LOS CONVENIOS DE TODOS LOS CAMPOS CLÍNICOS DE LA UPV TERMINAN ESTE AÑO
Publicado: 23.09.2014
En
2010 la Escuela de Medicina de la U. Pedro de Valdivia obtuvo un año de
acreditación. Lo otorgó Akredita QA. Uno de sus pares evaluadores es
hermano y socio del entonces secretario general de la universidad, Aldo
Biagini, hoy rector. En 2011, Akredita certificó a la escuela por tres
años. Un mes más tarde uno de los hombres que decidió esa acreditación
fue nombrado jefe de Medicina. Los desconocidos lazos entre la UPV y
Akredita QA cuestionan esos certificados justo cuando esa escuela ha
perdido sus campos clínicos, es una de las dos más deficientes del país y
debe reacreditarse.
Una mujer responde al teléfono en la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia
(UPV). Le preguntamos sobre los campos clínicos que tienen para sus
alumnos. Nos dicen que los hay en las dos regiones donde la UPV imparte
la carrera de Medicina. En La Serena está el Hospital de Ovalle, el que
forma parte de un convenio entre la universidad y el Servicio de Salud
de Coquimbo (SSC), vigente desde julio de 2010. Y en Santiago, agrega,
están el Hospital de Talagante, el Centro de Referencia en Salud (CRS)
Salvador Allende de Pudahuel, dos consultorios en Lo Espejo, la Mutual
de Seguridad y el Servicio Médico Legal (SML).
Lo que la funcionaria dice es muy parecido a lo que describió a CIPER el rector de la UPV, Aldo Biagini,
cuando respondió el año pasado a la carta que nos había enviado una ex
alumna denunciando la pésima calidad de la educación que se imparte en
esa escuela (ver carta y respuesta).
Allí Biagini mencionaba los mismos centros, y además agregaba convenios
con las municipalidades de Nancagua y Chépica, en la VI Región. Con esa
oferta de establecimientos, la UPV pareciera estar en excelente pie
para enfrentar en los próximos meses el proceso de reacreditación de su
Escuela de Medicina. CIPER investigó la situación en que la UPV se
postula y no sólo encontró problemas académicos que podrían poner en
riesgo la acreditación, sino también serias irregularidades que abren un nuevo flanco sobre la manera en que la UPV ha obtenido sus certificaciones.
Esta vez las acusaciones no apuntan a la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), como lo fue en el proceso que llevó a su controlador
y ex rector Ángel Maulen a la cárcel, sino que a Akredita QA, la agencia que creó el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros,
junto a otros académicos en 2006 para evaluar y acreditar carreras
universitarias. Esa agencia fue la encargada de certificar a la Escuela
de Medicina de la UPV las dos veces que ha sido acreditada. En ambas
ocasiones operaron estrechos lazos hasta ahora desconocidos entre ambas
entidades, y que hoy generan dudas sobre la legitimidad de esos
procesos.
En 2010, cuando la carrera fue acreditada por primera vez, uno
de los pares evaluadores que permitió la certificación fue el doctor
Leandro Biagini, hermano y socio del entonces secretario general de la
universidad y actual rector, Aldo Biagini. Al año siguiente, en
noviembre de 2011, Akredita QA volvió a acreditar la escuela pero esta
vez por tres años. Un mes después, Vito Sciaraffia fue contratado como nuevo director nacional de Medicina en la UPV. Hasta ahora eran muy
pocos los que sabían que Sciaraffia forma parte desde 2008 de Akredita
QA como uno de los encargados de certificar las carreras del área de la
salud.
