18 de febrero de 2014
Gonzalo Molina, socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz
En los últimos días el rector
de la Universidad de Chile ha criticado duramente el rol de la ministra
de Educación frente a los cuestionamientos por lucro que enfrenta el
grupo Laureate y sus universidades, preguntándose si existe alguna
situación que inhiba a la secretaria de Estado a ordenar una
investigación formal del Mineduc. La respuesta podría estar relacionada
con el hecho de que su esposo es parte del bufete con el que el grupo
educativo internacional mantiene una antigua relación y que, en 2008,
actuó como asesor en la compra de tres de sus planteles.
“¿Estamos en presencia o no
de algo que le impida o inhiba a ella ordenar el inicio de una
investigación formal del Ministerio de Educación respecto de la
compra-venta de la marca y de los estudiantes?”, se preguntaba el rector
de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en una entrevista a La Segunda
en la que aludía a la falta de medidas de la ministra Carolina Schmidt
frente a la serie de cuestionamientos que enfrenta la Universidad de
las Américas y su sostenedor Laureate.
Cuestionamientos que provienen de diversos flancos: hace una semana
el Consejo Nacional de Educación (CNED), además de rechazar la
acreditación del plantel, señaló sus reparos sobre la pertinencia y utilidad de los contratos con Laureate y envió los antecedentes al Mineduc.
Anteriormente, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) –cuando en
octubre y noviembre rechazó en primera y segunda instancia reacreditar a
la universidad privada, que cuenta con una matrícula total de unos 30
mil alumnos– detectó que el 24% de las operaciones de la casa de
estudios correspondían a transferencias a Laureate. “Los pagos a
empresas controladoras representan un 12% de los costos operacionales
totales anuales en el período 2006-2012 y corresponden a servicios de
apoyo educacional, administrativos y derechos de propiedad intelectual”,
detalló en su informe.
Al respecto, el presidente de la CNA, Matko Koljatic, se refería hace
unas semanas a la no acreditación de la UDLA argumentando que “más del 20 por ciento de sus gastos van a Laureate, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto educativo”.
La Fiscalía también está tras los pasos de Laureate. De hecho, tres de sus planteles están siendo investigados por lucro.
Según salió a la luz en diciembre pasado, el Ministerio Público
agregó a esta investigación una nueva arista, relacionada al envío de
recursos por parte de sus universidades al grupo controlador, lo que
podría constituir un nuevo tipo de mecanismo para eludir la ley en Chile
y lucrar con la educación. En el caso de la Universidad de Las
Américas, los montos depositados en las cuentas de Laureate ascendieron a
US$18 millones, según constató un informe de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI, que se encuentra en poder del fiscal Carlos
Gajardo hace más de un mes.
Además, la investigación de la Fiscalía también considera el traspaso
de recursos de las otras universidades del grupo. Según consignan los
estados financieros de la Universidad Andrés Bello, entre el 2011 y 2012
el plantel le ha traspasado más de US$30 millones, principalmente a
través de la compra de servicios como asesorías computacionales y cursos
de inglés. El traspaso de los montos se realizó a través de sociedades
relacionadas a la universidad, como Laureate Chile II SpA, Laureate T BV
y Laureate Education Inc.
Otra de las instituciones de propiedad de Laureate en Chile, la
Universidad de Viña del Mar, también registra traspaso de dineros. Entre
el 2010 y el 2012 depositó cerca de US$15 millones en las cuentas de la
sociedad transnacional, que en el mundo está a cargo de la educación de
más de 600 mil personas y que cuenta, entre sus asesores, al ex
presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
En medio de este complejo escenario, el rector Pérez calificó de “muy
grave” el silencio de la ministra, “porque estamos ante un caso que
podría implicar la violación a la ley chilena, el mal uso de dineros
públicos y un engaño a los estudiantes chilenos. Ya es hora de que la
ministra aborde directamente el tema y deje de mirar para el lado”.
