juan-carlos-silva
El juez Juan Carlos Silva restó importancia a los antecedentes aportados por la Fiscalía en la investigación de las coimas en la basura y rechazó la prisión preventiva que los acusadores habían pedido para los alcaldes de Maipú y Cerro Navia. Ahora que la Corte de Apelaciones debe resolver un recurso que busca revocar la decisión del magistrado, se conocen antecedentes que vinculan a la familia política del juez con la municipalidad de Maipú, que encabeza el alcalde Christian Vittori -imputado en la causa-, y con uno de los principales dirigentes locales de su partido, la DC.
Los principales acusados en la investigación del pago de coimas por los servicios de extracción de la basura en Maipú y Cerro Navia se retiraron tranquilos y sonrientes del 9º Juzgado de Garantía de Santiago el pasado jueves 27 de agosto. Tanto el alcalde de Maipú, Christian Vittori (DC), como su colega de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), y el concejal de Maipú y al mismo tiempo jefe de la Corporación Municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres (RN), se mostraron relajados al finalizar una audiencia de formalización que se extendió, inusualmente, por cuatro semanas. Minutos antes, el juez Juan Carlos Silva Opazo había rechazado la solicitud de la Fiscalía que pedía que los tres aguardaran el juicio oral en prisión preventiva y sólo concedió firma semanal y arraigo.
Christian Vittori
Christian Vittori
En su dictamen, el juez Silva desestimó los antecedentes aportados por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE, que es querellante), al sostener que “no logran reunir, a juicio de este tribunal, el estándar de convicción exigido para decretar la medida cautelar de prisión preventiva”. En otras palabras, el magistrado prácticamente descalificó la acusación de la Fiscalía, tomando en cuenta que los antecedentes que presentó al tribunal son fruto de una investigación previa que se extendió por más de tres años y que apunta a establecer los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, entre otros ilícitos.
El tenor de la resolución del juez Silva fue interpretado como un triunfo para la defensa de los imputados. El dictamen podría servir como un antecedente para el curso del futuro juicio oral. De hecho, el juez no sólo consideró las pruebas como insuficientes para aplicar medidas cautelares de privación de libertad, sino que dio a entender que se trata de una investigación poco compleja y de fácil resolución, pues fijó en apenas ocho meses el periodo de investigación previo al juicio, en contraste con los dos años que pidió la Fiscalía. Tanto el Ministerio Público como el CDE recurrieron a la Corte de Apelaciones para revertir el fallo de Silva.
En su resolución, el juez Silva estableció que, para determinar la prisión preventiva, el magistrado debe forjarse un “juicio de culpabilidad” del imputado, que debe “fundarse en la convicción que logre el juez, ya sea en forma directa o mediante indicios o presunciones judiciales, siempre que estas tengan su origen en hechos plenamente probados, donde los hechos constitutivos de delito y los de la participación se deduzcan a través de un proceso mental razonado”.
Juristas que revisaron el dictamen señalaron a CIPER que el razonamiento del juez puede ser rebatido en la Corte de Apelaciones, pues Silva parte de la base de que los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización deben generar un juicio de culpabilidad basado en “hechos plenamente probados”, lo que constituye un estándar que sólo sería exigible en la etapa de Juicio Oral. Al nivel de la audiencia de formalización, bastaría con presentar antecedentes que acrediten la existencia del ilícito y que permitan presumir la participación de los imputados.
Los antecedentes que ha acumulado CIPER en varios años de investigación periodística, indican que uno de los flujos más importantes de las cajas municipales es el que está relacionado con los servicios de extracción y disposición final de la basura. Según los cálculos hechos por CIPER, solo en las capitales regionales las municipalidades gastan $73 mil millones al año en ese rubro (ver reportaje “El mapa de Chile del millonario negocio de la basura”). Son múltiples las acusaciones que se arrastran por años que indican que este cuantioso flujo de dinero es un trofeo apetecido por las empresas y una fuente de corrupción e irregularidades en el sector.
En ese contexto, la investigación que ha desarrollado la Fiscalía parecía ser el esfuerzo más serio para detectar una red de corrupción transversal en lo político a nivel municipal. Y los antecedentes presentados por la Fiscalía y el CDE daban cuenta precisamente de ello. Pero fueron desechados por el juez Silva Opazo.