La Universidad Pedro de Valdivia no está acreditada, pues su
certificación no fue renovada en 2012 por la Comisión Nacional de
Acreditación. Pero su carrera de Medicina sí lo está. Al perder su
acreditación, los nuevos alumnos que ingresaron a la UPV en 2013 y 2014
perdieron la posibilidad de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE),
beneficio que sí conservaron los poco más de 250 alumnos que ya
estudiaban Medicina en esa universidad. Si el próximo 17 de noviembre,
fecha en que caduca la acreditación vigente de la Escuela de Medicina de
la UPV, es rechazada su renovación, proceso a cargo nuevamente de la agencia Akredita QA,
la situación de crisis que vive dicha universidad -producto de la
pérdida del CAE y de las investigaciones judiciales y del Ministerio de
Educación- se agravará. Los alumnos de Medicina no sólo perderán el
último sello de legitimidad que les quedaba, sino también todo acceso a
becas o beneficios otorgados por el Estado. Lo grave es que todos los
antecedentes revisados por CIPER dan cuenta de un escenario cuesta
arriba en torno a la reacreditación.
Según la última medición oficial del Ministerio de Salud (Prueba
Eunacom 2013), la Escuela de Medicina de la UPV es una de las dos
escuelas que obtuvieron los resultados más deficientes del país. Eso
significa que, a pesar de que se presenta en su sitio web como una carrera “con énfasis en Salud Pública”,
la mayoría de sus egresados no está lo suficientemente capacitada para
trabajar en el sistema público de salud. Y aún así, con un arancel anual
de $5,5 millones, es una de las ocho universidades más caras entre las
23 que imparten la carrera (ver listado de aranceles).
El elevado precio podría justificarse con el alto número de campos
clínicos que la universidad ha conseguido para sus alumnos, y que son un
requisito clave para la acreditación de la carrera. Pero hay un
problema: la mayoría de esos convenios ya no están vigentes o están a
punto de caducar. Aunque los sigan promocionando como gancho para atraer
nuevos alumnos, la UPV ha perdido casi todos sus campos clínicos.
En abril de 2013 el Servicio de Salud Metropolitano Occidente
(SSMOCC) decidió poner fin al contrato que le permitía a la Universidad
Pedro de Valdivia usar el Hospital de Talagante como su principal campo
clínico: aunque los alumnos seguirán cursando su internado hasta fin de
año, el convenio terminó oficialmente el 31 de agosto recién pasado (ver carta).
Como el CRS de Pudahuel forma parte del mismo convenio, también se puso
fin al acuerdo que permitía que fuera utilizado como centro de práctica
para los alumnos de la UPV. Un médico que trabaja en ese
establecimiento y que pidió a CIPER reserva de su nombre, dice que ahí
sólo permiten que los estudiantes de la UPV observen procedimientos,
pero casi nunca participar activamente en la atención de pacientes
porque “no nos dan confianza”. Es por eso que, asegura, han optado por
licitar el campo clínico a otras universidades. Respecto al vínculo que
le permite a la UPV hacer uso del Hospital de Ovalle, en Coquimbo, la
situación es la misma: está en su fase final, pues se acaba a fines de
este año.
Los estudiantes de Medicina de la UPV también pudieron usar como
campos clínicos los consultorios Nº1 y Nº5 de la comuna de Santiago.
Pero desde 2013 ese convenio se acabó. En los consultorios de Lo Espejo,
aunque el pacto tiene vigencia hasta 2015, sólo en uno podrán seguir los alumnos de Medicina de la UPV. Y en el SML señalan que, al igual que otras 24 universidades,
la UPV firmó en 2007 un contrato que duraría un año y que desde
entonces se ha renovado automáticamente por períodos iguales y
consecutivos. Allí el acuerdo sigue vigente, aunque puntualizan que
desde 2012 no han recibido a alumnos de esa escuela.
EL HISTORIAL DE AKREDITA QA
La UPV es una de las 12 universidades que hoy investiga el Ministerio
Público por lucro o irregularidades en su acreditación institucional.
Su principal controlador y ex rector, el empresario y ex subsecretario
de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei, Ángel Maulén,
hoy está libre, aunque con firma mensual, luego de pasar meses
encarcelado por su participación en la acreditación fraudulenta de su
universidad en 2010 (ver reportaje de CIPER).
Está formalizado por cohecho y lavado de dinero. Esa es la arista
penal. Por la vía administrativa los resultados parecían ser mejores: el
Ministerio de Educación absolvió a fines de 2013 a la UPV por
irregularidades. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno,
nuevamente el Ejecutivo abrió una investigación con la UPV como una de
las siete universidades protagonista.
