Por primera vez desde el inicio de la reforma educacional, el titular del Mineduc enfrenta simultáneamente las movilizaciones y reparos de todos los estamentos involucrados en la materia. Al paro de profesores y de estudiantes secundarios y universitarios se sumaron esta semana las críticas de los rectores
Más de 120 mil cartas ha enviado desde el 29 de mayo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a los correos personales de profesores de colegios municipalizados y de algunos particulares pagados para explicar los puntos medulares del proyecto de ley de carrera docente que se debate en el Congreso y lograr así bajar el rechazo a una de las iniciativas cruciales de la reforma educacional.
El sistema de e-mailing, cuya efectividad ya había sido probada el año pasado por el Mineduc para enfrentar las movilizaciones de los sostenedores de colegios particulares pagados, volvió a ponerse en marcha ante la paralización de los profesores. En cosa de días, cerca del 60 % de los correos ya había sido leído por sus destinatarios.
El uso de e-mails para explicar los beneficios y alcances de la reforma a cada profesor ha sido una de las herramientas a las que ha echado mano el ministro para subsanar, en parte, la falta de interlocutores con los que pueda llegar a acuerdos, en medio de un recrudecimiento de las protestas en contra de la reforma educacional.
El 50% de los establecimientos municipales están en paro y el martes marcharon, sólo en Santiago, unas 70 mil personas para exigir modificaciones al proyecto de carrera docente que se encuentra en el Congreso.
Los estudiantes secundarios, agrupados en la Aces, también se están movilizando en apoyo a los académicos, con marchas y tomas de colegios. Y desde hace dos semanas, numerosas facultades de distintas universidades están en paro por demandas que van desde falta de infraestructura, problemas de financiamiento y exigencias de mejoras a la reforma educativa que promueve el gobierno. Una forma de ir calentando motores para lo que será el segundo semestre, cuando parta la discusión real del anunciado proyecto del gobierno que pretende cambiar la educación superior.
Lo único que faltaba para completar la tormenta perfecta sobre el Mineduc vino de la mano del anuncio presidencial del 21 de mayo de que la gratuidad en educación superior comenzará el 2016 sólo para el 60% de los estudiantes de menos recursos de las universidades del Cruch. Se encendió entonces un nuevo conflicto, esta vez con los rectores y estudiantes.
“Vamos a tener un segundo semestre muy duro, tal vez uno de los más complejos”, admite un asesor de Eyzaguirre.
Por primera vez desde que comenzó la reforma educacional, Eyzaguirre tendrá abiertos flancos simultáneos con todos los estamentos del sistema educativo. Esto, en momentos en que la aprobación ciudadana al manejo de la educación por parte del gobierno cayó a un 25%, de acuerdo con la encuesta Adimark de mayo.
El viernes 29 de mayo pasado, el mismo día en que el Mineduc enviaba miles de cartas personalizadas por e-mail a los profesores para tratar de bajar el paro, la Presidenta Bachelet y el titular de Educación promulgaron la Ley de Inclusión Escolar, que busca poner fin al lucro, el copago y la selección en los colegios particulares subvencionados. El acto, calificado como un triunfo por el gobierno, no logró apagar la pugna que los enfrentó el año pasado con los sostenedores y organizaciones de apoderados.
Son 15 reglamentos, más algunas adecuaciones administrativas, las que debe sacar adelante el ministerio antes de diciembre próximo para implementar esta ley. Mientras tanto, algunos sostenedores mantienen la guerra comunicacional contra la reforma que lleva adelante el gobierno. En radios Pudahuel y Biobío han contratado avisos en los que anticipan el cierre de colegios. “Los establecimientos particulares subvencionados van a tener que cerrar, convertirse en particulares pagados o pasar a manos del Estado... Infórmate en tu establecimiento”, dice uno de estos mensajes.
En el Mineduc aseguran que a estas alturas no son más del 5% de los sostenedores que se mantienen críticos a la reforma. “Son pocos, pero poderosos”, afirman. Los asesores de Eyzaguirre se quejan de que el ministerio no tiene recursos para montar una contracampaña comunicacional. Por eso, están en conversaciones con la Asociación de Radiodifusores, Archi, para echar mano a un convenio que les otorga algunos espacios publicitarios gratuitos. El problema es que son las radiodifusoras las que fijan los horarios en que salen esos avisos no pagados y, por lo general, son los de menores audiencias.
