La agenda educacional de estos últimos días ha estado marcado por el nombramiento de Claudia Peirano en la subsecretaría de educación y su posterior declinación producto de los reparos que desde el movimiento social aparecieron. Sin embargo y a pesar de que mucho se habló del tema, conviene volver a preguntarse qué era lo realmente impresentable de su nominación.
Se habló de conflicto de interés debido a que la susodicha es dueña de una agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE), lo que efectivamente significaba que en el desempeño de sus funciones podría tomar decisiones que afectaran directamente el futuro de su negocio (la ley permite que las ATE sean un negocio). Sin embargo, nunca se manejó como una opción plausible que Peirano se desvinculara de dicha agencia, lo que comúnmente es una solución para los conflictos de intereses. ¿Cuál era entonces el problema realmente? Tampoco lo fue, sin duda, el vínculo existente con su ex-marido Walter Oliva; lo que, dicho sea de paso, es abiertamente machista sostener.
En mi opinión, lo realmente problemático del nombramiento de Claudia Peirano no se relaciona con uno u otro estándar de probidad administrativa sino que era un problema estrictamente político: Bachelet centró su campaña en el cambio, Peirano representa la continuidad. La encrucijada era, por tanto, de Bachelet. ¿Quiere renunciar tan rápido la presidenta electa, aún sin siquiera haber asumido, al gran relato de su campaña? Ya sabemos la respuesta. Lo mismo podría decirse -y se ha dicho- del futuro ministro Nicolás Eyzaguirre. Lo que sin duda será un conflicto permanente a la hora de discutir la reforma educativa del nuevo gobierno.
En efecto, el problema en cuestión es una disputa contra el actual modelo de educación. No es casualidad entonces que hayan vuelto a aparecer los viejos argumentos del establishment político para defender la nominación: “el gobierno no puede ceder a grupos de presión, lo hace débil” o, en la defensa de José Joaquín Brunner al nombramiento, “hay un narcisismo en el movimiento estudiantil”. Cuando en realidad, es aquél establishment el grupo de presión más minoritario del país, que toma decisiones a veces sin siquiera sostener un cargo formal, con el sólo peso de su supuesta autoridad ¿existe algo más narcisista que eso?
Hoy la crítica a estas políticas educativas -¡ojo, no sólo a la “forma” de hacer política, si no a las políticas mismas!- es compartida por amplios sectores de la sociedad chilena. Crítica que por lo demás, se ha articulado propositivamente tras la de idea de concebir la educación como un derecho social universal. Por tanto, existen condiciones para que dialoguemos y construyamos un nuevo consenso democrático en educación, una decisión soberana sobre cómo queremos que sea nuestro modelo educativo. En dicho diálogo por supuesto que todos tienen algo que decir, pero para ello sería más saludable que en vez de realizar ataques oblicuos al movimiento estudiantil, los representantes del establishment político -y quienes defendieron a Peirano- defiendan lo que creen, defiendan el mercado.
* Sebastián Aylwin Correa es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Senador Universitario