La
falta de regulación y fiscalización de la Educación
Tecnico-Profesional, cuyos alumnos provienen en un 64,7% de los dos
menores quintiles de ingresos, es analizada en esta columna por un
investigador del Centro de Estudios de la Fech, el que afirma que el 40%
de sus egresados nunca se titula, otro 40% no logra desempeñarse en lo
que estudió y no continúa estudios superiores y apenas un 20% logra
encontrar empleo en el área en que se formó. Y concluye: “No se puede
permitir que los recursos del Estado se sigan invirtiendo sin asegurarse
que el aporte fiscal se destine e invierta sólo y únicamente para
mejorar y asegurar la calidad de la enseñanza que se imparte”.
Hace un par de meses, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la eliminación de nueve especialidades en liceos técnicos
con el fin de modernizarlas y aumentar su coherencia con las demandas
actuales del mercado. La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ha estimado
en aproximadamente 600 mil el déficit de técnicos profesionales,
lo que, en vista y consideración del rol clave que han de cumplir tanto
para el desarrollo social como para la innovación y producción del
país, implica la necesidad de ampliar y fortalecer tanto la Educación
Media Técnico-Profesional (EMTP) como la impartida a nivel superior.
En un contexto en donde la desregulación y el lucro en las
Instituciones de Educación Superior (IES) es cada día más patente a
través de empresas relacionadas, inmobiliarias y subterfugios legales
(del cual la investigación de CIPER al Instituto Profesional Valle Central es un claro ejemplo), se hace necesario que el debate público se centre también en la calidad y regulación de la Educación Técnico-Profesional.
Principalmente, la de los Centros de Formación Técnica (CFT) e
Institutos Profesionales (IP), casas de estudios que albergan a 414.205
estudiantes, el 40% de la matrícula de pregrado en la Educación
Superior, según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED) .
EL ABANDONO DE LA CALIDAD
Desde 1990 en adelante se han materializado diversos procesos de
acreditación en la educación superior chilena –Consejo Superior de
Educación (CSE), Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, (CNAP),
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(SINAC-ES)-. Sin embargo, y tal como lo refleja un reporte de la OCDE
para el año 2012, desde 1990 todos estos procesos se han llevado a cabo
sobre la base de la voluntariedad.
Actualmente, de las 164 instituciones de Educación Superior
existentes en Chile, el 63,4% corresponden a CFT (59) e IP (45). Sin
embargo, tan solo un 44% de los IP están acreditados o en proceso de
acreditación; en los CFT, según datos del CNED,
dicha cifra no supera el 21%, a diferencia del sector universitario en
donde la cifra asciende a un 85%. A pesar de ser la principal fuente de
Educación Superior en Chile en cuanto a la oferta, la Ley
General de Educación (LGE) no exige la obligatoriedad en la acreditación
de las instituciones Técnico-Profesionales ni de sus planes de
estudios.
La inexistencia de acreditación obligatoria se suma a otro elemento característico del sector técnico profesional chileno: la ausencia de prohibición de lucro.
Ambos aspectos dan cuenta de un patrón en el modelo de Educación
Superior, que se manifiesta con especial fuerza en el mundo técnico
profesional: la proliferación indiscriminada y desregulada de
instituciones sin que esta vaya aparejada de una preocupación por la
calidad de la educación que estas imparten.
Todo esto tiene consecuencias que se expresan a la hora que los estudiantes egresan, y en esto el informe del propio MINEDUC “Educación técnico profesional en Chile. Antecedentes y claves de diagnóstico”, arroja elementos demoledores: el
40% de los egresados de este tipo de establecimientos nunca se titula,
otro 40% no logra desempeñarse en lo que estudió y no continúa sus
estudios superiores y apenas un 20% logra encontrar empleo en el área en que se formó.
A nivel escolar, como es de esperarse, la situación no es precisamente mejor. El informe antes señalado da cuenta de que: “la
Educación Media Técnico Profesional (EMTP) no cuenta con criterios
definidos respecto a las condiciones mínimas que una unidad educativa
debe cumplir para impartir una determinada oferta de
especialidades y que sean verificadas durante su reconocimiento oficial.
Asimismo, tampoco existe un mecanismo que permita monitorear el
cumplimiento consistente de ciertos requisitos considerados necesarios
para la efectividad de los procesos formativos propios de esta
educación.”
Además de todo lo anterior, durante este gobierno y los anteriores se
han promovido cambios al marco curricular y a los planes y programas de
estudio para asegurar su pertinencia con los requerimientos del mercado
laboral actual. Sin embargo, estos nunca se han materializado de manera
efectiva en la EMTP. La carencia en cuanto a la capacitación de los
docentes y claridad respecto a cómo se van a implementar estas
modificaciones han sido impedimentos claves, volviéndose una necesidad
perentoria el contar con programas de apoyo claros y concretos que hagan
plausibles y efectivos los cambios propuestos.
