30 de septiembre de 2014
Contratan consultoras asociadas a sus familias utilizando fondos SEP
Entre los grupos más grandes
de sostenedores, incluso más del 90% de la Subvención Escolar
Preferencial que recibe un colegio va a parar a una Agencia de
Asistencia Técnica Educativa (ATE) propiedad del mismo dueño de ese
colegio. Aunque está prohibido por ley, los sostenedores educacionales
más poderosos hallaron la fórmula para hacer negocios con las platas
destinadas a los niños más vulnerables del país.
Según cifras de la
Superintendencia de Educación, los colegios en Chile han destinado, en
promedio, un 9% de las platas que reciben por concepto de Subvención
Escolar Preferencial (SEP) a la contratación de servicios en el ítem
“Asesorías técnicas y capacitación”, los que por ley deben ser
entregados por consultoras especializadas, las llamadas ATE (Agencias de
Asistencia Técnica Educativa).
El Mostrador revisó las rendiciones de gastos de los
colegios pertenecientes a los grupos más grandes de sostenedores
particulares subvencionados que reciben la SEP, aquellos que manejan más
recursos y que cuentan con la matrícula más abultada del sector. Los mismos que, agrupados en la Conacep, se han opuesto con fuerza a la reforma que impulsa el gobierno.
Todos los grupos revisados tienen fines de lucro, y todos superan con
creces el promedio nacional de 9% de la SEP destinado a Asesorías a
través de ATE, las
mismas empresas que han estado en el ojo del huracán por las
indicaciones presentadas por la diputada Yasna Provoste que buscan
prohibirles el fin de lucro.
Por ejemplo, la Escuela Básica N° 128 de San Ramón recibió el 2012
$93.348.968 de Subvención Escolar Preferencial para mejorar el nivel
educacional de sus alumnos más vulnerables. De ese total, destinó
$85.939.540 –el 92,06%– para contratar los servicios de la ATE Fundación
Educacional Gabriela Mistral. El dueño de esa escuela particular
subvencionada es Jorge Cifuentes Narváez, y el dueño de la ATE es su
hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. El negocio queda en familia.
Según la ley, esto no es ilegal, aunque sí tramposo. El lucro con los
fondos SEP está prohibido, pero no la firma de contratos entre colegios
y ATE que sean propiedad de las mismas personas. Según expertos, por
esta vía los sostenedores de colegios han logrado burlar la ley y lucrar
con los fondos destinados a los niños más pobres de Chile.
La Ley SEP, promulgada el 2008, aumentó la subvención para los
estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables del país.
Definió que cualquier niño o niña cuya familia esté inscrita en el
programa Chile Solidario, en el programa de Ingreso Ético Familiar,
dentro del tercio de menor puntaje de la Ficha de Protección Social, o
clasificado en el tramo A de Fonasa, tendrá un mayor aporte por parte
del Estado en su respectivo colegio.
La Escuela Básica N° 128 de San Ramón recibió el 2012 $93.348.968 de Subvención Escolar Preferencial para mejorar el nivel educacional de sus alumnos más vulnerables. De ese total, destinó $85.939.540 –el 92,06%– para contratar los servicios de la ATE Fundación Educacional Gabriela Mistral. El dueño de esa escuela particular subvencionada es Jorge Cifuentes Narváez, y el dueño de la ATE es su hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. El negocio queda en familia. Según la ley, esto no es ilegal, aunque sí tramposo. El lucro con los fondos SEP está prohibido, pero no la firma de contratos entre colegios y ATE que sean propiedad de las mismas personas. Según expertos, por esta vía los sostenedores de colegios han logrado burlar la ley y lucrar con los fondos destinados a los niños más pobres de Chile.
Los sostenedores de los colegios pueden gastar esos recursos en
actividades asociadas al Plan de Mejoramiento Educativo, el que deben
presentar al Mineduc al momento de postular para obtener los fondos SEP.
La idea es que los establecimientos puedan mejorar sus índices de
calidad –medidos a través del Simce–, gracias a los recursos
adicionales. Está prohibido que lucren, o sea, que extraigan ganancias,
con esas platas.