Hasta hoy, todas las acusaciones por irregularidades por lucro y en
los procesos de certificación de la UPV tenían que ver con Maulén y su
vínculo con la venta fraudulenta de acreditaciones universitarias operadas por Eugenio Díaz desde la CNA. Fue en ese proceso que la universidad obtuvo por primera vez su acreditación, en diciembre de 2010 (ver resolución). Pero antes, en septiembre de 2008, la universidad cerró un contrato con la agencia Akredita QA
para acreditar sus carreras de Pedagogía y Medicina, exigencia legal
que rige para esas dos carreras. El documento, al que CIPER tuvo a
acceso a través de la Ley de Transparencia, lleva las firmas de Ángel Maulén y Luis Riveros y constituye el inicio de una relación que en adelante estaría marcada por evidentes conflictos de intereses.
Cuando se firmó el contrato, Akredita QA aún no tenía atribuciones
para acreditar la carrera de Medicina. Si bien la agencia existe desde
2006, recién a mediados de 2008 fue autorizada por la CNA para operar
como acreditadora. Al principio, Akredita QA obtuvo autorización para
certificar todo tipo de carreras en el área de Educación, Administración
y Comercio, Ciencias Sociales, Tecnología y Salud, aunque con
excepciones: Medicina y sus programas de especialización quedaban fuera (ver autorización). La restricción duró poco: en enero de 2009 la CNA amplió la autorización e incluyó a Medicina en su área de acción.
Akredita QA es una de las tres agencias que han sido sancionadas por la CNA,
y la única que aparece dos veces en esa nómina. La primera fue en 2011,
por conflicto de intereses en la acreditación de Educación Parvularia
del Instituto Profesional Los Leones: además de
presidir la agencia evaluadora, Luis Riveros también formaba parte del
Consejo Académico de la entidad evaluada. Por eso la CNA multó a Akredita QA con 100 UTM
(unos $3,8 millones). La segunda fue en julio de 2013, cuando la CNA la
sancionó con una “amonestación por escrito” por negarse a entregar
información respecto a la acreditación de 26 carreras en distintas
universidades entre 2010 y 2011 (ver sanción).
Una de esas carreras era Medicina en la UPV. Poco después Riveros,
quien fue rector de la Universidad de Chile (1998-2006) y es el “gran
maestro” de la Masonería de Chile, abandonó su participación en Akredita
QA. Hoy preside la comisión ejecutiva para la creación de una
universidad estatal en la Región de O’Higgins.
La empresa acreditadora es también conocida como “la agencia de los
rectores”, pues además de Riveros han participado en su propiedad Manfred Max Neef (ex rector de la Universidad Austral), Jaime Pozo (ex rector de la Universidad de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (ex rector de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil. Además de ellos, han sido socios en Akredita QA el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, condenado por fraude al fisco por el mal uso de las asignaciones parlamentarias (ver reportaje de CIPER); e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (hoy Universidad Católica Silva Henríquez), quien actualmente preside la agencia.
CIPER solicitó a la CNA copia de todos los documentos que respaldaran
la acreditación de Medicina en la UPV, tanto en 2010, cuando fue
acreditada por un año, como en 2011, cuando se le otorgó la
certificación por tres años. En ambos casos la decisión estuvo en manos
de Akredita QA. La respuesta de la CNA
indica que en esa repartición pública sólo cuentan con la información
respecto del primero de esos procesos. Los documentos de la acreditación
de 2011 –aquellos de los que trata la sanción de la CNA–, nunca fueron
entregados. No obstante, la información disponible permite verificar
irregularidades hasta ahora desconocidas en ambos procesos. En
el primero, porque uno de los evaluadores era hermano y socio de una de
las principales autoridades de la UPV, el actual rector Aldo Biagini. Y
en el segundo, porque apenas un mes después de obtener la reacreditación
de Medicina, y por un período de tres años, uno de los miembros del
Consejo de Acreditación de la agencia que decidió otorgar la
certificación de Medicina de la UPV fue contratado por esa misma
universidad para hacerse cargo de la dirección nacional de la carrera.