El magistrado le restó importancia, por ejemplo, a la declaración de Paula Díaz, cónyuge del imputado principal, Marcelo Torres, quien testimonió haber sido testigo del dinero que recibía su marido de la empresa KDM para repartirlo entre otros concejales de Maipú. Esa versión coincide con testimonios aportados por un guardia del condominio donde vivía la pareja y de un ex empleado de KDM. Sin embargo, para el juez Silva no fue suficiente.
El mismo Marcelo Torres fue protagonista de una reunión con representantes de KDM que fue grabada subrepticiamente. En ese audio queda en evidencia que Torres ofrecía una estrategia para sacar del camino a la empresa competidora de KDM en la licitación de Maipú para la disposición final de la basura. Un negocio que involucraba $10 mil millones en cinco años. Los pasos que contemplaba esa estrategia diseñada por Torres, CIPER constató que efectivamente se cumplieron (ver reportaje “Fiscalía investiga sobornos en Maipú”).
Por último, y no menos importante, el juez Juan Carlos Silva tampoco consideró relevante un documento incautado en la casa de Marcelo Torres, escrito en clave por él mismo, y que fue presentado por la Fiscalía como antecedente de la repartición de las coimas entre los distintos involucrados.

MAIPUCINOS “DE TOMO Y LOMO”

Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, CIPER tuvo acceso a antecedentes que indican que existe un nexo entre la familia del juez Silva y el entorno del alcalde de Maipú, Christian Vittori.
El suegro del juez Silva es Gustavo Díaz-Muñoz Rojas, un abogado de la total confianza del actual presidente de la DC de Maipú, Herman Silva, quien fue uno de los principales pilares de la postulación del imputado Christian Vittori a la alcaldía de esa comuna. De hecho, el suegro del juez fue colega de Vittori en el municipio cuando Herman Silva era alcalde en los años 90, pues Díaz-Muñoz trabajó como director jurídico de la municipalidad cuando Vittori se desempeñaba como director de Desarrollo Comunal.
Concejal Herman Silva
Concejal Herman Silva
El anterior no es el único nexo entre la familia política del magistrado Silva y el alcalde Vittori: la cuñada del juez, Claudia Díaz-Muñoz Bagolini, trabaja como abogado de la secretaría del 2° Juzgado de Policía Local de Maipú, órgano dependiente de la municipalidad que encabeza Vittori, según lo acreditan los registros de transparencia de la comuna (vea el documento con las remuneraciones de la planta municipal a julio de 2015).
Consultado por CIPER, el juez Silva señaló que él no sabe ni tiene por qué saber cuáles son las amistades de su suegro. CIPER también dejó mensajes a Gustavo Díaz-Muñoz y Herman Silva, pero no obtuvo respuesta. Ni en el Consejo de Defensa del Estado ni en la Fiscalía entregaron opiniones sobre estos nexos familiares del juez Silva.
Funcionarios de la Municipalidad de Maipú indicaron a CIPER que la familia política del magistrado Silva Opazo es de mucha tradición en la comuna. Gustavo Díaz-Muñoz, el suegro del juez y patriarca de la familia, fue notario suplente en Maipú y actualmente ejerce como abogado en la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Providencia. Y aunque no se le conoce militancia en algún partido político, en los círculos sociales maipucinos se reconoce a Díaz-Muñoz como cercano a la DC por sus vínculos con el cacique local de ese partido, Herman Silva, quien fue alcalde entre 1992 y 1999 y ha sido concejal desde el 2000 hasta esta fecha.
Cuando Díaz-Muñoz se desempeñaba como director jurídico en Maipú bajo la gestión alcaldicia de Herman Silva, los funcionarios municipales lo consideraban como el “segundo al mando” y en ocasiones le correspondió subrogar al alcalde.
Un conocido dirigente político de Maipú, que pidió la reserva de su nombre, señaló que los vínculos entre la familia política del juez con Herman Silva y con Christian Vittori, son conocidos en los círculos sociales de la comuna. Sin embargo, personas que conocen muy bien a la familia Díaz-Muñoz dijeron a CIPER que la cercanía del suegro del juez Silva Opazo es con el jefe de la DC de Maipú y concejal de esa comuna, Herman Silva, y no con el alcalde Vittori.
