El síndrome de “oídos sordos” que afecta a La Moneda
por Marcela Jiménez 28 diciembre 2015
"Hemos cumplido
con las palabras que les dimos a las familias y a los estudiantes. No
ha sido fácil, sin embargo ha prevalecido la sensatez", dijo la
Presidenta Michelle Bachelet, la mañana del 24 de diciembre, para
destacar la aprobación exprés que tuvo el proyecto de gratuidad con que
La Moneda sorteó bajo presión el traspié que vivió ante el Tribunal
Constitucional (TC) con la impugnación la glosa del Presupuesto que
buscaba garantizar el mismo beneficio a los estudiantes de la educación
superior.
Sin embargo, más allá de las felicitaciones, los aplausos y del hecho
DE que en el oficialismo respiraron aliviados al no ver caer el
compromiso central del conglomerado, este capítulo dejó un gusto amargo
en la Nueva Mayoría y el Gobierno en general, ante la sordera política
que prevaleció en Palacio durante meses.
Desde que en noviembre se prendieron las primeras alarmas sobre el
peligro real de vivir un traspié ante el TC, en el Gobierno hubo muchas
críticas privadas por la errática decisión de querer aplicar la gratuidad a través de una glosa presupuestaria y no vía proyecto de ley.
Altas fuentes en Palacio reconocen que no había unanimidad en La Moneda
al respecto, que “era un tema opinable” y que “era discutible el camino
que se tomó”, más aún cuando “era evitable lo del Tribunal
Constitucional, se podía prever qué sucedería”.
Más aún, en el Gobierno y en la propia Nueva Mayoría asumen en
reserva que todas las miradas apuntan a la Presidenta Bachelet, que este
fue un problema que se pudo evitar, que se le advirtió en varias
ocasiones a la Mandataria pero que ella insistió en una fórmula, la
glosa, que fracasó y que obligó a actuar sobre la marcha y contrarreloj
para sortear el fallo del TC y aprobar en tiempo récord el proyecto de
ley de gratuidad antes de Navidad y del proceso de postulación a la
educación superior.
Diversas fuentes de La Moneda agregan que Bachelet “no escuchó los
consejos de nadie ni de la coalición ni de su propio comité político,
hubo mucha obstinación de su parte”. Entre autoridades, asesores
gubernamentales y parlamentarios hablan de porfía y tozudez de la
Mandataria, tanto en sus métodos como en sus objetivos, que explican por
su rechazo a ser dirigida por los partidos políticos, que le pongan
“cortapisas” y una falta de confianza en el comité político, que redunda –añadieron– en que no escucha las recomendaciones de sus ministros.
“Es una forma de gobernar como si aún liderara las encuestas de
aprobación positiva y eso hace mucho que ya no es así”, planteó un alto
asesor de Palacio.
Diversos actores políticos del oficialismo vinculados al debate de la
reforma educacional y la gratuidad, coincidieron en que la raíz del
problema en este nuevo paso en falso que vivió La Moneda estuvo en el
discurso del 21 de mayo, la última cuenta pública que dio Bachelet ante
el Congreso. Ahí dijo con todas sus letras que “a partir del 2016
aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de
Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y
sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a
la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará
a casi 264 mil jóvenes (…) muchas veces las becas no financian el
arancel completo y nuestros estudiantes más vulnerables y de clase media
terminan sobreendeudándose para cubrir la diferencia".
Si bien fue uno de los puntos más aplaudidos del mensaje ese día, el
problema estuvo en que fue un anuncio que la Mandataria “no consultó con
nadie”, que sorprendió a todo el oficialismo y cambio las reglas del
juego, el cronograma de cómo se iba a llevar adelante la promesa de
campaña de una educación gratuita y de calidad para todos.
Claramente fue una salida de libreto presidencial y desde el seno del
Gobierno explicaron que la motivación de fondo estuvo en que la
Mandataria quiso dar una señal pública y política, en momentos en que
caía en picada en las encuestas y a poco de cambiar a todo su gabinete
político. “Fue una mala forma de salir del paso y de la presión de los
discursos moderados”, afirmaron en el Ejecutivo.
Diversas fuentes de La Moneda agregan que Bachelet “no escuchó los consejos de nadie ni de la coalición ni de su propio comité político, hubo mucha obstinación de su parte”. Entre autoridades, asesores gubernamentales y parlamentarios hablan de porfía y tozudez de la Mandataria, tanto en sus métodos como en sus objetivos, que explican por su rechazo a ser dirigida por los partidos políticos, que le pongan “cortapisas” y una falta de confianza en el comité político, que redunda –añadieron– en que no escucha las recomendaciones de sus ministros.
