Ley de inclusión: dos versiones sobre el futuro de los colegio

Libertad y Desarrollo publicó un estudio que pone en duda la efectividad de la reforma. Sin embargo, desde educación 2020, desestimaron este informe.

La Ley de Inclusión sigue dando que hablar. Y es que a un año de su implementación formal en el país, hay temores sobre qué pasará con los colegios subvencionados que decidan no ser fundaciones sin fines de lucro, y por consiguiente pasarían a ser particulares o definitivamente cerrar.

De acuerdo informó el Mineduc a principios de julio, 3.020 establecimientos particulares subvencionados son, se han convertido o han iniciado los trámites para convertirse en sin fines de lucro. Con esto, un 51% los establecimientos particulares subvencionados del país (5.950) serían sin fines de lucro.

Asimismo, se informó que un 2% de los establecimientos particulares subvencionados manifestaron su voluntad de renunciar a la subvención estatal para convertirse en colegios particulares pagados. Esto corresponde a 77 colegios y 41 jardines infantiles.

Hace pocos días, el think tank Libertad y Desarrollo publicó un estudio titulado “Primeros efectos de la ley de Inclusión: total incertidumbre”, en donde aseguraban que cerca de un millón de estudiantes no saben aún si podrán seguir estudiando en sus establecimientos, mirada que es puesta en duda por la fundación Educación 2020, con un número mucho menor de colegios que podrían convertirse a particular pagado conforme a la ley.

“A pesar que el gobierno se muestra optimista frente a las primeras cifras asociadas a la implementación de la “Ley de Inclusión”, lo cierto es que éstas no son precisamente tranquilizadoras (…) De mantenerse la situación actual al 31 de diciembre, un 53% de la matrícula del sector particular subvencionado estaría asistiendo a establecimientos con fines de lucro y que por lo tanto no cumplen con las condiciones para recibir recursos públicos“, dice el estudio de LyD.

Agrega que “en total, más de 71.000 alumnos se han visto afectados, ya sea por la vía de tener que pagar una mensualidad mayor o por tener que cambiarse de establecimiento”, explicando que si bien este 31 de diciembre se vence el plazo para que los sostenedores determinen si van a estar constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro -como lo dicta la normativa para seguir recibiendo del Estad- sólo un 15% de los 4.975 establecimientos particulares subvencionados que tenían fines de lucro el 2015 han llevado a cabo la transformación”.

Si bien esta información se basa en datos concretos expuestos por el mismo Mineduc, en E2020 quitan validez al estudio por tratarse de “conjeturas”. En esa línea, Ariel Ramos, Investigador de Política Educativa de la fundación, indicó a El Dínamo que “es una mirada parcial que contribuye a una campaña del terror que algunos sectores han hecho. Lo que pudimos revisar es que este informe se cuelga de situaciones que existen hoy, haciendo conclusiones que se alejan un poco de la realidad”.

“Es como aventurarse sobre ciertas conjeturas que no son del todo correctas. lo que sabemos que las escuelas que no van a seguir, que son cerca de 113, tienen un impacto mucho menor a la de un millón de estudiantes“, agregó, explicando que ya terminó el período (el pasado 30 de junio) para que los colegios informen su decisión de no continuar.

“Hay un cierto sector que no le gusta la ley de inclusión pensando que se atenta con la iniciativa privada, cosa que es bien discutible. Lo cierto, es que esta ley entrega elementos más justos para los estudiantes que quieran entrar al sistema, sacando todos los criterios económicos que pesaban para poder escoger un establecimiento. Acaba con el lucro con la educación, lo que también a cierto sector no le gusta”.