La normativa, aprobada en febrero, entrará en vigencia a partir de marzo próximo.
Paulina Salazar
08 de agosto del 2015 /
La ley de inclusión, que elimina el financiamiento compartido, la
selección y el lucro, se aprobó a fines de febrero de este año y espera
ser estrenada a partir de marzo de 2016. Los asesores del Mineduc aún
continúan trabajando en los reglamentos de la ley que determinarán el
detalle de cómo se aplicarán los cambios aprobados.
La normativa será gradual, pero los primeros cambios los sentirán
aquellos establecimientos subvencionados que hoy tienen un bajo copago
de mensualidad (cercano a los $ 20 mil), ya que se convertirán en
gratuitos. Así lo señaló el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés
Palma: “Unos mil establecimientos particulares subvencionados el año
2016 recibirán automáticamente más recursos gracias a esta ley,
permitiendo a un número importante de ellos renunciar al copago sin
ningún desmedro en cuanto a los recursos que actualmente manejan”.
La ley estipula que se terminará con el copago que pagan los padres
en los colegios que reciben dineros fiscales y que éstos serán
reemplazados por nuevos recursos estatales. Una decisión que generó
polémicas antes y después de la aprobación de la normativa y que, para
varios sostenedores, pone en peligro la permanencia de los colegios, ya
que -aseguran- cerrarán o pasarán a ser privados.
La decisión debe ser informada al Mineduc por los sostenedores a más
tardar a fines de este mes. Con esto, los sostenedores dejarán de
percibir la subvención escolar y comenzarán a solicitar una mensualidad
más alta.
Hoy, por ley, los colegios con financiamiento compartido no pueden
cobrarle a los apoderados más de $ 83 mil por alumno, aproximadamente.
Un colegio, al convertirse en privado, puede cobrar la mensualidad que
estime conveniente.
Una situación que podría generarles problemas a las familias
afectadas y de la cual están conscientes en el Mineduc. Según Palma,
el objetivo de la nueva normativa es “dotar de mayor estabilidad al
sistema educacional chileno, a través de una nueva regulación, que no
sólo inyecta mayores recursos a todo el sistema que recibe
financiamiento del Estado, sino que también -mediante reglas claras-
velará por el buen uso de los recursos públicos”.
Palma agregó que “estamos haciendo modificaciones para que en el
futuro una decisión de este tipo (cambiarse de subvencionado a privado)
no afecte a los alumnos y apoderados. Por ejemplo, si el sostenedor
renuncia a recibir financiamiento del Estado, deberá comunicarlo con al
menos un año de anticipación”. Este detalle estaría plasmado en lo
reglamentos de la ley que están finalizando su fase de redacción.
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