Por Carlos Figueroa*
¿Por dónde empezar? Seguramente esta es la pregunta que muchos de los actores involucrados e interesados en los cambios en la educación nos estamos haciendo en este momento. De las innumerables promesas y desafíos, ¿cuál debería venir primero? ¿Cuáles son las más urgentes, las más prescindibles o las más conflictivas? y ¿qué grado de participación tendremos los actores sociales en la discusión? Estas y otras preguntas, que remiten a la necesidad de una estrategia para lograr los cambios, son también preguntas que seguramente el nuevo Ministro y sus colegas están pensando.
En Educación 2020 proponemos que desde el primer día se instaure una épica, un relato y un compromiso con la aprobación de proyectos concretos que puedan tener un impacto relativamente rápido en un tema tan crucial y tan urgente como lo es la Educación Pública.
Frente a la estrepitosa caída de la matrícula en la educación escolar pública en las dos últimas décadas (que hoy llega al 36%) y de la paupérrima presencia del Estado en la educación superior (con nula presencia en la educación técnica y sólo un 15,6%[1] de representación pública en la totalidad de la matrícula de educación superior), urge un plan de renovación e inversión en la Educación Pública, que la devuelva al lugar que le corresponde en la entrega de un derecho social que es responsabilidad, en primer lugar, del Estado. Y, junto a ello, cumplir con la promesa enunciada en el programa de la Presidenta electa de que “el Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol fundamental en cada nivel educacional. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación de calidad, fortaleciendo la educación pública, entregando garantías explícitas y exigibles a ciudadanos y ciudadanas” (Programa MB, p. 16).
En la práctica, ello significaría que todas las medidas y todos los proyectos de educación de los 100 primeros días tengan el relato y la perspectiva de fortalecer la Educación Pública. La construcción de 5 Centros de Formación Técnica estatales, el plan de acceso equitativo para la educación superior, la construcción de 2 universidades estatales en regiones y la entrega del plan de construcción de las primeras 500 de 4.000 salas cunas, todas ellas podrían inscribirse en un discurso que levante y le dé una nueva cara a la Educación Pública.
Lo mismo es posible con los anuncios que sigan, entre los cuales se cuentan los fondos de aporte basal y fondo de apoyo permanente para las universidades estatales, el destrabe de las normativas que le impiden a las instituciones del Estado crecer en su matrícula o endeudarse en el largo plazo, el fin del impedimento legal de la participación estudiantil, y la articulación de un plan nacional de centros de entrenamiento públicos que combinen la labor de los CFT e IP privados y públicos con las necesidades locales de producción. Un sinónimo de un verdadero nuevo trato del Estado con sus instituciones en la educación superior.
Para la educación escolar, vendría bien una épica similar, que proponga una Educación Pública del siglo XXI, que remodele su infraestructura y equipamiento. Se trata de hacer de todos los colegios de Chile liceos emblemáticos y acabar con la segregación implementando un plan que asegure el crecimiento de las matrículas de todos los colegios municipales, mientras pensamos cómo hacemos para desmunicipalizar.
Se necesita de metas ambiciosas, como por ejemplo, llegar al 50% de matrícula pública para el 2025 y para eso es fundamental que los chilenos nos sintamos orgullosos de nuestra Educación Pública. Por eso es tan necesario generar una épica, un relato que le hable a los ciudadanos y ciudadanas de los sueños que tenemos como país, un relato que nos convoque.
Hoy, en plena disputa de qué es lo público, de si ello tiene que ver con la propiedad o no, si tiene que ver con las fuentes de financiamiento o con el rol que cumplen las instituciones en la sociedad, es necesario pensar que esa discusión sólo puede darse de manera justa en la medida en que exista una Educación Pública que esté a la altura del debate y que cumpla con la obligación de dar una educación gratuita, republicana, de calidad y sin discriminación ni segregación.
El peligro que se corre es que este debate permanezca siempre en el olvido o que se vuelva infructuoso e injusto cuando se critique a la Educación Pública sin tomar en cuenta las condiciones históricas desiguales en las que se encuentra respecto a la educación particular.
La necesidad de una estrategia educacional, de elegir bien los momentos en los cuales una ley sale a la discusión pública, el timming para lograr su aprobación, el grado de participación de los actores en cada discusión, las reformas más urgentes y los proyectos que generarán mayor controversia son algunas de las cosas que tendrá que tener en mente el Ministro a la hora de proponer un itinerario para la gran reforma educacional. Pero el mayor desafío es lograr una épica, la participación y restauración de la confianza con la ciudadanía. Qué mejor para ello que comenzar con la Educación Pública.