Queda en evidencia, a la luz de los datos oficiales, la necesidad
imperiosa de llevar adelante importantes reformas al sistema en su
conjunto, como son la prohibición efectiva del lucro en este sector,
avanzar en criterios claros respecto de la formación que se busca
impartir, capacitación docente acorde a ello, la creación de una
institucionalidad capaz de fiscalizar y materializar las reformas
pretendidas, y dotar a la EMTP de una vinculación real con el medio que
permita cubrir las necesidades técnicas que hoy demanda el país.
SEGREGACIÓN, ACCESO Y DESERCIÓN: “LA PUERTA GIRATORIA”
Un categórico informe
elaborado por la Comisión para el Estudio de la Formación
Técnico-Profesional en Chile (MINEDUC, 2009) señala que gran parte de la
matrícula de la EMTP proviene de los hogares con menores ingresos.
Basados en estimaciones de la encuesta CASEN, el 64,7% de sus alumnos provienen de los dos menores quintiles de ingresos. Más aún, de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) que elabora la JUNAEB[1],
el 61% de los liceos TP se encuentran en el decil de mayor
vulnerabilidad (90-100), en contraste con la distribución más homogénea
de esta variable que presentan los liceos Científico-Humanistas (CH).
Por lo mismo, en vista y consideración de esta estratificación
socioeconómica que se presenta según modalidad (CH o TP), resulta lógico inferir la gran brecha que se produce a nivel de aprendizajes del currículum básico nacional.
Tal como la directora académica del CIAE, Alejandra Mizala, describe en una columna escrita el 2012, existe una estratificación “por nivel socioeconómico y consecuentemente por resultados académicos”, resultado educativo que “depende en gran medida de la composición socioeconómica del alumnado del colegio al que va, lo que significa que nuestras aulas no tienen la capacidad de interrumpir la reproducción cultural de la pobreza”. Esta estratificación ha
sido corroborada consistentemente en el SIMCE y la PSU, a nivel
nacional; como a nivel internacional PISA, además de pruebas e informes
que refuerzan y constatan la relación que existe en Chile entre los
resultados académicos y el NSE de los estudiantes.
Un estudio del
MINEDUC aporta un dato ilustrador sobre las consecuencias que trae esta
brecha curricular en términos de acceso a la educación terciaria: “la
modalidad CH supera en casi el doble a la TP en número de alumnos que
tienen puntajes iguales o superiores a 475 puntos en los últimos tres
procesos de admisión [PSU 2007-2009]. Asimismo, en
la PSU de matemáticas sólo un 1,5% de estudiantes de establecimientos
TP logran puntajes superiores a los 600 puntos contra el 24,2% de los
estudiantes CH”.
Para explicar esto, es importante darle énfasis a lo débilmente conectada que se encuentra la continuidad en la formación técnico profesional Secundaria y Terciaria, tanto en términos institucionales como curriculares. Esto evidentemente
dificulta el tránsito de los egresados de la modalidad
técnico-profesional al sistema de Educación Superior. Dicho esto, no es
de extrañar que en un sistema escolar tan económicamente segregado y
curricularmente desigual como el chileno, la PSU se presente como la
gran barrera infranqueable para muchos estudiantes.
Efectivamente, un alto porcentaje de los egresados de la Educación Secundaria Técnico Profesional no accede al sistema de educación superior. De hecho, Bassi y Urzúa (2010)
muestran que, mientras el 66% de quienes cursan la modalidad Científico
Humanista continúa estudios terciarios luego de obtener el certificado
de educación media, en el sector Técnico Profesional esta cifra es de
apenas un 42%. Y la realidad empeora aún más si se considera, como lo
hace este mismo estudio, que de estos estudiantes que sí inician
estudios terciarios luego de haber cursado educación secundaria técnico
profesional, menos de la mitad acaban finalizándolos.
Por tanto, se erige como una necesidad prioritaria que las políticas
curriculares aborden y consideren en el corto plazo la disminución de
estas diferencias a través de la inclusión de competencias genéricas
comunes a ambas modalidades, que permita y facilite no sólo situar a los
estudiantes en igualdad de condiciones respecto a sus posibilidades de
acceso a la educación terciaria, sino también que ofrezca la adquisición
de los conocimientos y competencias necesarias que contribuyan a paliar
los altos índices de deserción.
INGRESOS Y EMPLEABILIDAD: AÚN COMPARATIVAMENTE MENORES
Pese a lo antes mencionado en materia de acceso, no se puede
desconocer el hecho de que este ha aumentado significativamente en la
Educación Superior Técnico-Profesional. Las postulaciones en este sector
crecieron en un 18% del 2012 al 2013, y en un 37% si se consideran los últimos cinco años. Inciden en esto factores como la menor duración de sus carreras, el bajo costo de titulación en relación a carreras universitarias, y niveles de remuneraciones y empleabilidad que en alguna medida han tendido a mejorar.