EL HERMANO EVALUADOR
Ángel Maulén todavía estaba a la cabeza de la UPV cuando el 18 de
enero de 2010 su Escuela de Medicina, tanto en Santiago como en La
Serena, obtuvo por primera vez la acreditación. Para entonces, sus
vínculos con Eugenio Díaz y las irregularidades en las acreditaciones
desde la CNA eran algo desconocido. Es más, faltaban 11 meses para que
la UPV fuera acreditada en el proceso irregular que hoy es materia de
investigación judicial. Por eso la certificación de la carrera de
Medicina, tras tres años de funcionamiento y sin siquiera una primera
generación de egresados, era un hito para su universidad. Sobre todo
porque era un logro de la segunda esposa de Maulén, la doctora Candice Rudloff, en esa época directora nacional de la carrera.
Aunque ese primer informe resultó más bien lapidario, la agencia Akredita QA la certificó por un año (ver resolución).
Si bien reconocía que la escuela tenía un perfil de egreso claro para
sus alumnos, también señalaba que los programas académicos y la malla
curricular no eran consistentes con ese perfil. De hecho, los
evaluadores detectaron “un reducido énfasis en la atención primaria de salud y del modelo biopsicosocial que se dice orienta los estudios de la carrera”, precisamente el perfil de médicos que la escuela pretende formar, según su sitio web.
Destacaron también una alta rotación de autoridades que interfería con
el seguimiento de los planes remediales; incoherencia entre los
profesionales contratados y los que figuraban en cada evaluación; bajo
número de docentes vinculados formalmente con la institución; una
autoevaluación con un inadecuado nivel de participación en la que se
confundían fortalezas con debilidades; y mecanismos de toma de
decisiones no acordes con los propósitos planteados como escuela. La
mayoría de las medidas que los evaluadores consideraban positivas eran
demasiado recientes como para poder calificarlas. No obstante todas las
falencias consignadas, el Consejo de Acreditación del Área de la Salud
de Akredita QA consideró que la carrera cumplía con los requisitos establecidos por la CNA para ser certificada por los siguientes 12 meses.
Un dato que hasta ahora pasó inadvertido es que uno de los
tres pares evaluadores de Akredita QA que participaron en el proceso era
hermano y socio de Aldo Biagini, el actual rector de la UPV, quien por
entonces era secretario general de la universidad (ver informe de pares evaluadores).
Leandro Biagini Alarcón, médico cirujano y
especialista en Medicina Interna, fue director médico del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile en la época en que Luis Riveros era
rector de esa universidad. Como el establecimiento hospitalario depende
de la rectoría y no de la Facultad de Medicina, fue el mismo Riveros
quien lo designó en el cargo. Desde ahí lo habría reclutado como par evaluador en Akredita QA,
en 2008. Hasta hoy continúa siendo parte de ese equipo. Fue director
médico corporativo de Megasalud y actualmente es director docente de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, la que depende de la
Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios. Allí, la carrera
está acreditada por seis años desde 2013. Y también fue Akredita QA la agencia que la certificó (ver resolución).
El vínculo de los hermanos Biagini Alarcón no es sólo sanguíneo, sino
también comercial. Ambos son socios en al menos tres sociedades
familiares: Inversiones Mar Azul Ltda., Inversiones del Pacífico Ltda. e Inversiones Tobalaba S.A.
Esos nexos, que por entonces pasaron inadvertidos, seguían vigentes en
2011 cuando la escuela volvió a presentarse ante Akredita QA para
postular a una nueva acreditación.
El año pasó y la primera certificación de la escuela de Medicina
caducó. La UPV debía reacreditar la carrera y entregar su nuevo informe
de autoevaluación a la agencia de Luis Riveros, 90 días antes de que
venciera la acreditación, esto es el 18 de enero de 2011. Pero el
documento no se despachó sino hasta fines de marzo de ese año (ver informe de autoevaluación).
