El Leviatán neoliberal y la paradoja del programa de Bachelet en Educación

Columnas

14 de febrero de 2014

Miguel Órdenes

Investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales.

De manera inédita en las últimas décadas en Chile, un programa de gobierno se plantea como meta la regulación de los alcances del mercado en la provisión de un servicio público: en este caso, educación. En el centro del debate se instaló la idea de que el acceso a la educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. La inclusión de este principio en el programa de gobierno y de las medidas asociadas (fin al lucro, gratuidad y calidad) representan dos de los logros más sustantivos del movimiento estudiantil en los últimos años. Si bien este es un logro de un valor inconmensurable, los aires reformistas enfrentarán una de las batallas más duras: la lucha en contra del Leviatán neoliberal. Esto es, un sistema que se vale del mercado y del Estado como una manera única de regulación (y control) de la sociedad civil (usando la definición del maestro Wacquant).

Desde principios de los ochenta, a través del mundo se ha instalado la idea de que las burocracias estatales deben ser reguladas por criterios similares a los que rigen a las instituciones privadas. La idea general fue hacer más costo-efectiva la administración del Estado, gobernando este último como si fuera una empresa. La literatura especializada llama a esta dinámica el “management público”. La implementación de esta nueva lógica implicó la aplicación de tres mecanismos de gobernanza: competencia, descentralización y privatización. A través de esta dinámica, el Estado retrocede en la provisión de servicios públicos, dejando al mercado como el principal mecanismo de provisión de estos servicios a la sociedad civil. En Chile la historia es conocida, la creación de las AFP, el florecimiento de las Isapres y la emergencia de la educación subvencionada y de las universidades privadas. Subrepticiamente, esta dinámica además permitió beneficiar más a unos grupos sobre otros, con la agravante de que los beneficiarios de esta modernización paulatinamente se tomarán el aparato del Estado para asegurar y potenciar sus fortunas. Es así como tenemos un mercado omnipresente y un Estado que opera como un instrumento de protección del mercado, ambos operando como un solo cuerpo en el control de la sociedad civil: el Leviatán neoliberal.

En los tiempos en que el mercado ha colonizado la cosa pública, la voz de la sociedad civil se hace imprescindible para la consolidación de un orden más justo. El viejo Estado garante de derechos, lamentablemente ya expiró. Sin embargo, una sociedad civil activa, informada y movilizada es la única fuerza que puede desafiar al poder hegemónico del Leviatán neoliberal y, de esta forma, impulsar cambios no sólo en la medida de lo posible, sino que en la medida de lo necesario.

El programa de Bachelet precisamente plantea la exclusión de esta lógica del sistema educativo chileno, pero ¿cómo es eso posible para una clase política que protegió, profundizó y se benefició del actual modelo de desarrollo? (esto no sólo se restringe a la Nueva Mayoría, sino que a todo el espectro político). Puesto de manera más abstracta: ¿cómo es posible que el Estado le arrebate al mercado la coordinación de los servicios públicos, siendo que el mismo Estado ha sido garante y protector de la dinámica de mercado? Siguiendo este razonamiento, esto es sólo posible si el Estado se niega a sí mismo en su identidad contemporánea, lo cual deviene paradójico. En este marco, las tensiones ya saltaron a la vista con los nombramientos de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación.

La designación de Nicolás Eyzaguirre y de la renunciada Claudia Perirano como ministro y subsecretaria, respectivamente, ilustran la paradoja del programa de Bachelet. Por ejemplo, inspirado en las ideas del “management público”, el futuro ministro fue el autor del Crédito con Aval del Estado (CAE), es decir, descentralizó la tarea de financiamiento de estudios superiores para dejarla en manos de las instituciones financieras privadas (los resultados desastrosos ya son conocidos). En el caso de la renunciada subsecretaria, pareciera ser más difícil. Peirano aparecía involucrada en asesorías entre instituciones privadas (ATES y escuelas subvencionadas) vinculadas por estrechos nexos familiares; asimismo, fue acusada de estar en contra de la gratuidad en educación. Para el futuro ministro el programa de Bachelet le plantea una contradicción ideológica. En el caso de la subsecretaria, además de un problema ideológico, también se le planteó un conflicto de interés. ¿Cuánta legitimidad, credibilidad y libertad tendrán las nuevas autoridades para conducir una reforma que apunta al corazón del Leviatán neoliberal? En vista de los hechos, al parecer no mucha. Lo más preocupante es que aparentemente muy pocos –o tal vez nadie– estaría libre de pecado entre las filas de la Nueva Mayoría.

¿Qué nos queda entonces? ¿Cómo superar la encrucijada del programa de Bachelet? ¿Cómo se restituye un servicio público para que garantice derechos civiles más que para satisfacer necesidades de oferentes y consumidores?, la respuesta es clara: con la sociedad civil, en este caso, el movimiento estudiantil. En los tiempos en que el mercado ha colonizado la cosa pública, la voz de la sociedad civil se hace imprescindible para la consolidación de un orden más justo. El viejo Estado garante de derechos, lamentablemente ya expiró. Sin embargo, una sociedad civil activa, informada y movilizada es la única fuerza que puede desafiar al poder hegemónico del Leviatán neoliberal y, de esta forma, impulsar cambios no sólo en la medida de lo posible, sino que en la medida de lo necesario.