Sin embargo, respecto a estos ítems es mucho lo que hay pendiente. En
términos salariales, la brecha persiste según nivel de estudios que se
posean y, a su vez, dependiendo de la modalidad que se escoja
(universitaria o técnico-profesional). Por otra parte, como la información del Mineduc
lo demuestra, las rentas por cursar estudios universitarios siguen
siendo comparativamente mejores que las carreras técnicas, tanto en sus
cotas inferiores y superiores, como en sus niveles promedio.
En lo que respecta a la empleabilidad se hace evidente que si
bien el acceder a un mayor nivel educacional está asociado a mejores
rentas y trabajos, es decir, mayor movilidad social y calidad de vida,
siguen siendo dispares las remuneraciones entre los egresados de
universidades y los graduados de CFT e IP, aspecto relevante que refleja, en cierta medida, la preponderancia que se le atribuye a la Educación Técnico-Profesional.
FINANCIAMIENTO: ESCASO Y DESREGULADO
El Mineduc ha hecho un incremento sustantivo en los fondos
destinados para la mejora en los equipamientos de los Liceos
Técnico-Profesionales, pasando de $73 millones (2009) a casi $21 mil
millones (2012). A esto se suma la creación de convenios entre dichos
liceos y empresas de sectores productivos de la zona, de manera tal de
facilitar la actualización del currículum de los liceos y otorgar cupos
para que los estudiantes realicen sus prácticas para titularse.
De igual forma, el Mineduc ofrece diversas becas al sector técnico
profesional, entre las que destacan las becas Nuevo Milenio, Excelencia
Técnica, de Articulación y la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP).
Según un informe de la Contraloría General, en el 2012 el financiamiento fiscal a estudiantes de IP y CFT alcanza una cifra que asciende a los $160.000 millones aproximadamente. Sin embargo, dicha cantidad, representa únicamente el 21,2% del gasto estatal en IES,
siendo considerablemente inferior a lo invertido en universidades
estatales, universidades estatales no tradicionales y universidades
privadas.
En este contexto, más allá de la escuálida inversión, resulta preocupante que al Mineduc no le inquiete la ausencia de una ley que les prohíba el lucro, como se ha dicho con anterioridad, sino que, por el contrario, proponga otorgar financiamiento estatal a CFT e IP que carezcan de acreditación.
Seamos serios: No se puede permitir que los recursos del
Estado se sigan invirtiendo sin asegurarse que dicho dinero se destine e
invierte sólo y únicamente para mejorar y asegurar la calidad de la
enseñanza que se imparte.
DESAFÍOS
Así como esta columna ha buscado constatar los múltiples problemas
que debe enfrentar una formación técnico-profesional en Chile, también
entrega nociones de cuáles son algunos de los desafíos prioritarios que
han de abordarse en esta modalidad de estudio.
Dado su rol preponderante para el desarrollo del país, es vital el
poder promover, mediante innovaciones curriculares que apunten a una
educación dual, la vinculación de la Educación Técnico-Profesional con
las necesidades laborales de los distintos sectores productivos del
país. Brindar la formación y capacitación respectiva al personal docente
que se desempeña en este sector y mejorar la infraestructura y
equipamiento de los Liceos Técnico-Profesionales resulta clave para
estos propósitos. De igual manera, surgen como reformas necesarias que
han de impulsarse y materializarse en el corto plazo el lograr una
transición más equitativa hacia la Educación Superior disminuyendo las
brechas existentes entre la formación Técnica Profesional y la
Científico-Humanista, y realizar cambios sustantivos al sistema de
ingreso y retención en la Educación Superior que considere las
particularidades propias de la Educación Media Técnico Profesional.
Por último, es acuciante prohibir la posibilidad de lucrar en
los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica, así
como también darle prioridad a avanzar hacia una progresiva
obligatoriedad en la acreditación institucional y de sus programas de
estudio. Ambos aspectos son ejes centrales del mejoramiento del
sistema técnico-profesional en Chile, en la medida que apuntan hacia
una mayor regulación de la formación recibida y a un buen uso de los
recursos invertidos. Es hora de que el Estado se haga cargo de esta
materia para darle, tras tantos años de postergación y abulia política,
la importancia que merece y demanda esta modalidad del sistema educativo
que resulta crucial para el desarrollo de nuestro país.
(*) Gonzalo Oyarzún Vargas es estudiante de quinto año de
Pedagogía en Inglés y vicepresidente de la Federación de Estudiantes
2013 de la Universidad Alberto Hurtado. Es militante de Genera Opción
Universitaria (GOU), miembro del Colectivo Nueva Educación e
investigador del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECh).
[1] El IVE es elaborado por JUNAEB en base al ingreso
familiar, estudios de la madre y el padre e indicadores educativos y se
utiliza para la distribución de diversos recursos focalizados.
