Mientras en
Valparaíso se discute la reforma laboral, en los faldeos de San Carlos
de Apoquindo el sindicato del Colegio Cumbres, con poco más de un año de
vida, atraviesa una realidad que dista de ser cordial con su empleador.
Cuando debutó en septiembre de 2014 con 100 socios de un total de
344 funcionarios, todo parecía bien aspectado. “Buscamos emparejar la
cancha con los colegios de la competencia, que se escuche al profesor y
se respete su desarrollo profesional y humano”, explicaba a El Mostrador Luis Fuentealba, presidente del recién creado sindicato.
Pensaba que podía ser “una oportunidad de demostrar a la sociedad que
el colegio puede ser una de las mejores empresas para trabajar en Chile
y si estamos formando a los futuros líderes debemos tener la capacidad
de gestionar nuestros propios liderazgos”. Mientras, la directora del
Cumbres Femenino, Beatriz Moreno, aseguraba que “(el sindicato) es parte
de los tiempos; en la medida que los profesores se organicen y
comulguen con el proyecto educativo y lo quieran sacar adelante, es
bueno”.
Existía optimismo frente a la negociación colectiva. El petitorio
incluía un aumento real de 8% para profesores y 10% para
administrativos; bonificaciones por jefatura de curso, antigüedad y
grado académico; indemnización por años de servicios en caso de retiro
voluntario y un premio de $50 mil a todos los trabajadores de haber
mejoras en los resultados del SIMCE y la PSU respecto del año anterior,
entre otros puntos.
“Negociamos con una pistola sobre la mesa. El colegio inscribió una
lista de 120 empleados fieles el último día de la negociación colectiva
que se adhirió a nuestra negociación, con el fin de bloquear cualquier
acción de fuerza como una huelga. La ley dice que en una negociación
puedes recibir adherentes que no son socios del sindicato y existe la
obligación de recibirlos para no discriminar”, explica Fuentealba,
profesor de educación física con 21 años en el Cumbres. “Por el solo
hecho de estar inscritos, si se hubiese llamado a votar una huelga, el
sindicato, con 100 socios, habría perdido frente a los 120 adherentes y
habríamos hecho el ridículo”.
Agrega que “no existen registros en la historia sindical chilena de
una maniobra de este tipo, porque la adhesión es un acto individual, no
colectivo. Apelamos a la Dirección del Trabajo, la que ratificó lo
obrado por el colegio”.
Según Fuentealba, el abogado del sindicato, Diego López, le explicó
que la Dirección del Trabajo lo dejó pasar para “no entrar en problemas,
ya que era una negociación poco significativa, éramos un sindicato
nuevo, con 100 socios, pero recurrimos a los Tribunales del Trabajo con
una demanda que planteaba que los 120 adherentes no tenían derecho a
participar en la negociación colectiva, la que fue acogida un día antes
de la última oferta de la empresa. Nos vimos obligados a negociar con el
colegio, dijimos 'bajamos la denuncia y nos acortan el
contrato colectivo de cuatro a tres años y nos dan un aguinaldo de
Navidad inmediato de $50 mil' y ellos aceptaron".
Del petitorio original el único beneficio recibido fue el pago de
indemnización (con tope legal de 11 años) a los profesores en caso de
retiro voluntario, pero solo para aquellos en edad de jubilar. El resto
del contrato colectivo planteado por el colegio incluyó un bono de $30
mil mensuales para los docentes con magíster y de $40 mil para los que
cuentan con doctorado, un bono de nacimiento y otro de fallecimiento de
un familiar directo, y el pago del uniforme para las profesoras de
preescolar.
Con el argumento de enfrentar una reestructuración, a fines de octubre el colegio solicitó a algunos profesores reducir su carga horaria, con la consiguiente disminución en sus sueldos. “Hay quienes por miedo a perder su trabajo aceptaron, reduciendo su remuneración entre un 15% y 20%. Y a los que la rechazaron los amenazaron con frases como 'usted sabe a lo que se expone, si se resiste no dimensiona el daño que le produce al colegio'. Desde hace tres semanas esas personas amenazadas comenzaron a ser despedidas: son diez hasta el momento, de las cuales ocho pertenecen al sindicato”, explica Fuentealba, quien califica esta acción como una “práctica antisindical”.
