En
estado de alerta se mantiene la comunidad educativa del Liceo
Industrial Armando Quezada Acharán, ante la amenaza de privatización que
pesa sobre aquel tradicional establecimiento, el cual se encontraría
pronto a cambiar de sostenedor para ser traspasado a la Universidad de
Magallanes. Esto, a espaldas de sus trabajadores y alumnado, en virtud
de la alianza estratégica suscrita por el municipio con aquella casa de
estudios superiores.
En la tarde de viernes los delegados del Liceo Industrial se reunieron con el alcalde Emilio Boccazzi, y el secretario general interino de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Hermes Hein, a quienes les consultaron sobre esta situación. Si bien ellos dijeron que no era un traspaso, Hein habría mencionado una ley que vence el 30 de abril, que puede ser invocada por las corporaciones municipales aquejadas por crisis económicas, la cual permitiría a entes particulares poder hacerse cargo de aquellos colegios que, como el Industrial, actualmente generan déficit a los sostenedores.
Aun cuando este establecimiento magallánico le genera 30 millones mensuales de déficit al municipio, para los voceros del liceo ésta no sería la medida indicada para revertirlo, ya que implicaría cerrar un establecimiento donde laboran 65 funcionarios y que atiende a 450 alumnos, en su mayoría vulnerables y quienes no podrían pagar un colegio subvencionado, como el que se pretendería implementar. Todo ello, en abierta contradicción con la promesa de educación gratuita planteada por la Presidenta electa Michelle Bachelet.
Además se cuestiona que el alcalde le entregue “en bandeja” a la Umag un colegio donde en el último año se invirtieron 1.900 millones de pesos en maquinarias nuevas para poder entregarle una mejor educación a estos jóvenes.
En la tarde de viernes los delegados del Liceo Industrial se reunieron con el alcalde Emilio Boccazzi, y el secretario general interino de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Hermes Hein, a quienes les consultaron sobre esta situación. Si bien ellos dijeron que no era un traspaso, Hein habría mencionado una ley que vence el 30 de abril, que puede ser invocada por las corporaciones municipales aquejadas por crisis económicas, la cual permitiría a entes particulares poder hacerse cargo de aquellos colegios que, como el Industrial, actualmente generan déficit a los sostenedores.
Aun cuando este establecimiento magallánico le genera 30 millones mensuales de déficit al municipio, para los voceros del liceo ésta no sería la medida indicada para revertirlo, ya que implicaría cerrar un establecimiento donde laboran 65 funcionarios y que atiende a 450 alumnos, en su mayoría vulnerables y quienes no podrían pagar un colegio subvencionado, como el que se pretendería implementar. Todo ello, en abierta contradicción con la promesa de educación gratuita planteada por la Presidenta electa Michelle Bachelet.
Además se cuestiona que el alcalde le entregue “en bandeja” a la Umag un colegio donde en el último año se invirtieron 1.900 millones de pesos en maquinarias nuevas para poder entregarle una mejor educación a estos jóvenes.