Hace meses que un equipo del Colegio de Profesores detectó que el
gasto que varios colegios destinaban a la contratación de asesorías
externas, a través de ATE, era excesivo. Un equipo docente a cargo de
Mario Aguilar, prosecretario del Magisterio, elaboró una lista con 15
establecimientos que presentan un porcentaje elevado de gasto de platas
SEP en contratación de Agencias de Asistencia Educativa. Puedes revisar ese listado aquí.
A partir de los datos presentados por los profesores, El Mostrador
amplió el abanico y revisó la situación de los colegios a cargo de los
cinco grupos de sostenedores más grandes del país que acceden a fondos
SEP: aquellos que más reciben por subvención y que cuentan con la mayor
cantidad de alumnos a su cargo.
En esta investigación se contrastaron las bases de datos facilitadas
por la Superintendencia de Educación con la información disponible en
los registros públicos del Ministerio de Educación, llegando así a los
porcentajes de fondo SEP que cada establecimiento destinó durante el
2012 a la contratación de una ATE. Además, se rastrearon las ATE
utilizadas, llegando a la conclusión de que en cuatro de los cinco casos
revisados los sostenedores pagaron suculentas sumas de dinero a
empresas cuya propiedad comparten.
LOS HEREDEROS DE FILOMENA
Filomena Narváez es una ex profesora normalista que a inicios de los
90 se involucró en el negocio de los colegios particulares
subvencionados. Junto a su hijo, Jorge Cifuentes Narváez, actualmente
poseen 19 colegios, divididos en dos grupos: los que dependen
directamente de ella y los que están a cargo de su hijo.
Según los datos revisados, los diez colegios en los que Filomena
Narváez está al mando no registran gastos en ATE con la Subvención
Escolar Preferencial durante el 2012, diferenciándose de lo que pasa con
los establecimientos a cargo de Jorge Cifuentes Narváez, cuyos nueve
recintos –con una matrícula de 9.516 alumnos, según cifras entregadas por Ciper Chile– gastaron
buena parte de la SEP en pagar una ATE propiedad de la familia, la
Fundación Gabriela Mistral, la que, a pesar de su nombre, tiene fines
comerciales.
Los datos de la Superintendencia dan cuenta de que solo el 2012 esta
ATE obtuvo $705.732.388, gracias al pago realizado por los seis colegios
de Cifuentes que ese año accedieron a la subvención SEP. De ese grupo,
la Escuela Básica N° 128 de San Ramón fue la que destinó la mayor parte
de esos fondos al pago de ATE, el 92,06% del total. Le siguió el
Complejo Educacional Particular de Las Acacias, que se gastó el 73,43%
de esa subvención especial en pagos a la ATE de la familia.
Más atrás aparece el Colegio Particular N° 2 de Ñuñoa, que ocupó el
69% de las platas SEP en pagos de asesoría; luego, el Colegio Nobel
Gabriela Mistral, 67,98%; Colegio Politécnico Particular Conchalí,
57,77%; y el Colegio Particular N° 1 de Ñuñoa, 54,24%. Aquí puedes revisar la tabla con los colegios de Cifuentes y su gasto en ATE durante el 2012.
La ATE de la familia, Fundación Educacional Gabriela Mistral, es
propiedad de Alejandro Cifuentes Cubillos, hijo de Jorge Cifuentes
Narváez, y se inscribió en el Registro ATE el 7 de septiembre del 2009.
En julio de este año el Ministerio de Educación la sacó del registro
oficial, debido a que no revalidó a tiempo la ficha con su información
general, ni la de sus profesionales, ni tampoco la de uno de los
servicios que ofrecía. Sin embargo, esta decisión no es definitiva y,
apenas la consultora se ponga al día con esa documentación, podrá volver
a formar parte del registro.
Requeridos por El Mostrador, los Cifuentes Narváez no respondieron a los llamados.
EL NEGOCIO FAMILIAR DE OLIVA
Cuando Claudia Peirano fue nominada como futura subsecretaria de
Educación del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, salió a la luz su
participación en la ATE Grupo Educativo, la que había prestado asesoría a
los colegios de su ex marido, el militante DC Walter Oliva. Esta
información le costó el cargo e instaló
en el debate público la participación de diversas personalidades
asociadas al mundo de la educación en estas empresas asesoras.