El silencio de Schmidt podría tener nombre y apellido: Gonzalo
Molina, abogado del bufete que asesora al grupo Laureate y marido de la
secretaria de Estado.
La situación fue sacada a la luz por El Mostrador apenas asumió la ex ministra del Sernam en reemplazo del destituido Harald Beyer.
El marido de la ministra
El esposo de Schmidt es socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz.
Bufete que mantiene una antigua relación con el grupo educacional
Laureate: en 2008 asesoró a Laureate cuando adquirió las Universidades
de Las Américas, Andrés Bello y el Instituto AIEP a un grupo de
empresarios encabezados por Juan Antonio Guzmán (designado por este
gobierno como presidente del Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico y
casado con Paulina Dittborn, hermana del subsecretario de Hacienda,
Julio Dittborn, y ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación,
además de ex prorrectora de Las Américas), Álvaro Saieh (controlador de
CorpBanca), Jorge Selume (director de Corpbanca) y Andrés Navarro.
Apenas unos días después de asumir el cargo, Carolina Schmidt se refirió al vínculo que une a su marido con Laureate, señalando que ”soy una convencida de que todas las autoridades debemos tener niveles de transparencia y niveles de probidad mayores de los que se les exigen al resto de la ciudadanía. Y es por eso y a pesar de que no existe ninguna incompatibilidad legal ni conflicto de intereses, mi marido, el mismo día que yo asumí, mandó por escrito una carta anunciando que él no tiene que ver y no va a ver nada que tenga que ver con universidades”.
El lunes 22 de abril de 2013, y a pocos minutos de haber asumido su
esposa en la polémica cartera de Educación, Gonzalo Molina enviaba un
correo electrónico interno a los socios del
estudio jurídico Barros y Errázuriz, explicándoles que desde ese minuto
se abstendría de participar en cualquier causa que lo vinculara al
grupo Laureate.
Según fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la
Fiscalía Oriente en torno a diversos planteles ligados al grupo, el
estudio al que pertenece Molina asesora a dicha transnacional educativa
en lo relacionado con la investigación y estos son sus abogados
corporativos hace muchos años.
Apenas unos días después de asumir el cargo, Carolina Schmidt se
refirió al vínculo que une a su marido con Laureate, señalando que ”soy
una convencida de que todas las autoridades debemos tener niveles de
transparencia y niveles de probidad mayores de los que se les exigen al
resto de la ciudadanía. Y es por eso y a pesar de que no existe ninguna
incompatibilidad legal ni conflicto de intereses, mi marido, el mismo
día que yo asumí, mandó por escrito una carta anunciando que él no tiene
que ver y no va a ver nada que tenga que ver con universidades”.
Frente al emplazamiento de Víctor Pérez, el ministro (s) de la
cartera, Fernando Rojas, salió a responderle, asegurando que “el rector
de la U. de Chile se pregunta cuál es la respuesta del Mineduc frente a
las eventuales infracciones a la ley que señala que las universidades
son entidades sin fines de lucro. La respuesta del ministerio ha sido
siempre clara y la misma. Las Universidades no pueden tener fines de
lucro, se debe cumplir la ley, y tiene que existir completa
transparencia en todos los ámbitos, incluyendo los financieros”.
Rojas, agregó que actualmente los antecedentes sobre las
instituciones de Laureate están siendo analizados por la secretaría de
Estado, explicando que “respecto a la Universidad de las Américas y
Andrés Bello, cuando la CNA envió información al ministerio sobre
operaciones que sugería revisar, en primer lugar se remitieron los
antecedentes a la División de Educación Superior, para que ella
estudiara y recopilara más información, dentro de las limitadas
facultades que le otorga la ley. Asimismo, el Ministerio envió todos los
antecedentes a la Fiscalía, que es quien hoy lleva diversos procesos en
esta materia”.
Ninguna autoridad de la cartera ha hecho alusión por estos días al
vínculo de la ministra con el estudio encargado de asesorar la compra de
estas instituciones por parte de Laureate.
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