Efectivamente las principales críticas públicas han salido desde la
DC. Su timonel y senador, Jorge Pizarro, dijo la semana pasada en el
canal Vía X que todo “se complicó porque la Presidenta en el 21
de mayo adelantó la aplicación de gratuidad. En vez del año 2017 como
estaba planteado en su programa, adelantó al menos para el 50% al año
2016 (…) en la práctica nos encontramos con este problema (…). Nosotros
lo hemos dicho en todos los tonos: creemos que se tenía que ver en
conjunto con la Ley de Educación Superior”.
Mismo tono que el jueves 24 de diciembre, en CNN, tuvo el
senador DC Ignacio Walker, que reconoció que desde mayo hubo “un camino
muy accidentado (…) nunca debimos llegar al TC si hubiéramos hecho bien
la pega” y agregó que el principal problema fue que hubo “mucha
improvisación en esta política pública que estuvo mal concebida desde el
día uno (…) fueron siete meses de mucho ruido e incertidumbre”.
Pero no fueron los únicos. El Gobierno encargó al Banco Mundial un
estudio sobre las fórmulas para aplicar la gratuidad, informe que fue
entregado en junio y donde –según consignó La Tercera el sábado
26 de diciembre– ya se advirtió de los riesgos que corría La Moneda al
distinguir entre universidades, CFT e IP. “La misma fórmula básica debe
aplicarse a los distintos tipos de instituciones. Crear diferentes
fórmulas (...) complica la operacionalización del sistema y puede
conducir a inequidades, innecesarias estratificaciones o percepción de
discriminalidad en la distribución de recursos”, rezaba el informe.
Si desde la DC cuestionan que “por razones ideológicas” no se quiso
recurrir a las becas el 2016, para tener tiempo de incorporar la
gratuidad en el proyecto de educación superior y aplicarla desde el 2017
como estaba originalmente pensado, en el resto del oficialismo hay
preocupación por la sordera política de La Moneda que la lleva a cometer
autogoles.
Más aún si el resultado final es una victoria a medias con gusto
amargo, porque tras toda la teleserie política que significó el fallo
del TC y el proyecto de gratuidad, La
Moneda obligadamente tuvo que recurrirr a la fórmula de las becas
durante el 2016 tanto con los CFT como para los IP y en el propio
Gobierno reconocen que, a pesar de las declaraciones públicas, eso es
una derrota desde todo punto de vista.
Es que más allá de la supuesta porfía que desde el Ejecutivo y la
coalición le atribuyen a la Mandataria, lo que hoy preocupa en las
huestes oficialistas es el estilo de conducción que está imperando.
Entre las bancadas de diputados y senadores de la Nueva Mayoría no
desconocen la responsabilidad de Bachelet, que se le pusieron todas las
alternativas sobre la mesa, que se advirtió de las complejidades del
camino que eligió, pero especialmente dirigen los dardos al ministro de
la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, que en todo este episodio pecó de la
misma “porfía”, que “no escuchó sugerencias”, que mostró una “mala
capacidad de negociación” y que, en resumen, su cartera demostró una
"alta ineficiencia".
No pasó inadvertido para nadie en el oficialismo que las últimas dos
semanas fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que estuvo
abocado de sol a sol a este tema, desplegando funciones que van más allá
de sus responsabilidades como jefe de la billetera fiscal, supliendo
otros roles dentro del gabinete. “Su tarea eran informes
presupuestarios, pero ha estado haciendo funciones de negociador, de
Segpres, de jefe de gabinete, de titular de Educación”, advirtieron en
el Gobierno.
Una forma de trabajo que no deja de levantar suspicacias, de ser
calificada de “compleja” y, por lo mismo, prender alarmas en el
oficialismo, porque si bien se sorteó el problema de la gratuidad en
este momento, la reforma a la educación es una carrera de largo aliento
y, junto con el fin de año, se cumple el plazo autoimpuesto por la
propia Presidenta Bachelet, de presentar el proyecto de ley para la
educación superior antes del 31 de diciembre, y no son pocos los que
temen que se puedan cometer los mismos errores.
No solo los parlamentarios consideran que el tema necesita más tiempo
de maduración, de trabajo prelegislativo y diálogo. En el propio
Gobierno confidenciaron que varios ministros le plantearon a Bachelet la
necesidad de contar con más plazo para presentar el proyecto en
cuestión, pero la respuesta de la Mandataria fue –agregaron–
categórica: no.
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