Las respuestas fueron conseguidas a través de las oficinas de las
secretarías regionales ministeriales (SEREMI) de Gobierno y los
“infobuses” de la División de Organizaciones Sociales (DOS).
Considerando esas limitaciones, las personas consultadas respondieron en
un 81 por ciento que conocen la Ley Zamudio, que entró en vigencia el
año pasado.
El 69% de los consultados dice que no ha discriminado
arbitrariamente, y un 31 por ciento reconoce que sí. El modo de hacerlo
es ignorar, omitir o excluir a alguien; luego a través de la burla
reiterada y el insulto verbal. Así lo dio a conocer el subsecretario
general de Gobierno, Mauricio Lob.
“En las forma que las personas reconocen haber utilizado para
discriminar, la mayoritaria es ignorar, omitir o excluir a alguien que
es un 72% de quienes participaron de la consulta quienes dicen haber
discriminado de esa manera. También están las burlas reiteradas, los
insultos”, aseguró el subsecretario.
Los lugares señalados como aquellos donde más se discrimina son:
calles, plazas y parques. En segundo lugar están los establecimientos
educacionales. Luego está el propio hogar familiar o la casa de
amistades. Más atrás se registra a los lugares de entretención, el lugar
de trabajo, y los terminales de buses.
El 52 por ciento de los que respondieron la consulta dijo que sí se
ha sentido discriminado y ante ello la principal causa es apariencia
personal, ideología u opinión política, y la nacionalidad. A este
respecto, el Gobierno fue consultado por el proyecto legal que impulsa
en el Congreso para fijar el requisito de residencia de dos años para
que los migrantes puedan acceder a prestaciones gratuitas de salud,
siendo que hoy no existe tal condición. Sobre esto habló la ministra
secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez.
“Hasta ahora no había un proyecto de ley que abordara esa carencia
sobre el tema de los migrantes, y eso es lo importante. Hoy sí existe el
proyecto y está la discusión. El resultado de esa discusión será propio
del trabajo técnico legislativo que haga el Congreso como le
corresponde por ley” dijo la Secretaria de Estado.
Los lugares donde menos se discrimina son las instituciones públicas,
pero entre quienes se han atendido en éstas, el 46% dice haberse
sentido discriminado o discriminada. Esto sucede cada vez más a medida
que se avanza en edad. Los lugares críticos en este sentido son, en
primer lugar, los hospitales públicos, los centros de salud familiar y
los consultorios municipales. Luego las escuelas y liceos públicos, y
también, entre las instituciones que discrimina más, está Carabineros y
la Policía de Investigaciones.
La consulta no consideró la situación de servicios públicos prestados
por empresas privadas, como administradoras de fondos de pensiones
(AFP), sanitarias, eléctricas, telefónicas, gas, etc.
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