Rodrigo Alarcón L. |
Un 43 por ciento de los jardines particulares no cumple con los
requisitos mínimos en infraestructura, personal, higiene y políticas de
prevención de abusos, entre otros temas, según determinó un estudio de
Junji.
La Junji realizó el año pasado una fiscalización a 1.786
jardines privados que determinó que 777, es decir, el 43 por ciento, no
cumple con condiciones mínimas en cinco aspectos: infraestructura,
número de educadoras por niño, higiene y alimentación, políticas de
convivencia y prevención de abusos y certificación de educadoras y
técnicos.
De acuerdo al informe, 397 jardines presentan “situaciones graves que comprometen la seguridad de los párvulos”.
El 43 por ciento de los jardines fue clasificado en un nivel medio
bajo, mientras que 588 centros educacionales (33%) cumplen con los
requisitos mínimos para funcionar y fueron catalogados en nivel medio.
Solo el 24% de los jardines logró un nivel alto.
Cabe señalar que 850 de los jardines evaluados se encontraban
certificados por Junji, mientras que 936 no estaban empradronados y, en
general, presentaron niveles más bajos de cumplimiento.
Entre los aspectos más críticos, el 60 por ciento de los jardines no
cuenta con protocolos para casos de maltrato, el 49 por ciento no
presentó estrategias para prevenir abusos sexuales, el 32 por ciento no
mostró el título profesional de las educadoras y el 52 por ciento no lo
hizo con sus técnicos. La Junji precisó que las cifras corresponden a
jardines que no presentaron estos documentos, lo que no quiere decir que
no los posean.
Para Marcela Pardo, especialista del Centro de Investigación Avanzada
en Educación de la Universidad de Chile, “lo que encontró la Junji no
tiene nada de sorpresa, porque a la base de los problemas que se
detectaron se encuentra el hecho de que en Chile no es obligatorio
contar con ninguna certificación pública ni de otro tipo para instalar
un jardín u ofrecer educación parvularia en general”.
La especialista indicó que, según las estimaciones existentes,
“aproximadamente la mitad de los jardines no cuenta con ninguna
certificación, sea la que ofrece la Junji o el reconocimiento oficial
que entrega el ministerio de Educación, que es una certificación
distinta”.
En ese sentido, Marcela Pardo sostuvo que es “urgente” que la
certificación sea obligatoria: “No hay ningún fundamento que permita
argumentar en favor de la situación actual. ¿Qué es lo que se gana
haciendo obligatoria la certificación? Es asegurar que los centros que
ofrecen educación parvularia cumplen con los requisitos básicos para
atender a niños de corta edad. Asegurar que la infraestructura es lo
suficientemente segura como para evitar accidentes, que el equipamiento
es el adecuado para ofrecer servicios educativos oportunos y efectivos,
que el personal cuenta con la calificación requerida para ofrecer
atención educativa”, explicó.
En tanto, Alejandra Kramm, secretaria regional de la Asociación de
Funcionarios de Junji, dijo que las cifras son “muy preocupantes” y
llamó a aumentar la dotación de fiscalizadores con los que cuenta la
institución, ya que la actual “no da abasto”.
“Impacta, por ejemplo, el tema de infraestructura, que es algo
principal en el cuidado de los niños. Muchos jardines no tienen
recepción de obras y el permiso municipal. Hay otros donde no existen
los títulos de las educadoras de párvulos o técnicos o no se pudo
comprobar en la fiscalización que hizo Junji. Y tenemos que destacar que
trabajamos con niños, no trabajamos al cuidado de cualquier cosa,
entonces uno tiene que tener mucha precaución”, enfatizó.
La dirigenta también hizo un llamado a los apoderados a preocuparse
de las condiciones en las que se encuentran los jardines infantiles y
denunciar cualquier situación anómala en términos de infraestructura,
personal y otros aspectos considerados por el informe de Junji.
