Ministra de Educación abrió la puerta a una salida para que dueños recuperen su inversión. En total, 25 instituciones manifestaron su voluntad de cambiar su personalidad jurídica.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, valoró la aprobación de la ley corta. / Foto: Agencia Uno
Mientras los institutos profesionales y centros de formación
técnica, agrupados en Vertebral, comenzaban este miércoles su jornada
anual de planificación y analizaban las complicaciones del proyecto que
permitirá su transformación en instituciones sin fines de lucro, la
ministra de Educación, Adriana Delpiano, los instaba a cumplir el “compromiso” de pasar a ser corporaciones y fundaciones una vez aprobada esta ley.
El problema es que los 25 CFT e IP acreditados que manifestaron su
voluntad de cambiar su constitución legal a sin lucro y lograr así que
sus estudiantes reciban las beca Nuevo Milenio 2 ($ 850 mil) y 3 ($ 900
mil), como primer paso a la gratuidad, entienden que no se trata de una
obligación, porque primero deben saber cómo saldrá la ley que se discute
en el Congreso para este mismo proceso.
Entre sus aprehensiones está el hecho de que no exista una fórmula
establecida que permita a los dueños de las instituciones con lucro
recuperar su inversión y proponen un mecanismo similar al que se definió
para los colegios en el marco de la Ley de Inclusión.
Otra de las críticas es la obligación de que el representante legal
firme una declaración jurada en que confirme que el CFT o IP mantiene
las condiciones que justificaron el otorgamiento del reconocimiento
oficial, la autonomía y la acreditación.
La ministra dijo el miércoles que estas instituciones deben cumplir
con lo manifestado en las cartas que enviaron al Mineduc para poder
recibir las nuevas becas técnicas y transformarse en entidades sin
lucro: “Es un compromiso totalmente, así lo entiendo yo”.
A juicio de algunos parlamentarios este tema debería legislarse en
paralelo o después de que se discuta la reforma a la educación superior.
La senadora Ena von Baer comentó que “no podemos legislar nuevamente
apurados y que después haya que arreglar la ley. Creo que primero hay
que establecer la razón para que se transformen en instituciones sin
fines de lucro, porque tenemos que saber si es para entrar a la
gratuidad o para recibir las nuevas becas Nuevo Milenio”.
Respecto a una eventual fórmula para que los sostenedores puedan
recuperar la inversión que hicieron, Delpiano dijo que lo primero que se
debe establecer es que el traspaso “es voluntario” y que “otra cosa
distinta es que hayan algunos CFT e IP que quisieran pasar y tengan
problemas y, en ese sentido, quieran conversar ese tema. Eso no ha
estado en la tabla, no ha sido un tema y cuando lo sea, podamos
conversar”.
La fórmula que plantearon los actuales sostenedores es que exista un mecanismo mediante el cual, por ejemplo, cuando
un CFT pase a ser fin fines de lucro, la nueva fundación o corporación
pueda comprar los bienes al actual sostenedor mediante créditos avalados
por el Estado. El senador, Ignacio Walker (DC) explicó que “en
la Ley de Inclusión se implementó un mecanismo de autocompra, porque
era una obligación transformarse en sin fines de lucro. En este caso no
es una obligación. Además, tenemos tres años para el ingreso de los CFT
a IP a la gratuidad, por lo que tenemos tiempo para analizar este
asunto”.
Mientras el senador del PS, Juan Pablo Letelier, afirmó que “ellos piden que el Estado les compre con platas públicas su infraestructura, eso es algo poco viable”.
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