Desde el plantel, aseguraron que aún
quedan otras vías internas de apelación para revertir la exclusión. La
toma se produjo en julio pasado, donde además se produjeron destrozos.
ADN Noticias | Octubre 3 de 2013
ADN Noticias | Octubre 3 de 2013
Son 37 los alumnos que fueron expulsados por la Universidad Central, luego de participar en la toma del recinto, en julio pasado, donde además se produjeron múltiples daños a las dependencias.
Para frenar la drástica medida de las autoridades del plantel, la Federación de Estudiantes presentó un recurso de protección asegurando que el proceso fue totalmente irregular, ya que no se pudo acreditar que los afectados participaron en los destrozos al plantel.
"Nunca fueron individualizados y probado y se acusó a todos los estudiantes de una responsabilidad colectiva, cuestión que no tiene precedentes en la justicia chilena. Tampoco tiene precedentes, desde la dictadura, que se haya expulsado a 37 estudiantes", apuntó el dirigente Marcos Velarde.
El abogado Cristián Cruz agregó que con esto se intentará dejar sin efecto la expulsión de los estudiantes. "Hemos pedido una orden de no innovar, que esperamos que se resuelva favorablemente. Hay suficientes antecedentes, jurisprudencia nacional y de tribunales internacionales respecto a esta medida y comisiones arbitrarias", advirtió.
Desde el plantel, el director de Comunicaciones Corporativas, Sergio Escobar, aclaró que los alumnos fueron expulsados por la toma y no por los destrozos, aunque aseguró que aún les quedan vías de apelación.
"El tribunal de disciplina, en primera instancia estableció que estos 37 alumnos tenían que ser expulsados. Ellos apelaron a la segunda instancia, y adicionalmente hay una tercera instancia, que viene a ser la gracia del rector. Por lo tanto, en términos formales, no están expulsados", aseguró.
Escobar agregó que "ya no son 37 estudiantes, son 30, porque 7 de ellos tienen que abandonar la universidad por razones académicas. Y tercero, ellos no están siendo expulsados por los destrozos, eso es una situación que va a investigar la Fiscalía y que tiene que ver con los tribunales de justicia".
Además, el representante de la casa de estudios señaló que las pérdidas fueron superiores a los 200 millones de pesos y anunció la presentación de una querella contra quienes cometieron los destrozos.
Para frenar la drástica medida de las autoridades del plantel, la Federación de Estudiantes presentó un recurso de protección asegurando que el proceso fue totalmente irregular, ya que no se pudo acreditar que los afectados participaron en los destrozos al plantel.
"Nunca fueron individualizados y probado y se acusó a todos los estudiantes de una responsabilidad colectiva, cuestión que no tiene precedentes en la justicia chilena. Tampoco tiene precedentes, desde la dictadura, que se haya expulsado a 37 estudiantes", apuntó el dirigente Marcos Velarde.
El abogado Cristián Cruz agregó que con esto se intentará dejar sin efecto la expulsión de los estudiantes. "Hemos pedido una orden de no innovar, que esperamos que se resuelva favorablemente. Hay suficientes antecedentes, jurisprudencia nacional y de tribunales internacionales respecto a esta medida y comisiones arbitrarias", advirtió.
Desde el plantel, el director de Comunicaciones Corporativas, Sergio Escobar, aclaró que los alumnos fueron expulsados por la toma y no por los destrozos, aunque aseguró que aún les quedan vías de apelación.
"El tribunal de disciplina, en primera instancia estableció que estos 37 alumnos tenían que ser expulsados. Ellos apelaron a la segunda instancia, y adicionalmente hay una tercera instancia, que viene a ser la gracia del rector. Por lo tanto, en términos formales, no están expulsados", aseguró.
Escobar agregó que "ya no son 37 estudiantes, son 30, porque 7 de ellos tienen que abandonar la universidad por razones académicas. Y tercero, ellos no están siendo expulsados por los destrozos, eso es una situación que va a investigar la Fiscalía y que tiene que ver con los tribunales de justicia".
Además, el representante de la casa de estudios señaló que las pérdidas fueron superiores a los 200 millones de pesos y anunció la presentación de una querella contra quienes cometieron los destrozos.