No descartan llegar hasta instancias judiciales internacionales
por Macarena Segovia 20 diciembre 2016
Cerca de mil
estudiantes endeudados con el Crédito con Aval del Estado (CAE) han
tomado la iniciativa de impulsar una arremetida judicial en contra de
los bancos que administran esta política para el financiamiento de la
educación superior.
Hasta el momento el CAE tiene a cerca de 740 mil estudiantes endeudados, en más de $3,44 billones –sin contar intereses, ni costos operacionales–. En los últimos años ha sido denunciada una serie de irregularidades en los contratos firmados por los estudiantes,
desde cuotas pactadas unilateralmente por la banca privada, hasta el
cobro excesivo de multas por retraso en los pagos, las que tienen a
miles de estudiantes en Dicom, con casas de sus familias embargadas y
con una mochila de deuda que deben cargar por al menos 20 años.
Es frente a este panorama que la organización Deuda Educativa –que
reúne a estudiantes endeudados y estafados por el Crédito Corfo, CAE y
ex alumnos de la carrera de criminalística de la UTEM– realizó un
llamado masivo a hacerse parte de la primera demanda colectiva en contra
de los bancos que se han adjudicado la cartera de endeudados con este
crédito: Scotiabank, Falabella, Santander, CorpBanca-Itaú, BCI y Banco
Estado.
El objetivo de la demanda colectiva,
que se presenta a través de la Ley de Protección al Consumidor, es
“demostrar que durante diez años el Estado de Chile ha estado
financiando a seis bancos que a través de un negociado se han
enriquecido por medio de un contrato que es ilegal porque contiene
cláusulas abusivas”, explica Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda
Educativa.
La base de las seis demandas civiles –de las cuales han sido
presentadas cuatro– es comprobar que el contrato que ha firmado casi un
millón de estudiantes con CAE, contiene cláusulas calificadas como
“abusivas”, las que deben ser declaradas como “no escritas”, por lo
tanto, “se caen los pagarés". "Lo que estamos buscando es que no se
pague el Crédito con Aval del Estado al banco, al ser declarado el
crédito como ilegal”, agrega Rojas.
Por otra parte, según Rojas, la demanda tiene como objetivo la
condonación de la deuda completa, “no solo de los intereses. Así como se
condonan deudas millonarias a privados, como es el caso de Johnson's,
se debe dar el mismo trato en este caso”.
Es bajo este argumento que el 1 de diciembre el 8° Juzgado Civil de Santiago decidió admitir la demanda presentada
por los endeudados CAE en contra del Banco Estado, lo que significa que
es una demanda que “tiene elementos plausibles”, explica el abogado
Belisario Prats, quien lleva la causa. Las iniciativas en contra de
Scotiabank, BCI, Itaú-CorpBanca, aún están a la espera de ser admitidas
en curso, mientras que durante esta semana se ingresarán las últimas
demandas en contra de Banco Falabella y Santander.
Cláusulas abusivas
El Crédito con Aval del Estado fue implementado en el año 2006 bajo
el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando Sergio Bitar era ministro de
Educación. La política pública buscaba ampliar el acceso de los
estudiantes más vulnerables a la Educación Superior por medio de un
crédito especial. El argumento de utilizar a la Banca como intermediario
fue la escasez de recursos por parte del Estado para financiar créditos
blandos que ayudaran a aumentar la matrícula en la educación superior.
De esta forma, los privados entraron de lleno a ser los financistas de
más 700 mil estudiantes, quienes eran respaldados por el Estado, un
seguro llamativo, en un negocio que ha significado el pago de 79,78
millones de UF desde el fisco a los bancos, correspondientes a la compra
de carteras de créditos CAE y al sobreprecio cobrado por estas
instituciones, según indicó el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, realizado por los investigadores de Fundación Sol, Marco Kremerman y Alexander Páez.
En el año 2011, en medio de las fuertes presiones que ejercía un
álgido movimiento estudiantil, el entonces Presidente Sebastián Piñera
implementó una serie de ajustes a la Ley 20.027, los que consistían en
reducir de un 6% a un 2% la tasa de interés del crédito, además de
establecer que la cuota a 20 años no podía exceder el 10% de la renta
de los estudiantes, cambios que intentaban apaciguar las intensas
críticas en contra del crédito.
Pero hubo un cambio que no se realizó aquel año. Una serie de
disposiciones en el contrato del CAE que establece el pacto unilateral
por parte del banco del número de cuotas y el monto del crédito, una letra chica que, además, contiene vacíos
que permiten “cobros excesivos” cuando los estudiantes se retrasan más
allá del día 5 de cada mes en pagar la cuota, y el alza al 6% original
de interés, para los estudiantes que adquirieron el CAE antes del año
2011.
Son estas disposiciones las que han sido identificadas como
“abusivas” por el abogado Belisario Prats, quien señala que las
disposiciones deben ser anuladas de los contratos “por infracción a la
Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y por infracción a
la Ley del Sernac Financiero”.
