por Diego Arraño y Carlos Noveroy 26 agosto 2016
Haciendo un
poco de memoria, en el contexto de las masivas movilizaciones
estudiantiles del año 2011, los estudiantes secundarios de aquel
entonces se propusieron no rendir más la llamada prueba Simce. En ese
entonces se realizaron funas y movilizaciones. Como consecuencia a estas
acciones, varios estudiantes fueron sancionados por no dar la prueba y
quedarse fuera del aula al momento de rendirla.
Ese mismo año, la Aces publicó su propuesta educativa, dentro de la
cual desbarataba el concepto de “calidad” fuertemente arraigado en el
vocabulario tecnocrático del Ministerio de Educación y de autoridades,
como también al interior del movimiento estudiantil, en particular del
universitario.
Desde entonces eso ha ido cambiando: pasamos de hablar de calidad a
excelencia y luego a pertinencia educativa, término que comenzamos a
utilizar con mayor recurrencia cuando instalamos la necesidad de que las
comunidades educativas no solamente fiscalizaran ciertos aspectos del
proceso educativo, sino también determinaran proyecto, malla, recursos y
distribución.
Hoy sigue siendo un grupo selecto de “expertos” el que decide por
sobre las comunidades educativas, operando bajo los mismos criterios
detrás del viejo y desprestigiado concepto de “calidad”.
Para algunos parece indignante la salida de liceos emblemáticos e
históricos de su posición de excelencia académica, los que han sido
medidos por los mismos parámetros criticados anteriormente. Para
nosotros, esto no es más que un reflejo de la crisis de la educación
chilena, donde su principal herramienta, el Simce, hace años es
cuestionada.
La maduración de un sistema de educación mercantil, cuya base es un
modelo mixto, donde el aumento exponencial de liceos particulares y
particulares subvencionados ha ido en desmedro de los municipales o
liceos públicos, no es más que el reflejo de los frutos de una crisis ya
anunciada hace 10 años, cuando se realizaban las primeras tomas
secundarias encabezadas por los pingüinos.
Para algunos parece indignante la salida de liceos emblemáticos e históricos de su posición de excelencia académica, los que han sido medidos por los mismos parámetros criticados anteriormente. Para nosotros, esto no es más que un reflejo de la crisis de la educación chilena, donde su principal herramienta, el Simce, hace años es cuestionada.
Por lo tanto, el relato sobre la pérdida de la excelencia, que ha ido
pujando hasta instalarse en el discurso oficial, no es más que un
elemento sumatorio a la oleada criminalizadora del movimiento
estudiantil. Si a alguien aún le cabe alguna duda, realicemos este breve
repaso cronológico:
Primero. Durante estos últimos meses no solamente
hemos tenido una oleada represiva, con procesos judiciales levantados
contra estudiantes, en su gran mayoría menores de edad, sumados a la
complicidad de los medios de comunicación, especialmente El Mercurio y La Tercera,
con la publicación de reiteradas notas insidiosas atribuyéndole al
movimiento estudiantil un carácter de vándalo y hasta terrorista.
Segundo. Otro elemento es el rol de los municipios, o
actuales candidatos para las municipales, con la misma alcaldesa Tohá
emprendiendo una querella contra menores de edad del Liceo Confederación
Suiza o los reiterados allanamientos realizados a casas de dichos
estudiantes, situación que hasta ahora está invisibilizada.
Tercero. El discurso que se ha ido instalando
mediante diversas plataformas, sea prensa escrita, encuestas de opinión o
discursos de autoridades políticas del oficialismo o de la oposición,
busca acorralar al movimiento estudiantil y deslegitimar las demandas
históricas que han sido transversales a la sociedad y críticas a los
intereses empresariales o mercantiles, para reducirlas a acciones de
grupos minoritarios y, así, desmerecerlas.
Habiendo hecho esta observación, creemos que es importante volver a
delimitar el terreno del debate público sobre educación, donde ni la
tecnificación del discurso ni la criminalización hacia sus participantes
pueden primar.
Para nosotros, el acento debe estar puesto en la denuncia por la
política gubernamental, encabezada por el Mineduc y su vocera, y
refrendada durante el período presidencial anterior. Aquí se ha mutilado
la educación pública traducida en elementos como el fortalecimiento de
los sistemas de medición, la lógica del voucher que además se entrega según rendimiento medido por dichas herramientas.
Lo que esto genera es una lógica de competencia descarnada; el
recorte de la malla curricular (eliminación de Filosofía y otras
materias); el despojo de espacios democráticos de decisión para las
comunidades educativas, lo que relega dicha responsabilidad a los
tecnócratas del ministerio y sus think tanks.
A todo lo anterior, en complicidad con los sostenedores o
fundaciones, se agrega el gran negociado de las ATEs (Asistencia Técnica
Educativa).
Sin hacer mención a que el Ministerio de Educación se ha
caracterizado por ser una cartera de mucho ruido y pocas nueces, donde
las leyes emanadas no representan un ápice de lo levantado por el
movimiento educacional y las medidas que se han tomado, como la
destitución de la rectora Roxana Pey, demuestran la prepotencia con la
que ha gobernado y sigue gobernando esta “Nueva Mayoría”.
Nos preguntamos –frente a todos estos elementos puestos sobre la
mesa– si una ministra que también se da por enterada en la prensa de los
problemas país, ¿no debería cuestionarse su rol y dar un paso al
costado?
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