La próxima semana, el Congreso retomará su
trabajo y, con ello, la discusión de dos proyectos esenciales para el
gobierno: la desmunicipalización y reforma a la educación superior. El
escenario es complejo, ya que al interior de la Nueva Mayoría hay
distintas opiniones sobre cómo se deben abordar ambos textos. Con todo,
la ministra de Educación, Adriana Delpiano, confía en que ambas reformas
saldrán antes de que termine el gobierno. En entrevista con La Tercera,
explica cómo enfrentarán el año y cuál será la ruta que seguirá el
Ejecutivo.
¿Cómo evalúa los cambios que se han hecho en educación?
Este año ya ha tenido una cierta cosecha de lo sembrado anteriormente
en la reforma. La gratuidad es, sin lugar a dudas, importante, pero
también lo es la ley que permitió transformar a los IP y CFT en
instituciones sin fines de lucro, para que así entraran al beneficio.
Por otro lado, quedamos satisfechos con el resultado del nuevo proceso
de admisión escolar en Magallanes (la implementación de un sistema de
postulación que termina con la selección de alumnos gracias a un
software que asigna los colegios de forma aleatoria). Es un hecho nuevo,
donde más del 60% de las familias quedaron en su primera o segunda
opción.
La próxima semana se retoma el trabajo legislativo. Hay dos
proyectos importantes, uno de los cuales es la desmunicipalización, que
ha tenido una discusión compleja…
Ese es uno de los proyectos más esenciales de la reforma. Todos lo
son, pero este es un tema que el país ha intentado abordar en tres
oportunidades, por lo tanto, es importante sacarlo. Cada día se nos
confirma que el municipio tiene muchas tareas que abordar, y la
educación no ha sido una prioridad central de la administración
municipal, porque esta tiene otras tareas que realizar. En ese sentido,
este proyecto tiene una prioridad importante. Por otro lado, vamos a
incorporar un proyecto de ley pequeño, pero necesario, por la ley de
Subvención Escolar Preferencial (SEP). Hubo un 10% de colegios que no
rindieron o rindieron parcialmente la subvención y, de acuerdo a la ley
actual, si tú rindes menos del 70%, no se puede firmar de nuevo el
convenio. Es un tema prioritario que tiene relación con la calidad de la
educación.
¿Qué se busca con esta ley?
Es para que los municipios tengan más plazo para rendir los gastos y
poder entregarles recursos por el monto de lo que realmente ejecutaron,
porque hay municipalidades que no tienen la capacidad de gastar los
fondos SEP. Creemos que esto resolverá el problema que se ha generado en
muchos sostenedores.
La reforma a la educación superior está estancada. ¿Esperaba que estuviera tanto tiempo detenida?
Son reformas estructurales que no son fáciles. No es un cambio parcial,
es la creación de instituciones, de estructuras, de financiamiento, y el
mundo de la educación superior es muy heterogéneo. Tenemos que separar
lo técnico con lo universitario, pero la ley tiene que tocar ambos
aspectos. Ya tenemos una cierta propuesta que le haremos a la
Presidenta. Cada día que pasa queda menos tiempo para el final del
gobierno. Nos interesa sacar un proyecto que sea factible y tenemos uno
que es muy grande, muy reglamentado.
¿Se va a dividir el proyecto?
Más que dividir, se está disminuyendo. Si se divide o no, es una
decisión que tomará la Presidenta Michelle Bachelet, pero en principio
se está circunscribiendo a núcleos fundamentales, que tienen que quedar
listos en este gobierno.
¿Qué es lo que se va a acotar?
Teníamos un proyecto muy detallado en términos de funciones, tareas y
creo que vamos a hacer una poda de muchos aspectos que son muy
reglamentarios. Por ejemplo, todo lo que es la acreditación, lo que
corresponde a la categoría A, B o C que teníamos en el proyecto de ley,
eso puede sean los propios integrantes del Consejo para la Calidad (que
reemplazaría a la Comisión Nacional de Acreditación) los que hagan un
planteamiento de ese tema.
¿Los niveles de acreditación no van a quedar estipulados entonces?
Que todas las instituciones tienen que estar acreditadas, eso sí va a
quedar en la ley, pero los niveles es uno de los puntos que estamos
barajando, porque creemos que no es sustancial tenerlo en la ley, pues
es perfeccionable posteriormente.
¿Cuándo se va a tomar la decisión de si se divide o se acota?
La Presidenta ha sido partidaria de que la reforma a la educación
superior sea un solo proyecto y hay que volver a discutir si eso es
mejor o peor.
¿Hay apoyo de los parlamentarios de la NM para que no se divida?
Hay de todo, pero para nosotros aquí hay un mandato y hemos recogido las opiniones. Será la Presidenta la que defina.
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto?