Pero los vínculos de los colegios de Oliva con alguna ATE propiedad
de sus parientes no se quedan en la empresa que posee su ex cónyuge.
Según los datos de la Superintendencia, una de las consultoras que más
recibió recursos provenientes de la SEP durante el 2012 fue Innovación
Tres, cuya dueña y representante legal es Aurelia Munizaga, la madre de
Walter Oliva. En total, los colegios de su hijo le aportaron
$443.830.500 en solo un año.
De los ocho colegios que posee el DC, solo tres obtuvieron fondos SEP
durante el 2012: Colegio Teniente Dagoberto Godoy, Escuela Particular
Dagoberto Godoy y Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3. Sumados, los tres
recintos tienen una matrícula de 4.758 alumnos y destinaron
$520.507.453 al pago de asesorías ATE. La mayor parte a Innovación Tres.
Desglosado por colegio, el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3 se
gastó el 71,50% de su fondo SEP en pagos a ATE, no muy atrás quedó la
Escuela Particular Dagoberto Godoy con 69,60%, y el Colegio Teniente
Godoy con 66,60%. Puedes revisar aquí las cifras detalladas del gasto.
En Innovación Tres, que funciona en las oficinas centrales de la Red
Educacional Crecemos –a cargo de los colegios de Walter Oliva–, dicen
que su margen de ganancia no supera el 10% “lo cual es inferior a los
márgenes con que operan otras instituciones de asistencia técnica en
educación”.
En la ATE dicen que comenzaron a operar el 2000 con el fin de
potenciar y mejorar la educación que entregan en sus colegios, y que
“desde sus inicios esta prestadora de servicios ha desarrollado sus
áreas de gestión escolar y gestión administrativa, que hacia el año 2010
se certificó como ATE para ampliar y desarrollar de mejor forma el know how
adquirido, aperturando las áreas de gestión curricular, liderazgo y
convivencia. Esta consultora, en conjunto con otras ATE han contribuido
al desarrollo de los PME (Proyecto de Mejoramiento Educativo) de cada
uno de los colegios adheridos a convenios SEP en las áreas previamente
señaladas utilizando sus plataformas humanos, materiales y financieros (sic)”, señalan.
Periódicamente, la Superintendencia les pide a los colegios que han
contratado servicios de ATE que evalúen a las consultoras en una escala
de 1 a 7 en distintos ítems. La evaluación de Innovación Tres oscila
entre el 6,8 y el 7. Quienes ponen las notas son los sostenedores y los
directores de los colegios que las contrataron. Entre las referencias de
la ATE de Aurelia Munizaga aparecen solo los tres colegios de su hijo
que le pagaron servicios durante el 2012.
En el equipo de trabajo de esta empresa aparece Claudia Peirano,
quien ha realizado asesorías de gestión pedagógica a los colegios
Dagoberto Godoy. A pesar de esto, Peirano también los ha asesorado por
fuera mediante la ATE de su propiedad, Grupo Educativo, la que el 2012
recibió $29.700.000 por parte de los colegios de Oliva, y cuyas notas de
evaluación van desde el 6,7 al 7.
Grupo Educativo también ha prestado asesorías a los colegios José
Abelardo Núñez, en los que se repite la lógica de alto gasto en ATE que a
su vez son propiedad de la familia dueña de los establecimientos.
LA RED “JAN”
La red de educación José Abelardo Núñez (JAN) cuenta en la actualidad
con más de 6 mil estudiantes en sus cinco colegios, ubicados en las
comunas de El Bosque, Huechuraba, San Bernardo y Puente Alto. El
profesor normalista Francisco Salazar comenzó a levantar la red en 1978
con la creación del primer establecimiento de su propiedad. Según los
datos de la Superintendencia, tres de sus colegios gastaron $253.175.073
en pagos a ATE durante el 2012. La mayor parte de los gastos fue a
parar a la consultora de Francisco Salazar Parra, hijo del dueño de la
red.