Según el informe, la carrera tenía entonces 284 alumnos y 95 docentes
en sus sedes de Santiago y La Serena. Maulén seguía siendo el rector,
Rudloff aún era directora nacional de Medicina y todavía no egresaba la
primera generación de la carrera.
EL NUEVO CARGO DEL CONSEJERO SCIARAFFIA
El atraso en la entrega del informe significó también una demora en
la resolución de Akredita QA respecto a la reacreditación. Recién en
agosto de 2011 fueron los pares evaluadores a visitar la escuela y no
fue hasta el 17 de noviembre que el Consejo de Acreditación del Área de
Salud de Akredita QA decidió (ver resolución).
En su informe, los evaluadores reconocen la existencia de reglamentos
que norman el desempeño de los estudiantes, pero también la ausencia de
reglas claras respecto a notas mínimas de promoción y porcentajes de
asistencia. También señalan la ausencia de instancias donde se permita
la interacción entre académicos de las distintas sedes, y un número
insuficiente tanto de docentes como de horas designadas para docencia
práctica. Los evaluadores establecen que los académicos cumplen sólo
parcialmente con las calificaciones y la experiencia necesarias para
desempeñar funciones directivas y académicas docentes y que no hay
mecanismos suficientes para que el cuerpo académico participe
activamente en la formulación de planes y programas. Y además, la
carrera no tiene un número máximo de alumnos por sede, lo que no es
acorde con el compromiso de asegurar una enseñanza de calidad.
A pesar de las debilidades detectadas, nuevamente Akredita QA
acreditó la carrera, esta vez por tres años, hasta noviembre de 2014.
Habían pasado tan sólo dos meses desde la publicación en CIPER de un reportaje que reveló las primeras irregularidades tras la acreditación institucional de la UPV en 2010 y de la salida de Maulén de la rectoría. En su lugar había asumido Gonzalo Arenas,
quien hasta entonces había sido decano de la Facultad de Ingeniería de
la UPV. CIPER no pudo acreditar si Leandro Biagini participó activamente
en este segundo proceso como par evaluador, aunque cada uno seguía en
su posición: Aldo aún era secretario general de la UPV y Leandro todavía
figuraba en la lista de pares evaluadores de Akredita QA.
Pero los hermanos Biagini no serían el único nexo entre la UPV y la
agencia acreditadora. En diciembre de 2011, apenas un mes después de que
Akredita QA aprobara la reacreditación de Medicina por los siguientes
tres años, la esposa de Ángel Maulen, Candice Rudloff, renunció a la
universidad, que ya estaba en el centro de las investigaciones
judiciales. Vito Sciaraffia asumió la dirección
nacional de Medicina en su reemplazo. Se mantendría en el cargo apenas
unos meses, hasta mayo de 2012. Pocos sabían de sus estrechos vínculos
con Akredita QA y su rol en la acreditación de la carrera.
Sciaraffia es ingeniero civil y médico cirujano. Fue director del
Instituto de Administración y Salud de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile y también el primer superintendente
de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Duró en ese cargo apenas tres
meses (ver reportaje de CIPER). Además, desde 2008 que forma parte del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA, una instancia que presidió el doctor Juan Eduardo Bustos hasta su muerte el pasado 10 de septiembre,
y que además componen otras cinco personas. Desde allí fue uno de los
encargados de decidir la acreditación de Medicina de la UPV, carrera que
pasó a dirigir apenas un mes después de haberla acreditado.
Las dos resoluciones que sellaron la certificación de Medicina de la
UPV llevan las firmas de Bustos y Riveros. Hasta el momento resulta
imposible saber cómo votó Sciaraffia en esas sesiones del consejo de
Akredita QA, ya que las actas no son de acceso público. Actualmente la
misma agencia está a cargo de evaluar la reacreditación de la escuela.
Aunque ya no está en la UPV, Sciaraffia continúa siendo miembro del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA. Aldo Biagini ahora es rector de la universidad y su hermano Leandro aún figura como par evaluador de la agencia.
