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A partir de la recopilación y análisis de una serie de datos en la asignación del Crédito con Aval del Estado (CAE), durante el período 2006 – 2014 para las instituciones universitarias, se encontró evidencia que el mecanismo genera efecto redistributivo regresivo. Es decir, una parte importante de los recursos asignados por el CAE benefician a las instituciones privadas de educación superior sin que exista una correspondencia de beneficios hacia los estudiantes.
Una década cumple la implementación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Fue en el año 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el sistema de financiamiento comienza su operación investido como un “beneficio del Estado que se otorga a estudiantes que acrediten mérito académico y que necesitan financiamiento para iniciar o continuar una carrera en instituciones de educación superior acreditadas”.
A propósito de dicho aniversario, Pilar Armanet, quien participara en su preparación y tramitación como jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, lo calificó “como uno de los mejores créditos del mundo” (Nota de la Redacción: Pilar Armanet es hoy rectora de la Universidad de Las Américas).
El financiamiento de la educación superior, como medio de transferencia del conocimiento, es la inversión que reporta el mayor retorno (Benjamín Franklin, 1706 – 1790). En este sentido, completar el plan de formación de un estudiante que ingresa al sistema, es un requisito sine qua non para asegurar la transferencia efectiva del conocimiento. Sin embargo, existe una proporción considerable de estudiantes que fracasa en su primer intento de obtener un título en una carrera de nivel superior.
Para estos efectos, el diseño del CAE considera un mecanismo de riesgo compartido en el caso de incumplimiento de pago del crédito. Mientras la persona estudia, la institución de educación superior es la principal garante del cumplimiento de las obligaciones crediticias por deserción académica. El Estado, por su parte, asume como garante de la totalidad de dicho riesgo, una vez que la persona egresa.
La garantía busca, por una parte, disminuir el costo del financiamiento para el estudiante y, por otra, disminuir el riesgo de la deserción académica por factores asociados a conflictos de intereses en las decisiones que toman las instituciones de educación superior.
Uno de dichos conflictos, se origina por la asimetría de información respecto del “mérito académico” del postulante de inicio de una carrera de nivel superior. En efecto, cuando el Estado tiene que financiar a un estudiante de inicio para que curse estudios superiores, no sabe si el estudiante tiene las habilidades y/o la vocación para cumplir con éxito las exigencias del plan de estudios de la carrera de su elección.
Si el estudiante tiene pocas habilidades y/o no tiene la vocación para la carrera elegida, al Estado le convendría no financiarlo. Sin embargo, para la institución con capacidad ociosa, existen incentivos en obtener un contrato beneficioso independiente del nivel de riesgo de deserción académica del postulante. Es más, es posible que aquellos que opten por matricularse en dichas instituciones sean desde el principio aquellos que tengan mayor probabilidad de abandono (Selección Adversa, George Akerlof, 1970).
Los datos disponibles a la fecha, sugieren que el mecanismo de garantía por deserción académica no funciona, transformándose en una generosa fuente de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior privadas por la prestación de servicios incumplidos.
En la actualidad, los ingresos por CAE de las instituciones de educación universitaria privadas superan los 2,5 millones de UF ($65 mil millones). Solo en el primer año, tres de cada diez personas de dichas universidades privadas abandona su carrera, lo que implica comprometer garantías por más de 750 mil UF ($19.500 millones).
Sin embargo, como muchos de los estudiantes que desertan se matriculan en otra institución, las cifras efectivas por deserción académica no superan el 2%, lo que en monto representa la ejecución efectiva de garantías por cifras inferiores al 4%: es decir, alrededor de 100 mil UF ($2.600 millones). El margen de ganancias para la institución es de 650 mil UF (17 mil millones), lo que genera altos incentivos por recibir postulantes sin el “mérito académico” suficiente.
Este fenómeno podría explicar, en parte, el vertiginoso crecimiento de la matrícula en el sistema privado y el consiguiente aumento de la utilización del sistema de crédito con garantías CAE.
Con estas cifras es entendible el calificativo de “el mejor crédito del mundo” que acuñó una de sus creadoras y que ahora desempeña un alto cargo en el sistema privado de educación superior.