Conocido como uno los colegios favoritos de la elite, parte de la
cúpula histórica de la UDI –Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Juan
Antonio Coloma, Cristián Larroulet y Marcela Cubillos– matriculó allí a
sus hijos. Y un sinnúmero de empresarios apostó por la formación
legionaria: Juan José Cueto, socio de Lan; Jorge Andrés Saieh,
presidente de CorpBanca y Copesa; Gabriel Ruiz-Tagle, ex dueño de Pisa y
ex subsecretario de Deportes involucrado en el Cartel del Confort;
Arturo Mackenna, ex gerente general y renunciado director de CMPC tras
el requerimiento por colusión de la Fiscalía Nacional Económica; Juan
Francisco Lecaros Menéndez, socio de las pesqueras Coloso y San José;
Pablo Echeverría, socio y presidente de Moneda Asset Management; Gonzalo
Martino, accionista de Copeval; Luis José Garreaud y Luis Hernán
Cubillos, dueños de Egon Zehnder; Federico Valdés, rector de la
Universidad del Desarrollo y ex presidente de Azul Azul; Gonzalo de la
Carrera, presidente de Consalud; Fernando Barros, socio del estudio de
abogados Barros & Errázuriz, director de Socovesa y la
administradora de fondos LarrainVial. Hasta ahora, su oficina ha
asesorado al Cumbres, a través del abogado Juan Cristóbal Iturrate,
experto en derecho laboral.
Clientes frecuentes de la Dirección del Trabajo
En adelante, las cosas no mejorarían. Primero fue el descuento de la
cuota sindical de los adherentes que, en lugar de ser los $8 mil
acordados por el sindicato, fueron $3.750. Cuando en enero pasado
Fuentealba pidió que se corrigiera el cobro, la gerenta general del
Cumbres, Isabel Gatica, se negó. “Y en marzo recurrimos a la Dirección
del Trabajo con una denuncia por vulneración de derechos fundamentales
que fue corroborada por la autoridad”. Ante una nueva negativa, el caso
llegó al Segundo Juzgado de Letras de Santiago y la magistrada ordenó
que el colegio cumpliera con la ley. Para evitar que fuera sancionado,
el establecimiento llegó a un avenimiento, pagó $5 millones por las
cuotas adeudadas y la nueva directora del Cumbres Femenino, Vismar
Visconti, laica consagrada de nacionalidad venezolana, se comprometió a
no incurrir en nuevas faltas, asegurando que todo se arreglaría como
“gente decente” y declarando públicamente que el sindicato estaba bien
orientado y no quería dañar a la institución.
Sin embargo, los deseos quedaron en palabras, porque después surgió
un nuevo problema, esta vez con el comité bipartito, que forman ambas
partes para decidir en qué capacitar a los trabajadores con la
franquicia del Sence. “La gerenta general, Isabel Gatica, presentó en la
Dirección del Trabajo un acta de constitución inexistente, por lo que
el colegio fue multado”.
La gerenta de recursos humanos, Florencia Agüero, con más de 20 años
en el Cumbres, renunció. Llegó un nuevo director al Cumbres Masculino,
el sacerdote legionario Francisco Javier Romano, quien reemplazó a
Carlos María de Alvear, “destinado sorpresiva e intempestivamente a
Centroamérica” –apunta Fuentealba– y reconocido por su carisma y
cercanía con profesores, alumnos y apoderados.
Hubo reuniones para recomponer las relaciones con la autoridad
entrante, pero otra vez se produjeron diferencias y una nueva denuncia a
la Dirección del Trabajo. Un grupo de 50 empleados que recibe los
beneficios del contrato colectivo no paga la cuota sindical. Hace dos
semanas, el colegio fue fiscalizado y está pendiente la resolución.