El proceso ya comenzó con la visita de los pares evaluadores a la
universidad los días 3, 4 y 5 de septiembre. Con su hermano en la
rectoría desde febrero de 2013 –tras la renuncia de Gonzalo Arenas–,
Leandro Biagini no forma esta vez parte del equipo que evaluador. Varios
académicos de la escuela han señalado a CIPER que la UPV difícilmente
tendrá éxito en esta nueva evaluación. Esto porque según los criterios
establecidos por la CNA, para acreditarse la carrera “debe tener
suscritos los convenios necesarios para la utilización de campos
clínicos, hospitales y consultorios en que se realizarán las actividades
prácticas”. Algo que en las condiciones actuales no se estaría cumpliendo.
AL FONDO DEL RANKING
El año pasado egresó la primera generación de médicos de la UPV. Tras
rendir la versión 2013 del Examen Único Nacional de Conocimientos de
Medicina (Eunacom), la universidad quedó como una de las dos con mayor tasa de reprobación,
junto a la ya desahuciada Universidad del Mar. Era su primera incursión
en la medición que permite al Ministerio de Salud (Minsal) no sólo
evaluar la calidad de la enseñanza de las escuelas de Medicina del país,
sino que también filtrar el ingreso de profesionales a sus
establecimientos: quienes reprueban el Eunacom no pueden optar a cargos
en hospitales, consultorios ni centros públicos de salud.
CIPER solicitó a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile
(Asofamech), entidad encargada desde 2009 del diseño y administración
del examen por mandato del Minsal,
el detalle de los resultados de ese examen, pero nos los negaron. El
argumento fue que después de la filtración de los resultados del examen
en 2012, el Consejo de Decanos de la Asofamech acordó no volver a
informar los resultados que hasta 2011 eran públicos, para así evitar la
excesiva competencia y posibles irregularidades. Desde entonces, los
resultados sólo son comunicados de forma individual a los médicos que lo
rindieron y a las escuelas, sin darles mayor detalle de otros
evaluados. En otras palabras, por decisión administrativa de una entidad
privada los resultados del Examen Eunacom ya no son información
pública.
Que
esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave.
Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que
egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para
desempeñarse en el sistema público y hacer frente al nuevo perfil epidemiológico
que ha desbordado el sistema de salud. También son el principal insumo
para que los estudiantes que postulan a una escuela de Medicina sepan
cuál es el nivel de la educación que en ellas se imparte. Es por eso que
CIPER presentó a comienzos de septiembre un amparo por denegación de
información ante el Consejo para la Transparencia (Rol C1929-14), para
exigir que dicha información vuelva a estar disponible para la
ciudadanía.
Si a los magros resultados en el Eunacom se suma el fin de los
convenios para hacer uso de campos clínicos, la Universidad Pedro de
Valdivia enfrenta una compleja situación para obtener la acreditación de
Medicina. Varios académicos y alumnos manifestaron a CIPER su
preocupación, no sólo por la pérdida de campos clínicos, sino por lo que
ocurre en ellos. Dicen que el bajo nivel técnico y académico de los
alumnos hace que los médicos en estos recintos no les permitan poner en
práctica sus habilidades, por el riesgo que significa para los
pacientes. Se refieren también a modificaciones en las calificaciones
para que los alumnos pasen cursos sin los conocimientos mínimos,
reduciendo así la tasa de retención de la escuela y mejorando sus
posibilidades de competir a futuro para una beca de especialización. Y
señalan un profundo desorden interno, al punto que a comienzos de 2013,
después de casi tres años cursando Medicina y uno como interno en el
Hospital de Talagante, descubrieron que Alexander Bravo, uno de sus
alumnos, había ingresado desde otra universidad a la UPV con documentos
falsos. Es decir, este estudiante de séptimo año de Medicina, que
cursaba su segundo año de internado y que atendía pacientes del sistema
público, no tenía siquiera los conocimientos básicos de los primeros
años de la carrera. El fraude quedó acreditado en un fallo de la Corte
de Apelaciones de Santiago (ver fallo). Bravo fue descubierto por sus propios compañeros. Ningún directivo de la escuela se percató de sus graves falencias.
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