Mientras tanto, los equipos del Mineduc están conversando directamente con los sostenedores, saltándose las agrupaciones gremiales, para aclararles los alcances de la ley y atenuar los temores. Hasta ahora, ya se han reunido con casi el 50% de los sostenedores,
“Aquí ha habido una suerte de batalla comunicacional que hemos perdido, yo diría. En el sentido en que no hemos sido capaces de instalar con claridad los distintos componentes de la reforma educacional”, reconoció la Presidenta Bachelet el martes 2 de junio en una entrevista que concedió al programa Una Nueva Mañana, de Radio Cooperativa.
Según las cifras del Mineduc, de los 11.400 establecimientos de educación general, sólo 700 colegios con copago podrían tener complicaciones para cumplir la ley de inclusión. Cinco mil 500 ya son gratuitos, otros 600 establecimientos pasarán a la gratuidad este año y a otros cinco mil les conviene operar bajo las nuevas condiciones que establece la ley. Sin embargo, la oposición y los recelos frente a la reforma no han disminuido.
El factor Gajardo
Con el frente de los sostenedores aún agitado, Eyzaguirre envió al Congreso a fines de abril el proyecto de Nueva Política Nacional Docente. Esta vez, afirman en el Mineduc, se había hecho un trabajo prelegislativo mucho más extenso. Con el Colegio de Profesores se estableció una mesa de trabajo. Más de 10 reuniones se hicieron con la directiva que encabeza Jaime Gajardo. En tres ocasiones se redactó un principio de acuerdo, pero las tres veces Gajardo debió desconocer los avances ante la presión de grupos disidentes dentro del magisterio.
En una consulta realizada por el Colegio de Profesores el 13 de mayo pasado, en la que participaron 40 mil profesores -la mayoría de éstos no colegiados-, el 97% rechazó la propuesta del gobierno que busca mejorar los salarios, aumentar las horas no lectivas e incrementar las evaluaciones y la certificación de los educadores.
Pero lo que más sorprendió es que el 47% de los educadores también rechazó la fórmula que había elaborado la propia directiva gremial.
“La discusión de fondo de los profesores es quién controla el Colegio de Profesores. El debate sobre la reforma y la ley de nueva carrera docente está cruzada por el tema interno”, se quejan personeros del Mineduc.
Entre los asesores de Eyzaguirre y los equipos técnicos del Mineduc se quejan de que en el magisterio no hay interlocutores con quienes conversar. Si a Gajardo le cuestionan su incapacidad para controlar el gremio y asumir acuerdos, con “los monos”, como llaman en la cartera a los sectores más radicalizados, simplemente no tienen posibilidades de acercamiento.
Si el paro continúa, como todo parece indicar, podría echar por tierra uno de los logros del Mineduc. El año pasado, por primera vez en décadas, aumentó la matrícula en los colegios municipalizados, pero con los paros concentrados en ese sector es probable que el próximo año la matrícula vuelva a bajar.
El jueves, con cuatro días de paralizaciones y dos marchas masivas de profesores, el ministro Eyzaguirre debió bajarse de una gira a Francia -a la que viajaría junto al titular de Hacienda, Rodrigo Valdés- y se reunió con los presidentes y secretarios generales de los partidos de la Nueva Mayoría. A la cita, que se realizó a las 14 horas en La Moneda, también asistió el ministro de la Presidencia, Jorge Insunza.
En esa ocasión, Eyzaguirre pidió a los dirigentes políticos oficialistas ayuda para contener el conflicto con los educadores. La petición estaba dirigida especialmente a los socialistas, radicales y comunistas, los que tienen mayor peso en la asamblea de profesores.
El objetivo del gobierno es transmitir a los profesores que hay disponibilidad para a hacer mejoras al proyecto de ley durante la discusión parlamentaria, pero evitar a toda costa que se retire el proyecto, como exigen los profesores.
El mismo fin tenía la carta que envió Eyzaguirre a cada uno de los profesores y que fue leída en la asamblea del magisterio del viernes y sábado.
En la cita de la Segpres, en la que se analizó el complejo escenario que enfrenta Eyzaguirre, por los múltiples flancos que se están abriendo, se planteó también la molestia del gobierno con algunos parlamenta- rios oficialistas que están respaldando a los profesores y que podrían terminar convirtiéndose en los primeros díscolos de Bachelet. Los dardos apuntaron con especial fuerza hacia la DC Yasna Provoste y algunos diputados comunistas.