Despido de sindicalizados “busca crear temor”
Con el argumento de enfrentar una reestructuración, a fines de
octubre el colegio solicitó a algunos profesores reducir su carga
horaria, con la consiguiente disminución en sus sueldos. “Hay quienes
por miedo a perder su trabajo aceptaron, reduciendo su remuneración
entre un 15% y 20%. Y a los que la rechazaron los amenazaron con frases
como 'usted sabe a lo que se expone, si se resiste no dimensiona el daño
que le produce al colegio'. Desde hace tres semanas esas personas
amenazadas comenzaron a ser despedidas: son diez hasta el momento, de
las cuales ocho pertenecen al sindicato”, explica Fuentealba, quien
califica esta acción como una “práctica antisindical”. “Al despedir a
profesores y una secretaria sindicalizados, lo que pretende el colegio
es desincentivar la afiliación y atemorizar a los que ya pertenecen al
sindicato”, plantea.
Antes de la notificación de los despidos, que se harán efectivos el
29 de febrero porque el estatuto docente obliga a informar con 60 días
de antelación, el sindicato recurrió a la Dirección del Trabajo con 14
afiliados que denunciaron las amenazas sufridas después de rechazar la
rebaja en su cargas horarias.
El jueves pasado, volvieron a ratificar la denuncia en la oficina de
derechos fundamentales de la Dirección Regional Metropolitana y se les
ofreció una mediación con el colegio como salida alternativa. Opción que
barajaron hasta llegar a San Carlos de Apoquindo y enterarse del
despido del octavo sindicalizado: Alejandro Palma Mancilla, prefecto de
disciplina de Media del Cumbres Masculino, “querido y adorado por todos
los alumnos, apoderados y colegas”.
Fuentealba está decepcionado: “Nos vendieron humo, no hubo ningún
cambio, el colegio está golpeado porque no logra entender que un
sindicato es un derecho garantizado en la Constitución, que defiende a
los trabajadores cuando se vulneran sus derechos”.
En la última década el Cumbres, el buque insignia de la Legión de
Cristo, el primer colegio de la congregación que abrió en Chile, en
1986, vio disminuida su matrícula de 3.300 a 2.200 alumnos. Razones hay
varias. El “padre fundador” Marcial Maciel, objeto de veneración, fue
acusado en 1997 de abuso sexual por ocho ex miembros de la orden y en
2006 el Vaticano lo invitó a llevar "una vida reservada de oración y
penitencia, renunciando a todo ministerio público". Y en 2012 el sacerdote John O’Reilly, capellán del colegio femenino, fue acusado de abuso sexual,
encontrado culpable en el caso de la menor de las hermanas y absuelto
en el de la mayor, ambas ex alumnas del Cumbres, siendo condenado en
noviembre del año pasado a cuatro años y un día de libertad vigilada.
También influyó la apertura del Everest, la segunda apuesta
educacional de la Legión, que abrió sus puertas en 1998, en La Dehesa, e
hizo que las familias del sector optaran por el nuevo establecimiento
que hoy suma 2.480 alumnos.
“Se entiende que haya una reestructuración y una reducción de la
carga horaria, pero lo sospechoso es que afectó casi exclusivamente a
asociados al sindicato”, afirma Fuentealba.
El Everest también cuenta con un novel sindicato, creado en
septiembre pasado, con 120 socios de un total de 370 empleados, que se
encuentra en proceso de negociación colectiva. “No sabemos si el colegio
va a formar una lista de adherentes –dice Fuentealba– como lo hizo en
el Cumbres”.
La Universidad Finis Terrae, que pasó a manos de los Legionarios de
Cristo después de una encarnizada pelea con los fundadores de la casa
estudios, posee un sindicato desde hace dos años. Y lo mismo el San Juan
Diego de Recoleta y el Santa María de Guadalupe de Colina, también
conocidos como Mano Amiga, porque son parte de la fundación del mismo
nombre, que tienen un mismo sindicato con 54 afiliados de un universo de
120 empleados.
“Hasta donde yo sé, no hay colegios de la Legión con sindicatos en
otros países”, asegura Fuentealba, quien adelanta que la causa seguirá
adelante y con más fuerza. Esta semana verá la luz una federación que
agrupará a los sindicatos del Cumbres, Mano Amiga (San Juan Diego y
Santa María de Guadalupe) y Finis Terrae, e irá en apoyo de las
organizaciones individuales. Y a la que esperan sumar al Everest.
El Mostrador quiso contactar a la gerenta general del Cumbres, Isabel Gatica, pero no respondió el llamado.
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