A semanas del inicio del año escolar, 300 niños del colegio San Nicolás aún no saben si podrán estudiar, dado que el recinto podría no abrir sus puertas.
Aldo Lingua, Benjamín Turner y Flor Guzmán
Padres, profesores y alumnos se manifestaron ayer en las afueras del Colegio San Nicolás.
Un abrupto fin de sus vacaciones sufrieron las once profesoras del
Colegio San Nicolás de la comuna de Independencia, dado que la semana
pasada fueron recibiendo, una a una, su carta de despido. Al mismo
tiempo, entre los apoderados empezó a circular la noticia,
extraoficialmente, de que el colegio estaría cerrado, dejando a sus 300
alumnos en completa incertidumbre sobre su futuro. A pesar de que el
Ministerio de Educación no ha recibido ninguna solicitud de cierre,
trámite que debían cumplir los recintos hasta el 30 de octubre del año
pasado, los padres se encuentran preocupados.
Los problemas para las docentes empezaron a finales del año pasado,
cuando presentaron una demanda contra el sostenedor del establecimiento
por el no pago de sus remuneraciones así como también los bonos
asociados al desempeño de los profesores. Esta fue ingresada en
diciembre al 2° Juzgado del Trabajo de Santiago. “Nos enteramos de que
iba a cerrar por los despidos injustificados. De pronto nos encontramos
de que todas las docentes estábamos despedidas. Eso fue el 4 de
febrero”, dice Grecia Veloso, docente del colegio.
El año pasado, los padres de los alumnos fueron informados por la
directora a través de una carta, que el colegio formaría parte de los
beneficiados por la gratuidad, y que para acceder a ella debían estar al
día con el pago de las mensualidades. “Nos dijo que la matrícula iba a
ser gratis. Hasta pusieron un cartel que decía eso y ahora lo sacaron”,
indica Patricia Chamorro, quien matriculó a su nieta el año pasado. Sin
embargo, en los registros del Mineduc, este recinto no figura entre los
que voluntariamente se sumaron este año a ser gratuitos en el marco de
la Ley de Inclusión.
Los apoderados acusan de que nadie les avisó del eventual cierre y
que se fueron enterando por mensajes que les llegaban desde los
profesores. “Por un canal informal nos comunicaron que iban a cerrar el
colegio porque la sostenedora no tiene los medios para mantenerlo
abierto. Ella tampoco ha informado al Ministerio de Educación o de
manera formal a los padres para poder tomar cartas en el asunto”, dijo
Enzo Gutiérrez, padre una de las alumnas de cuarto básico.
La falta de una versión oficial por parte de los sostenedores genera
ansiedad en los apoderados, dado que el inicio de las clases está cada
vez más cerca. “Yo me siento engañada y muy frustrada. No sé dónde voy a
matricular a mi hijo. No tenemos certeza de lo que va a pasar”, dice
Marlén Salazar. Caso similar vive José Antonio Aburto, quien tuvo que
volver de sus vacaciones en el sur para ver nuevos colegios para su
hijo. “Los niños no tienen matrícula ni año asegurado. Y ahora tengo que
buscar un colegio, en la mitad de febrero, cuando está todo cerrado y
ya los cupos están llenos”, explica.
Desde el Mineduc explicaron que los sostenedores deberían haber dado
aviso de cierre, pero que no existe ninguna notificación en este caso.
“Hasta el momento no tenemos ninguna comunicación formal del cierre del
establecimiento. No lo han solicitado y, por lo tanto, si es que fuese
efectivo este cierre estarían en una flagrante violación de la normativa
escolar”, dice Felipe Melo, Seremi de Educación Metropolitano. En caso
de acreditarse un infracción, arriesgan una multa de hasta $ 40
millones.
Desde la Superintendencia de Educación informaron que se encuentran
investigando las denuncias y que le pidieron un informe a la sostenedora
para que entregue los antecedentes. Junto con eso, se decretó una
fiscalización con el fin de recopilar información.
Uno de los punto que sí se aclararon ayer, fue el juicio laboral por
los sueldo impagos a las profesoras. En la audiencia en el Segundo
Juzgado Laboral de Santiago, las educadoras fueron representadas por
Alejandra Miranda, abogada del Colegio de Profesores. El magistrado
falló a favor de las docentes y decretó que se pagaran los montos
adeudados en tres cuotas, junto con decretar la prohibición de celebrar
actos y contratos sobre un inmueble propiedad de uno de los miembros de
la sociedad Sucesión Juan Jiménez y Compañía Limitada, la que es la
sostenedora del colegio.
Miranda dijo que tras esta resolución “vamos a iniciar un nuevo
juicio por despido injustificado y queremos pedir el embargo del
inmueble, ya que si el sostenedor dice que está cerrando por quiebra,
nosotros tenemos justo temor de que por eso no se pague a los
profesores”.
Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, calificó la
situación de anómala. “Nosotros vamos a mandar una carta al ministerio
pidiendo que se fiscalice la situación. Esto ocurre cuando la educación
es un bien y no un derecho social”, señala el dirigente.
La Tercera se contactó con uno de los miembros de la
sociedad Sucesión Juan Jiménez Compañía Limitada, quien declinó a dar
una versión oficial del tema.
