Proyecto que desmunicipaliza la educación fue despachado hoy desde la Comisión de Hacienda

Publicado el 16 de junio del 2016

La iniciativa legal fue analizada en varias sesiones y se terminó de votar en particular en el día de hoy. En las diversas votaciones, la propuesta legal sufrió varios cambios respecto del texto aprobado previamente por la Comisión de Educación, en materias referidas a los nuevos Servicios Locales y el traspaso de los establecimientos educacionales desde los municipios o corporaciones municipales.

Tras varias jornadas de análisis, debate y votación, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto (boletín 10368), en primer trámite constitucional, que crea el sistema de educación pública, más conocido como de desmunicipalización.

La iniciativa legal, promovida por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue objeto de diversos cambios respecto del texto despachado por la Comisión de Educación, en mayo pasado, con lo cual los términos específicos deberán ser resueltos en la votación en la Sala.

Uno de los aspectos cuestionados y que se deberá tratar, es el traspaso a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública de los establecimientos que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de la corporaciones municipales.

La norma en cuestión (artículo octavo transitorio) -rechazada en el día de ayer- define que "los establecimientos educacionales de administración municipal o de corporaciones municipales, que cuenten con reconocimiento oficial al 31 de diciembre de 2014, ya sea que se encuentren en funcionamiento o en receso, así como aquellos que se creen a partir de dicha fecha hasta el momento del traspaso, se traspasarán al Servicio Local que ejerza sus competencias en las correspondientes comunas". Asimismo, indica que el Servicio Local será el sucesor legal de la municipalidad o la corporación municipal, en su caso, en la calidad de sostenedor del establecimiento educacional traspasado.

Otro punto es si se repone la norma (artículo noveno permanente) que permite la creación de los ya citados Servicios Locales (67 en el país), también rechazada por la Comisión de Hacienda, así como la facultad para que el Presidente de la República, en un plazo de un año, determine la fecha en que iniciarán sus funciones dichas entidades.

Además, el Ejecutivo deberá estudiar si repone, vía indicación, algunas materias que estaban definidas en el texto original del mensaje, pero que fueron modificadas por la Comisión de Educación. En este ámbito se inscribe, por ejemplo, normas que le dan un carácter resolutivo y ya no solo consultivo a los Consejos Locales que se crean en esta ley, para definir los cargos de los directores ejecutivos de los Servicios Locales y los Planes Estratégicos Locales de Educación Pública.

En tanto, dentro de los temas que fueron aprobados por la Comisión de Hacienda y que no fueron parte de la discusión previa en la Comisión de Educación, destacan la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y la inclusión de un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.

Asimismo, se eliminó la posibilidad de creación de nuevas oficinas de los Servicios Locales por mera solicitud de los Consejos Locales de Educación Pública; y se resolvieron temas relativos a la organización y a las atribuciones de los Servicios Locales (por ejemplo la posibilidad de determinar la apertura, fusión o cierre de establecimientos educacionales de su dependencia).

Opiniones

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Manuel Monsalve (PS), valoró la aprobación en la instancia de la prórroga del FAEP después del año 2019, sumando 450 mil millones de pesos al sistema con el objeto de fortalecer la educación pública en Chile.

"Lo segundo es que este proyecto sale de Hacienda con un artículo 45 transitorio que establece un plazo al 31 de enero de 2017 para que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley de estatuto para los asistentes de la educación. Eso no estaba en el proyecto de ley y es una modificación que me parece sustancial porque garantiza que el Ejecutivo va a enviar algo que es demandado por décadas por 61 mil trabajadores", enfatizó.

Resaltó que este es un proyecto de alta complejidad donde es legítimo que hayan opiniones diversas y donde se produzcan tensiones, particularmente porque hay muchos derechos en juego, como el de calidad de la educación, de los docentes, de los asistentes de la educación y de los trabajadores de los departamentos de educación municipal.

El diputado Fuad Chahin (DC) remarcó que todos están de acuerdo con la desmunicipalización y con la necesidad de cambiar los sostenedores, de modo que los municipios se dediquen a sus tareas propias y que la educación esté en una agencia del Estado especializada. Sin embargo, reconoció que hubo diferencias respecto de algunos aspectos puntuales del texto legal.

Indicó que, por ejemplo, no hubo claridad en torno a los nuevos Servicios Locales. "Creemos que no puede significar una centralización o una discriminación arbitraria respecto de algunos territorios, por eso creemos que falta discutir con mayor profundidad, cuántos, dónde y qué cobertura van a tener", precisó.

Dijo que también están por un traspaso saneado y no que los Servicios Locales tengan mochilas o deudas de arrastre, ni menos aún que los funcionarios puedan tener situaciones de deudas pendientes, generando con ello una nueva "deuda histórica". Además, señaló que es fundamental garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores, de forma que quienes están hoy día en el sistema puedan tener prioridad para ocupar las nuevas plazas, con un régimen más estable y consolidado.

Por su parte, el diputado Patricio Melero (UDI) explicó que la posición adoptada por su sector (en general, se abstuvieron o votaron en contra de las normas) se debe a la forma en que está concebida la desmunicipalización. "Es una concentración, nuevamente, en la administración de la educación del país, con conflictos de competencia entre distintos servicios y de una forma tal que creemos que no va a contribuir a lo esencial que es el mejoramiento de la calidad de la enseñanza", acotó.

Especificó que, desde un inicio, plantearon que este proceso debería ser gradual y voluntario y no como se está planteando, que es una obligatoriedad a toda circunstancia. "Muchos alcaldes y municipios querían tener la oportunidad de seguir administrando la educación de sus respectivas comunas en los establecimientos fiscales. Además, han tenido buena evaluación y buena gestión en ello. Entonces, creemos que es una imposición obligatoria que no se va a traducir en un mejoramiento de la calidad", concluyó.