También en este caso los porcentajes de gasto en Asesoría Técnica y
Capacitación por parte de los colegios de la red sobrepasan por mucho el
promedio nacional de 9%. El Centro Educacional José Abelardo Núñez N° 1
destinó el 66-69% de sus platas SEP al pago de ATE; la Escuela Básica
José Abelardo Núñez N° 3, el 53,43%; el Colegio Particular José Abelardo
Núñez, el 43,52%; y el Colegio José Abelardo Núñez Murúa, el 14,94%. Revisa aquí el detalle del gasto de estos colegios.
La mayor cantidad de recursos de los colegios José Abelardo Núñez fue
a parar a la ATE Asesoría en Gestión Escolar DGE, de propiedad del hijo
del dueño, Francisco Salazar Parra. Esta consultora, que ofrece 46
tipos de asesoría distintos en el registro de la Superintendencia, ha
colaborado también con otros establecimientos, como el Colegio
Polivalente José Abelardo, de Huechuraba, y la Escuela Particular San
Guillermo, de Puente Alto. Su evaluación oscila entre el 6,9 y el 7.
El dueño de DGE, Francisco Salazar, no quiso hacer mayores comentarios a El Mostrador:
“La consultora que represento asesora, tal cual como lo permite la
legislación vigente, a esta y otras instituciones. En virtud de la
confidencialidad que nos exigen nuestros clientes respecto de los
servicios que prestamos no haré más comentarios”.
De forma complementaria, los colegios JAN también contrataron los
servicios de otra ATE, Aptus –sin fines de lucro–, dependiente de la
Sociedad de Instrucción Primaria, de Patricia Matte, y de la Fundación
Raimundo Solari, propiedad de la familia controladora de Falabella.
Aptus atiende a más de 150 colegios en todo el país, y solo de los
colegios José Abelardo Núñez recibió $187.741.424 el 2012.
LA MULTITUD DE LOS HASBÚN RAMÍREZ
Los colegios asociados a la familia Hasbún Ramírez son 19, con más de
20 mil alumnos, constituyen la red más grande dentro de los
particulares subvencionados. De ese total, once establecimientos
recibieron Subvención Escolar Preferencial durante el 2012. Esos once
colegios agrupan a 14.577 estudiantes, según la información dada a
conocer por Ciper Chile.
Los porcentajes de los fondos SEP que los colegios Hasbún Ramírez
destinaron a pagar asesorías de ATE varían entre el 29% y el 79%. Todos,
sobre la media nacional de 9%. El que más dinero gastó en este ítem fue
el Complejo Educacional San Alfonso, con el 79,96%, seguido por el
Colegio Polivalente Saint Orland, con el 69,73%, y la Escuela Básica
Tomás Moro con el 63,38%. Revisa aquí el listado completo.
Este grupo de colegios es el único cuya ATE no aparece ligada
directamente a la familia controladora. Todos los colegios investigados
utilizaron los servicios de la consultora Asesorías Pedagógicas de
Chile, cuyo representante legal es Cristian Prieto Díaz, y su encargado
de inscripción en el registro de la Superintendencia es Víctor Bencini
Vernik, quien al ser consultado por El Mostrador no
quiso entregar mayores detalles sobre su trabajo y tampoco respondió si
tenían algún tipo de vínculo personal con la familia dueña de los
colegios: “Nuestro trabajo está orientado a entregar asesoría técnica a
los colegios. No haré ningún tipo de comentario al respecto”.
Esta ATE recibió el 2012 $607.252.605 por parte de los colegios de la familia Hasbún Ramírez.
CEMSU EDUTEP
El grupo de colegios Cemsu Edutep, de propiedad de los hermanos Jorge
y David Valenzuela Rudy, además de Leyla Armijo, posee cinco colegios,
de los cuales dos recibieron fondos SEP durante el 2012: Colegio San
Sebastián de Quilicura y el Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre.
El primero gastó el 38,07% de su subvención SEP en pagos a ATE,
mientras el segundo destinó el 45,07% al mismo ítem. En total,
$122.947.500 que fueron a parar a la consultora Aseduc, cuya propiedad
posee en un 33% Guillermo Valenzuela Rudy, hermano de los dueños de los
colegios.
