Agencia UNO
Publicado por Gerson Guzmán
Durante la noche del lunes fue oficializada la propuesta de
La Moneda para reemplazar a Ramiro Mendoza en el cargo de Contralor
General de la República, el cual se encuentra vacante desde abril
pasado. Se trata de Enrique Petar Rajevic Mosler, Director Jurídico del
Consejo para la Transparencia y hombre cercano a la Democracia
Cristiana y al actual ministro de Interior, Jorge Burgos.
A través de un oficio enviado al Senado, la
mandataria propuso a este abogado, que además es Licenciado en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Política
Territorial y Urbanística de la U. Carlos III de Madrid. Sin embargo, dicha propuesta fue analizada con cautela, según publicó en agosto pasado el medio digital El Líbero.
Lo anterior, porque los antecedentes de Rajevic no son del todo
pulcros. De hecho, tuvo a su haber una demanda que fue interpuesta en
2010 por el Consejo de Defensa del Estado, debido a una millonaria deuda
que el actual candidato a la entidad contralora tenía con el Fisco a
través del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).
Dicha deuda respondía al pago de una beca que le fue entregada por el
Mideplan para que pudiera realizar un programa conducente a un
Doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, esto entre
los años 2000 y 2003.
La beca cubría tres años de estudios con un un subsidio
mensual de 820 dólares, el pago de matrículas y gastos de la
universidad, una asignación anual de 300 dólares para libros, otra
asignación anual de 700 dólares para seguro de salud y el pago de
pasajes de ida y vuelta entre Chile y España, entre otros costos.
Esto era cubierto económicamente por el Mideplan, debido a su
condición de administrador del programa de becas con dinero del Fisco,
entidad que fue representada por el Consejo de Defensa del Estado a la
hora de entablar la demanda contra Rajevic.
Según el documento judicial que fue ingresado el 17 de Mayo de 2010
en el 21º Juzgado Civil de Santiago, la beca exigía mantener un alto
nivel de rendimiento en los estudios, cumplir todas las exigencias
académicas de los cursos y regresar a Chile al término del periodo, para
integrarse a universidades, entidades de investigación, o la
administración pública por el doble de tiempo de lo que permaneció en el
extranjero.
Sin embargo se registraron incumplimientos a estas
exigencias, que facultaron al Mideplan para poner término al beneficio,
exigir el pago del dinero que se había remesado y entablar la demanda
exigiendo la restitución de los montos, que ascendían a $31.133.145.
Actualmente la causa se encuentra archivada y la deuda ya estaría
saldada. Sin embargo, el antecedente existe en los registros del Poder
Judicial, y fácilmente podría convertirse en una brecha para futuros
cuestionamientos a Rajevic, en el caso de ser seleccionado como nuevo
Contralor General de la República, es decir, el encargado de la entidad
que vela por la gestión institucional eficiente en resguardo de la
probidad, la transparencia y, precisamente, el correcto uso del
patrimonio público.
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