indispensable para conseguir para su universidad los millones del
Crédito con Aval del Estado (CAE), se convirtió para Segovia en un plan
estratégico y vital para superar su endeudamiento. Su plan contemplaba
aumentar de cuatro mil a doce mil estudiantes en los próximos cinco
años. Y el único incentivo para ello era que los alumnos de la
Universidad SEK pudieran acceder al CAE. La CNA era entonces la llave
para acceder a los millones que le traerían los estudiantes con CAE.
Todo ello se vino abajo con la revelación de la venta de acreditaciones por parte del presidente de la CNA.
En diciembre de 2012, después de muchas dilaciones, Jorge Segovia
compareció finalmente ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo
Norambuena. Lo hizo como imputado de los delitos de cohecho, sobornos y
lavado de dinero, pero desde Madrid y vía Skype. A miles de
kilómetros, sabiendo que sus abogados (encabezados por Luis Arévalo) ya
trabajaban con la prescripción y la escasa condena para esos delitos
millonarios y con la inexistencia de sanción legal para el lucro en las
universidades, Segovia debió asumir que su relación con el jefe de la
CNA no era solo de vecindad en los estadios, como lo afirmó al
principio.
Dos almuerzos, cuatro llamadas y una reunión con Luis Eugenio Díaz en
los días previos a que la CNA le otorgara la acreditación a la
Universidad SEK, fueron los hechos relevantes que Segovia confesó en esa
cita por Skype. Del contrato que la Universidad SEK le hizo a
la “sobrinita” de Díaz, ni una palabra. Nada sabía de los montos que
aparecieron en la cuenta de Díaz. Debía haber sido obra de otros…
Un punto en común tienen las huellas de Segovia por el fútbol y la
educación superior: la impunidad para sus protagonistas (salvo Jadue que
aún se pasea libre por las calles de Miami).
Este reportaje contó con la colaboración de la estudiante en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile).
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