De acuerdo al abogado, la demanda se sustenta en la búsqueda de la
deuda justa. Actualmente, “los bancos le prestan al estudiante $10
millones a 20 años y terminan pagando $20 millones y, si el estudiante
no puede pagar, lo demandan por $30 millones”, señala Prats. Según el
abogado que lleva la causa, la intención es “anular ciertas cláusulas
abusivas, o llegar a un acuerdo con el banco en orden a definir una
deuda justa. Porque la deuda educativa es distinta a la de un Crédito
Hipotecario, si yo compro una casa a lo mejor estoy dispuesto a pagar
tres veces por el valor de una casa, pero una deuda por educación no es
lo mismo”.
Desde Deuda Educativa no descartan “acciones a nivel internacional, si no obtenemos respuestas a nivel político”. “Mi lógica es llegar con esto hasta las instancias finales, aun si el los juzgados civiles rechazan la nulidad de esas cláusulas tengo la intención de defender a cada uno de los deudores de la demanda colectiva”, asegura el abogado Prats.
Otra razón es que “la ley del CAE se denominó como una ayuda
estudiantil con sentido social, pero no es así. Al final a los
estudiantes que contrataron el CAE se les puso un salvavidas de plomo,
porque quedaron sobreendeudados y no se analiza para nada si esto le
impide acceder, por ejemplo, a otros créditos, no pueden acceder a
viviendas, quedan fuera de la línea del financiamiento bancario. Lo que
parecía una ayuda social, no lo es para nada, parece un castigo”, agrega
Prats.
La demanda presentada en contra del Banco Estado, que fue admitida en
el tribunal, contiene el detalle de las cláusulas definidas por la
banca, y que son identificadas como abusivas por los demandantes. La
cláusula décima del contrato CAE establece que “corresponderá siempre al
deudor probar los abonos y pagos que hubiese efectuado a los créditos”.
Esto, según la demanda, “deja al estudiante en una total indefensión y
víctima de posibles y grandes injusticias”. “El banco no asume ninguna
obligación de prueba. Si yo no tengo esos comprobantes de abono, pierdo
la posibilidad de probarlos, lo que es abusivo”, agrega Prats.
En la cláusula décimo quinta se establece que “los pagarés deberán
ser entregados a la institución financiera con todas sus menciones
completas salvo las menciones relativas al monto adeudado y la fecha de
vencimiento, los cuales serán llenados por el legítimo tenedor del
pagaré en caso de que (...) estimen necesario proceder a la cobranza
ejecutiva de los créditos y/o pagarés”. La demanda indica que “esto se
traduce en el derecho para llenar el pagaré por el monto respectivo que
la entidad financiera desee, incluyendo no solo los intereses, sino que
además definiendo capital, agregando comisiones, gastos de cobranza
ilimitados, y cualquier otro concepto adicional”.
Además, en la disposición dieciseisava se señala que existirá un
“mandato e instrucciones para el llenado de pagarés” y un mandato
“especial irrevocable”, lo que, como reza en la demanda, “genera un
grave desequilibrio en perjuicio del consumidor”. Según el abogado
Prats, “estas facultades han generado la emisión de títulos ejecutivos
‘injustos’”.
A juicio del abogado, la legislación chilena otorgó la posibilidad a
las entidades financieras de “corregir estas cláusulas abusivas, lo que
nunca se cumplió, generándose la infracción y, como consecuencia, la
sanción decretada por la Ley 20.555, consistente en que las cláusulas
abusivas deben tenerse por no escritas o, tal como lo señala la Ley
19.496, deben declararse nulas”, y esto, en opinión del jurista, refleja
que “el Banco Estado ha incurrido en falta o abuso”. Además, “el 99% de
los estudiantes no tuvo posibilidades reales para leer y comprender
dichos contratos”, detalla la demanda.
El abogado Belisario Prats aclara que el hecho de que “se anule el
pagaré no significa que se acabe la deuda”, sino que esto da espacio
para cambios en el contrato, negociar una “deuda justa” y que el Estado
se haga cargo de la diferencia con el monto de deuda que actualmente
tienen los estudiantes.
Los demandantes
Hasta el momento, la organización lleva cerca de mil demandantes
adscritos al proceso de las cuatro iniciativas ya presentadas en contra
de los bancos. Uno de ellos es Sebastián Labra (28), quien es titulado
de Técnico Jurídico del CFT Santo Tomás y hoy se encuentra en proceso de
sacar la carrera de Derecho en la Universidad Santo Tomás.
Su carrera ha tenido un costo total de $14.445.000, los que financió
con el Crédito con Aval del Estado por medio del banco Scotiabank. “Era
la única forma que había en su minuto para financiar los estudios, de
otra manera no hubiera podido, ya que mi familia es de clase media”,
recalca Sebastián. Para el joven y su familia lo importante era tener
“la opción de aspirar a una vida mejor, ya que nadie en mi familia había
accedido a la educación superior”, aunque reconoce que “lo pensaría dos
veces” antes de tomarlo de nuevo, “ya que finalmente son varios años en
los cuales se mermará uno para pagar la deuda”.