En el Registro ATE de la Superintendencia no aparecen evaluaciones
para esta consultora, aunque sí los cinco servicios que ofrece: asesoría
en el mejoramiento de procesos institucionales, diagnóstico de
aprendizajes claves, monitoreo a la gestión del plan de mejoramiento,
resolución de conflictos y “mejoremos para construir”.
En Aseduc no respondieron los llamados de El Mostrador.
EL “DESPELOTE”
La fiscalización de cómo se gastan los fondos SEP por parte de los
colegios ha estado en la mira de las autoridades desde hace años. El
último intento fiscalizador es de la Cámara de Diputados, la que
constituyó una Comisión Investigadora para indagar el destino de
millonarios recursos fiscales destinados a platas SEP, las que han sido
mal utilizadas por los municipios, según advirtió la Contraloría.
Fue en una de las sesiones de esta comisión que el Contralor General
de la República, Ramiro Mendoza, aseguró que en este tema “hay una
cultura del despelote”, y que el Mineduc fiscaliza “en la medida de lo
posible”. Pese a que la Comisión se constituyó solo para revisar lo
sucedido en la educación municipal con estos recursos, sus integrantes
acordaron preguntar en la Sala respecto a poder ampliar sus facultades e
investigar lo que sucede con estos recursos en la educación particular
subvencionada.
El jefe de la División de Educación General del Mineduc, Gonzalo
Muñoz, asegura que “hoy el marco legal permite que a través de una ATE
los sostenedores lucren con recursos públicos, y es por eso mismo que el
proyecto de ley enviado al Parlamento prohíbe las operaciones entre
entes relacionados, condición esencial para frenar esta situación”.
Asimismo, Muñoz indica que “como MINEDUC ya estamos trabajando en el
diseño de un sistema de certificación de la calidad de las ATE, pues
creemos que la pertinencia y calidad de estos apoyos, salvo algunas
excepciones, es un desafío pendiente”.
Entre el Mineduc y los parlamentarios de la Nueva Mayoría que son
parte de la Comisión de Educación de la Cámara existe una diferencia
respecto a si las ATE pueden o no tener fines de lucro. Fuentes del
Ministerio aseguran que mientras no existan vínculos entre los dueños de
los colegios y los dueños de las consultoras, no habría problema, pero
los diputados rebaten que, si se deja abierta la posibilidad de hacer
negocio, los sostenedores podrían encontrar alguna fórmula para burlar
la ley, como “intercambiar ATE”.
El experto en educación, y asesor del Mineduc en la redacción de
leyes, Cristián Bellei, plantea que el problema no es la existencia de
las ATE, sino que estas sean propiedad de los mismos sostenedores de los
colegios: “La noción de que las escuelas reciban servicios de asesoría
técnica educativa externa, ya sea de las universidades, centros
académicos independientes, fundaciones, consultoras o expertos
individuales, como complemento para sus proyectos de mejoramiento
escolar, es una buena idea. Pero esta idea se desnaturaliza si son los
propios sostenedores o empresas relacionadas las que se ‘autoasesoran’”,
asegura el investigador del Centro de Investigación Avanzada en
Educación de la Universidad de Chile.
Bellei cuestiona además el proceso de evaluación para las ATE que
utiliza el sistema: “La propia ley SEP solicita a los usuarios que
evalúen estos servicios, para ver si permanecen autorizados por el
Mineduc para ser contratados con fondos SEP. ¿Qué autonomía u
objetividad tiene esa evaluación cuando son empresas del propio
sostenedor?”, se pregunta.
El dirigente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar,
sostiene que se debe endurecer la norma para evitar que los fondos SEP
se desvíen de su objetivo inicial, que es mejorar la calidad de la
educación de los niños más pobres: “Cuando un sostenedor gasta más del
70% de las platas SEP en una ATE que es de él mismo, les está robando
esa plata a los niños vulnerables, y además está lucrando y violando la
norma de la Ley SEP. Esto demuestra que el lucro tiene muchas aristas y
que. ahora que se está debatiendo el tema del lucro, no vemos suficiente
firmeza en la norma que se está discutiendo en el Congreso para que sea
algo efectivo. Las ATE son un ejemplo de ello, porque son una forma de
desviar recursos”, plantea el dirigente.
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