Asistentes a esa reunión afirman que el secretario general de la DC, Gonzalo Duarte, tomó nota de los reclamos y ratificó el compromiso de la colectividad con las reformas.
Desmunicipalización
La tensión del Mineduc con los parlamentarios de la coalición de gobierno también quedó patente el martes, durante una reunión de Eyzaguirre con los miembros de la Comisión de Educación del Senado. Allí, el ministro pidió apurar la tramitación del proyecto de ley que crea 15 nuevos centros de formación técnica y establece un marco regulatorio para los CFT. Mientras ese proyecto no se despache, el gobierno no puede enviar el proyecto de ley de nueva educación pública, otra de las piezas clave de la reforma.
Eyzaguirre se comprometió a enviar el texto al Parlamento el martes 16 de junio. Y, aunque el Mineduc viene discutiendo hace tiempo el proceso de desmunicipalización con los alcaldes, todo indica que una vez que se conozca el proyecto en detalle, podría abrirse un nuevo flanco de conflicto. “Con las reuniones que hemos tenido con el ministerio creemos que están mucho más receptivos a una modificación de la desmunicipalización total. Si eso no se da, y el diablo mete la cola, vamos a estar en contra y la reforma va a tener menos credibilidad que todas las anteriores, que no las quiere nadie”, señaló el alcaide UDI de Colina, Mario Olavarría, presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch).
Rectores al ruedo
“Hay un ambiente de crispación social que hace muy complejo el avance de la reforma”, reconoce un asesor de Eyzaguirre. En el Mineduc, aseguran que habían previsto que se iniciaría una etapa de confrontación con los profesores, que éstos serían apoyados por los estudiantes secundarios, y que a la par se abrirían incendios con los alcaldes y parlamentarios de oposición por la desmunicipalización.
Lo que no estaba previsto, admiten, es que simultáneamente a estos focos, el anuncio sobre gratuidad en la educación superior -una de las demandas más sentidas por los estudiantes- se convertiría en otro campo de batalla, que sumaría a universitarios y a buena parte de los rectores en contra del gobierno.
Para La Moneda, avanzar en el cumplimiento del compromiso de gratuidad es crucial. Es prácticamente el único logro concreto que podrá exhibir al término de este mandato. Por eso, hace tiempo comenzó a exigir al Mineduc que el proceso se iniciara el 2016 con recursos de la Ley de Presupuesto, anticipándose al envío de la ley de educación superior, prevista para el próximo año.
Pero el anuncio terminó por encender aún más los ánimos. El primer año, la medida sólo beneficiará al 60% de los estudiantes de las 25 universidades que son parte del Consejo de Rectores de Universidades de Chile (Cruch).
Aunque se trata de una medida transitoria, de un primer paso hacia la gratuidad universal, rectores de las universidades que no fueron beneficiadas y expertos en educación criticaron la medida por discriminatoria y arbitraria. Además, ésta no se basó en criterios de calidad, pues incluyó carreras de planteles que no están acreditadas, dejando fuera a alumnos de bajos recursos que cursan sus estudios en universidades privadas que sí cuentan con la certificación y estándares de calidad.
“He quedado sorprendido y dolido, muy dolido, de que la gratuidad se haya limitado de esa manera”, reaccionó al anuncio presidencial el rector de la U. Alberto Hurtado, el jesuita Fernando Montes.
Las declaraciones de Montes golpearon con fuerza en el Mineduc, por su cercanía a Eyzaguirre y por ser uno de los que promovían la reforma educacional.
El ministerio aún no fija el monto del arancel que cubrirá la gratuidad y cómo resolverá la brecha respecto del arancel real que cobran las universidades. Eso se verá más adelante, cuando se comience a discutir la ley de presupuesto y se determinen los recursos que dispondrá el Estado para saldar este beneficio.
Por otra parte, cercanos al Mineduc afirman que se ha hecho más difícil dialogar con la actual dirigencia de los universitarios agrupados en la Confech, a la que ven menos cohesionada y con una postura más radicalizada que sus antecesores, lo que podría complicar aún más el avance de la reforma a la educación superior.
Mientras tanto, la incertidumbre para los rectores y estudiantes crece junto con las movilizaciones.
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