Colegios particulares-pagados: El tabú de la reforma educacional

Colegios particulares-pagados: El tabú de la reforma educacional

Por : Sebastián Bowen y Matías Reeves 

Los colegios particulares-pagados no existen en la reforma educacional. Han quedado fuera, a pesar de que es en ellos donde se seguirán legitimando los vicios sociales que la reforma pretende remediar. ¿Acaso para ellos no se aplican los principios que regularán el sistema educativo en Chile? Los autores de esta columna plantean que son varios los factores que permiten que la educación privada pase “colada” en el diseño de una política pública eje del gobierno. Fuertes conflictos de interés, economía política y una cultura marcada por un profundo neoliberalismo. Para ellos, haber excluido a los particulares-pagados de la reforma es una muestra de inconsecuencia, pero también “la medida justa para que la élite ladre, pero no muerda”.

Durante las últimas semanas se ha comenzado a discutir en algunos medios de comunicación –todavía tibiamente– sobre la situación de los colegios particulares-pagados y del por qué estos no son regulados con los primeras medidas de la reforma educacional.

Lo cierto es que los vicios sociales que se buscan remediar con el fin al lucro, a la selección y al copago –tales como la discriminación, la segregación y la educación subordinada a la competencia y estandarización– seguirán siendo legitimados a través de la figura de los colegios particulares-pagados, donde se educa el 7% de los estudiantes chilenos. Es al menos curioso que, siendo estos establecimientos los más segregados de nuestro sistema educacional, no hayan sido parte del debate hasta ahora. ¿Acaso los principios sobre los que se pretende regular los particulares-subvencionados no aplican en su totalidad a los particulares-pagados? Desde nuestro punto de vista, es posible identificar al menos tres factores que podrían explicar por qué la reforma no toca la educación particular-pagada.

Un primer elemento estaría referido a los intereses de los incumbentes. Simplemente es un hecho a constatar: incomprensiblemente se está decidiendo sobre la educación del 93% del país y nada respecto de los colegios particulares-pagados, donde la mayor parte del Congreso y los más altos mandos del Gobierno educan a sus hijos. Sería injusto concluir que este posible conflicto de interés está determinando el hecho de no discutir la situación de los particulares-pagados, pero también es imposible negar su consciente o inconsciente peso en las decisiones respecto de los temas prioritarios en la reforma y, por ende, imposible evitar que la ciudadanía se cuestione sobre ello.

Un segundo elemento estaría relacionado a la economía política. Podríamos suponer que en el diseño original se encontraba la idea de regular también los colegios particulares-pagados. Sin embargo, no habría “piso político” en la élite como para llevar a cabo un plan de esta magnitud. En otras palabras, el no tocar los particulares-pagados permite la viabilidad de la reforma. Si ya con el actual proyecto vimos el show mediático en la interpelación al ministro Nicolás Eyzaguirre que llevó a cabo la oposición la semana pasada en el Congreso, mejor ni imaginar qué hubiera pasado si se hubiera incluido a los particulares-pagados. Fue la medida justa para que la élite ladre, pero no muerda.

Y un tercer elemento nos remitiría al profundo neoliberalismo incrustado en nuestra sociedad donde quien plantea intervenir un acuerdo entre privados es tratado ampliamente, por liberales y conservadores, como un paria anacrónico. Dado que estamos hablando de la educación de nuestros hijos y la justicia como nación, el hecho de que no exista un vínculo financiero con el Estado no debería limitar las restricciones normativas si así fuesen necesarias.

La educación particular-pagada tiene un rol gravitante en la segregación de nuestro sistema educativo y una reforma global no puede soslayar este hecho. Ciertamente ninguno de los factores mencionados juega solo. Los tres se encuentran íntimamente conectados y es el complemento entre ellos lo que contribuye a que los particulares-pagados pasen “colados”.

El carácter de tabú contemporáneo que tiene la situación de los colegios particulares-pagados en la discusión de la reforma invita al menos a sospechar del papel que los intereses juegan por sobre los principios. Al menos convengamos que el fundamento de las medidas impulsadas por la reforma también debiera regir a los colegios particulares-pagados si se actuara consecuentemente. Si hoy estos colegios no son regulados igual que el resto, se debe exclusivamente a omisiones y decisiones en la agenda de la reforma como resultado de la suma y resta de los intereses de las fuerzas en juego.

Es de esperar, entonces, que esta reforma no sea el final de la discusión, sino sólo el comienzo de ella y que hacia el futuro próximo los principios orientadores respecto de la educación que queremos para Chile se encarnen en todo el sistema educacional, incluyendo también, la educación privada.