Sebastián cree que el CAE es una política injusta: “Dejas amarrada a
toda una generación de estudiantes que aspira a acceder a estudiar,
razón por la cual muchos están pagando un crédito usurero”. Es por este
motivo que se hizo parte de la demanda colectiva: “Tome la decisión
pensando en mi situación a futuro, en la cual estaré endeudado toda una
vida”.
Otro de los demandantes es Javier Ruiz, médico veterinario de la
Universidad Austral de Valdivia. Javier financió sus cinco años de
estudio con un CAE del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). “Empecé a
pagar mi crédito en octubre del 2012, siempre al día, y hasta ese
momento no sabía cómo habían aprovechado el deseo de estudiar y la falta
de dinero para lo mismo”, dice Ruiz.
El joven explica que ha reclamado por dos “grandes interrogantes,
varias veces al banco y a Ingresa, sin recibir respuesta clara y
satisfactorias”. Desde julio de 2014 la entidad agregó una comisión
extra de 0,28 UF, “según las bases de licitación el monto final de
comisión es de 0,09 UF. Actualmente me están cobrando dos comisiones por
administración, a pesar de que el contrato solo menciona una”, detalla
Javier. Agrega que “el contrato dice que serán cuotas fijas mensuales,
lo cual tampoco no se respetó, porque agregaron esta comisión excesiva
sin aviso previo”.
Según Javier, la respuesta fue que, cada año que estudió, “se tomó un
crédito aparte –a pesar de que solo te piden tu firma en un papel que
decía 'renovante'– y, por eso, cada año fue una comisión distinta y se
sumaron todas para hacer el cobro final”.
Su otra duda surge cuando, revisando los papeles para un crédito
hipotecario que pidió la ejecutiva de su banco, esta le dijo que no
entendía por qué según Ingresa solicitó un crédito mayor al que
supuestamente pidió inicialmente. Según sus cálculos, los cinco años de
CAE le dan un total de 504,2827 UF, “porque pasé todos mis ramos". "Pero
al revisar el certificado de crédito del banco BCI, tengo un crédito de
estudio de 640,3506 UF, más otro crédito de comisión de 16,4477 UF”, un
total de 136,0679 UF extra. “No sé cómo aumentó tanto, los montos no
calzan, empecé a pagar cuando correspondía y nunca me he atrasado”,
afirma.
“Realmente siento que estudiar no valió la pena. Me hubiera gustado
saber más cuando firme ese crédito, y no sentirme acorralado. Pero qué
joven de 18 años sabe de créditos, intereses, UF. La sociedad te dice
que tienes que seguir estudiando y ser un profesional, pero a qué costo,
carreras caras, sobrecopadas, sin empleabilidad”, sentencia Javier.
¿Demanda entre privados?
Una de las principales críticas al Crédito con Aval del Estado es el
hecho de que incorpora a la banca privada a una política pública que
tenía un objetivo social. Esto, a juicio de distintos parlamentarios,
como la diputada Cristina Girardi (PPD), dirigentes estudiantiles y
organizaciones de deudores, terminaría con el principio de la educación
como un derecho y la establecería como “un bien de consumo”.
Es por esta razón que ha causado extrañeza que se levante una demanda
civil por las deudas CAE, dejando la problemática como un conflicto
entre privados. Juan Pablo Rojas explica que “lamentablemente hoy en día
la Comisión Ingresa continúa ofreciendo el CAE como un beneficio
social, avalado por el Ministerio de Educación, siendo que es un crédito
de consumo, que lo que único que hace es obligarte a contraer una deuda
por 20 años, que es muy equiparable a un crédito hipotecario”.
El dirigente añade que como Deuda Educativa defienden el principio de
la educación como un derecho social, pero precisa que “hoy en día el
Sernac es el encargado de defender a los deudores, porque
lamentablemente se concibe como un bien de consumo a la Educación
Superior y no como un derecho social, como lo prometió la Nueva Mayoría.
Nunca nadie se ha atrevido a demandar a los bancos, pero tenemos la
certeza de que vamos a ganar la demanda”.
Agrega que “aquí hay una deuda política y nosotros no nos olvidamos
de esto, pero vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado
de Derecho para conseguir soluciones concretas y efectivas para los
deudores educacionales, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene
el Estado de Chile y el mundo político por implementar estas políticas
públicas”.
Rojas detalla que, si se ejercía una demanda directa contra el
Estado, se podría repetir la historia de las demandas por los casos de
criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. “Allí la
respuesta que nos daban del Mineduc es que había que dejar que la
justicia actuara, porque estaba judicializado el proceso y,
lamentablemente, tuvimos que llegar a la Corte Internacional de Derechos
Humanos a buscar soluciones. Por eso la estrategia es no atacar al
Estado, sino demandar a los bancos en el país”.
Desde Deuda Educativa no descartan “acciones a nivel internacional,
si no obtenemos respuestas a nivel político”. “Mi lógica es llegar con
esto hasta las instancias finales, aun si el los juzgados civiles
rechazan la nulidad de esas cláusulas tengo la intención de defender a
cada uno de los deudores de la demanda colectiva”, asegura el abogado
Prats.
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