El diario electrónico local Radioeme publicó el 27 de agosto una nota sobre el juez Silva (vea el artículo), en la que informó sobre los nexos de su familia con la comuna dirigida por Vittori: “Está casado con una maipucina de tomo y lomo, la también abogado Andrea Díaz-Muñoz, hija de un conocido y mentado ex director jurídico del Municipio de Maipú, Gustavo Díaz-Muñoz, a quien tuve el gusto de conocer de referencia, por sus actuaciones, aventurillas y resoluciones jurídicas–políticas durante la gestión del ex alcalde Herman Silva. Todavía reside en la comuna”, señala el autor de la crónica.
“Estas relaciones no constituyen motivo legal para una inhabilitación del juez, pero creo que hubiese sido conveniente, por un asunto de transparencia, que se dieran a conocer estos nexos antes de la audiencia de formalización”, dijo a CIPER un abogado que conoce bien la investigación de las coimas en la basura.
El juez Silva Opazo, según publicó La Segunda del 29 de agosto, fue sancionado en 2014 por la Corte de Apelaciones debido a su actuar “negligente en el cumplimiento de sus deberes”. Esto, luego de que el fiscal Luis Tapia lo denunciara por haber alertado, sobre una petición de alzamiento de secreto bancario, a personas que estaban siendo investigadas en un caso de lavado de activos. En esa investigación se perseguía a una banda acusada de gestionar créditos hipotecarios millonarios con documentos falsos.

ABOGADO DEL DIRECTOR JURÍDICO

En la declaración que prestó ante el Ministerio Público, la esposa del concejal de Maipú y ex administrador municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres, aseguró que su marido participó desde 2010 en licitaciones irregulares en este último municipio. Según lo señalado por Paula Díaz, el dinero que recibía su cónyuge lo compartía con el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, y con el director jurídico de esa comuna, Óscar Lantadilla, además de los concejales Jorge Durán, René Solano y Magaly Acevedo (ver reportaje de CIPER). Por esta acusación, Lantadilla debió buscarse un abogado. Que haya confiado su defensa a Germán Cueto Etcheberry no es casualidad.
Germán Cueto (Fuente: radioeme)
Germán Cueto (Fuente: radioeme)
En los archivos de la Municipalidad de Cerro Navia, Cueto Etcheberry aparece contratado a honorarios para participar en “juicios emblemáticos” en que la municipalidad sea parte. De acuerdo con los registros de transparencia, son cuatro las veces que ha sido contratado: la primera fue en abril de 2010, la segunda en julio de 2014 y la tercera, entre octubre y noviembre del mismo año. La cuarta, según los registros del portal de transparencia de la municipalidad, es la más larga y estaría en curso: desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año (ver la información publicada en la web), con un pago mensual bruto de $3,3 millones.
CIPER consultó en Cerro Navia por qué trabajo específico le estaría pagando la municipalidad al abogado Germán Cueto hasta fines de este año. En la Dirección de Personal se remitieron a señalar que la publicación del portal de transparencia era un error. Según explicaron, Cueto fue contratado sólo por enero y febrero de este año, a través del Decreto N° 161, del 26 de diciembre de 2014. Pero en la municipalidad no respondieron cuál era la función del profesional, por lo que persistía la duda sobre cómo justifica la Municipalidad de Cerro Navia los pagos a un abogado que al mismo tiempo es defensor del director jurídico de la comuna, uno de los acusados por la Fiscalía de irregularidades en distintas licitaciones.
El abogado Cueto dijo a CIPER que su cuarta contratación en Cerro Navia no se ha extendido por todo este año, sino que se le pagaron honorarios por $12 millones, en cuatro cuotas, por participar en el proceso de desafuero de la diputada Cristina Girardi (PPD), cuando ésta última fue acusada de injurias por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. El profesional agregó que no estaba al tanto de la publicación, que calificó de errónea, en el portal de transparencia de la municipalidad. También hizo llegar a CIPER una copia del decreto municipal de esa contratación, donde se expone que su función será participar en la querella por injurias contra la diputada Girardi (ver el documento).
Germán Cueto dijo que los pagos que ha recibido hasta ahora por defender al director jurídico Lantadilla se han hecho con vale vista tomado por el padre de su cliente. Además, señaló que el proceso de desafuero de la diputada Girardi por el cual se le pagó en Cerro Navia concluyó en febrero de 2015 y que la defensa de Lantadilla la asumió con posterioridad, en abril de este año.