El proyecto tiene una parte de institucionalidad, que se refiere a
qué instituciones se generan para el trabajo entre el Ministerio de
Educación y el mundo de la educación terciaria. Ahí hay un tema central,
que son los entes, ya sea una división de educación superior, una
subsecretaría, o una agencia de calidad, que tienen que tener mejoras en
su composición. También está la Superintendencia de Educación, que para
nosotros es clave, ya que ahora el Mineduc, si bien tiene atribuciones,
no tiene instrumentos reales ni recursos humanos para poder hacerse
cargo de del sistema terciario. La superintendencia es un elemento clave
que tendría que quedar afirmado, a nuestro juicio, sí o sí
¿Qué otro aspecto es primordial?
Hay un compromiso del Estado de tratar a sus universidades con apoyo y
exigencia. De hecho, a fines del año pasado, en la ley de presupuesto
apareció el tema del fortalecimiento de los planteles estatales como una
necesidad y por eso se le escribió al Banco Mundial para contar con un
crédito externo que asegure la continuidad de esa tarea. El
fortalecimiento de la educación estatal es un compromiso y lo vamos a
incorporar, puede que haya un capítulo sobre eso. Lo otro determinante
es que no puede existir en el país ninguna institución que no esté
acreditada. Tenemos CFT, IP y universidades que no tienen acreditación y
eso tiene que terminar.
¿Qué cree que está entrampando la discusión?
El crecimiento de la gratuidad. El tema del financiamiento es
importante. El éxito de la gratuidad hasta el quinto decil y que ahora
llegue a CFT e IP, ha hecho que mucha gente que estaba en contra de esta
política la mire con mayor simpatía. Pero dicen que está bien solo
hasta cierto nivel. Bueno, la idea es dejar en la ley establecido cuáles
son los criterios con los que el país irá avanzando en materia de
gratuidad.
¿La gratuidad seguirá por glosa?
El monto que se entrega es por glosa, pero la fórmula cómo se va
subiendo en los deciles, eso estará en la ley. Ahí se dirá cuáles son
los gatillos para que se aumente de un decil a otro. La Presidenta tomó
un compromiso en materia de gratuidad y el objetivo es cumplirlo.
¿No cree que un capítulo especial para los planteles
estatales causará conflicto con parlamentarios y al interior del Consejo
de Rectores (Cruch)?
Hay acuerdo en torno a que tenemos que hacer un tratamiento
específico para los planteles estatales, eso lo dice todo el mundo,
hasta la derecha, que el Estado está obligado a fortalecer sus
instituciones. En el caso del Cruch, claramente queremos reconocer lo
que han hecho para el país, y los aportes hacia ellos, al igual que
hasta ahora, serán en la ley de presupuesto. Los planteles privados del
Cruch, estoy convencida, tienen una historia en el país, en sus
regiones, pero no son estatales, están constituidos como entes privados,
son corporaciones. Ahí tenemos un problema serio y habrá que
conversarlo con la derecha, porque cada vez que se toca este tema
amenazan con el TC.
¿Cuando se presentaría este capítulo especial?
A finales de marzo estaremos en condiciones de presentar las
indicaciones. Es posible que el 28 de marzo tengamos una reunión con el
Consorcio de Universidades Estatales en la que afinemos los detalles.
Hay una crítica por la falta de recursos para alcanzar la gratuidad universal ahora, muchos mencionan la Reforma Tributaria…
Que se gastó entera. Puedo dar mil explicaciones en qué se usó la
plata. Primero, en la construcción de salas cuna; la Carrera Docente,
que en pleno régimen son $ 2.700 millones y toda la reforma tributaria
fue del orden de los $ 5 mil millones. La reforma educacional no es solo
la gratuidad, hay que pensar que con eso se está cubriendo el fin del
copago en los colegios particulares subvencionados. Si vas sumando cada
uno de estos aspectos, tienes no solo la reforma tributaria completa, es
eso y mucha más plata que ha debido poner el Estado para sacar adelante
la reforma. No se puede mirar solo el sector universitario para ver qué
pasa ahí y por qué es poco. Llegar al quinto decil es una cantidad de
recursos enorme. Vamos a tener este año del orden de 220 mil 230 mil
estudiantes absolutamente gratuitos. Súmale las becas Milenium 2 y
Milenium 3, que son muy altas.
¿No alcanzó la reforma tributaria para financiar toda la reforma educacional?
Definitivamente no. Se gastó todo y la proyección en el tiempo es
mayor. Cuando se hicieron los cálculos de la reforma, estábamos con un
cobre de más de 3,40 dólares la libra, después bajó a 2, ahora estamos
viéndolo un poco mejor y más cercano al 3. Eso es una diferencia de
recursos enorme para el Estado. Es 1,5 más veces de recursos que te
entran por el lado del cobre. Yo les diría a los estudiantes que miren
la reforma en su conjunto con todas las aristas que esto implica, porque
la reforma a la educación está siendo financiada.
