ninio_sillon1 Niños con problemas de salud crónicos que no reciben atención, fuerte retraso en el nivel escolar, extensas internaciones que duran hasta cinco años y en las cuales muchos menores no mantienen contacto afectivo con ningún adulto que puedan sentir como “familia”. Estos son algunos de los antecedentes del completo abandono de miles de niños que revela un informe elaborado por el Poder Judicial, mantenido en reserva hasta ahora. El documento pone en la mira prácticas de los Tribunales de Familia y de las instituciones guardadoras; y vuelve a reclamar la reforma urgente y masiva del sistema.
CIPER accedió (por Ley de Transparencia) a un nuevo y más completo informe sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal y que revela las dimensiones desconocidas del fracaso de ese sistema. El informe fue elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y entre sus datos destacan no solo la presencia constante del abuso sexual en decenas de hogares, sino una crisis mayor que involucra, entre otros aspectos, la educación y la salud que reciben los 15.000 niños que el Estado debe proteger (los informes de las regiones disponibles se pueden consultar en la pestaña “documentos asociados”).
Para situar este informe en el contexto de los antecedentes que se han conocido en las últimas semanas -y que han activado una investigación del Ministerio Público, una masiva intervención del Ministerio de Justicia y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados-, es necesario recordar que la actual alarma pública tiene un origen: la investigación realizada por una comisión que lideró la jueza de familia Mónica Jeldres y que el Poder Judicial trató de ocultar a la mirada pública.
Para hacer su trabajo la Comisión Jeldres utilizó una batería de instrumentos, entre ellos, una encuesta a cerca de 400 niños. La polémica que ha mantenido hasta hoy el tema en la agenda surgió a partir de 12 abusos sexuales consignados en la encuesta y que hoy investiga el Ministerio Público para proteger a las víctimas y determinar si las autoridades que supieron de estas situaciones actuaron con la diligencia que exigen por ley sus cargos públicos.
Pero la Comisión Jeldres usó otros instrumentos para su investigación y que son tanto o más importantes que la encuesta: la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados y el examen de las condiciones materiales en 108 residencias. El informe que presenta ahora CIPER es la sistematización de esos dos insumos y ofrece un detallado acercamiento a toda la vida de los niños internados: abarca la escolaridad, la atención de salud, los abusos sexuales, el trabajo que las instituciones hacen con las familias y la vigilancia que mantienen los tribunales sobre cada menor, entre otras áreas.
El informe deja en claro que si el sistema fracasa no es sólo porque fallen los hogares y el Sename, sino porque en muchos momentos del proceso de cuidado y sanación, los tribunales son parte del problema.
El informe evidencia también que, en este sistema, no solo sufre la gran cantidad de niños abusados, en cuyos dramas se ha concentrado la discusión pública en las últimas semanas. Sufre también la gran mayoría de los niños que deben pasar largas temporadas en hogares que no están cumpliendo con los estándares mínimos en varios aspectos.
Uno de los indicadores que resumen los hallazgos de este informe es la cantidad de niños que aparecen expuestos a altos niveles de riesgo. Para elaborar este indicador se consideraron 21 situaciones tales como: “Número de niños que pese a tratamiento reparatorio mantienen conductas de sexualidad producto de un abuso”, “niños sin acceso a la red de protección social”, “niños con atraso escolar”; “niños con consumo problemático de drogas”.
El mapa resultante consigna la siguiente población infantil expuesta a riesgo alto:

 Niños visitados en “Riesgo Alto”
Arica y Parinacota 269 25%
Tarapacá 147 24,5%
Antofagasta 302 24,3%
Atacama 244 22%
Coquimbo 279 20%
Valparaíso 1.904 no se revisaron las fichas
O’Higgins 412 24%
Maule 1.061 26,1%
Los Ríos 360 31,9%
Los Lagos 952 21,7%
Magallanes 124 22 %

Según el informe,  el “alto riesgo” constituye una alerta que debe llevar a revisar los procedimientos “a la brevedad, debido al alcance que significa para la integridad del niño”.

INTERNACIONES PROLONGADAS

Un aspecto muy relevante de este informe es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina. Se trata de un cambio en la mirada que ha dominado el sistema de protección por décadas, según la cual, el niño está mejor en un hogar que con las familias que no pueden cuidarlo. Citando estudios internacionales se afirma que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”. La internación entonces debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves. Ese principio, sin embargo, está lejos de cumplirse en las regiones visitadas.
En la Región de Los Lagos el promedio de internación es de cinco años y el 65% por ciento de los niños ha vivido una “larga institucionalización”, calificación que el estudio da a los niños que han pasado más de dos años en un hogar.
Una situación similar viven los 1.061 niños internos en la Región del Maule donde el promedio de permanencia es de casi cuatro años y el 81% de los menores presenta una larga institucionalización.
En la Región de Los Ríos, en tanto, donde el 69% de los niños presenta larga institucionalización, el promedio de estadía en los hogares es de 37 meses.
Entre las once regiones visitadas solo Coquimbo tiene un promedio de internación cercano a los dos años (31 meses). En el resto del país se actúa como si internar a un niño por años no le fuera a causar ningún daño. Una tendencia que llama la atención si se considera que un juez de familia no puede en su fallo internar a un niño por más de un año en una institución.
El estudio ofrece una explicación para esto, la que es también una dura crítica a cómo actúan los Tribunales de Familia con estos niños.
Según los datos reunidos, en una enorme cantidad de casos los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”.  Por citar algunos ejemplos: en Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo” a las residencias de esa región y, consecuentemente, el promedio de internación es de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo” y el promedio de internación llegó a los tres años. En el Maule, región de periodos de internación alta, el 75% por ciento de las medidas se dictó “sin plazo”. En Los Ríos las medidas “sin plazo” se aplicaron en el 68% de las causas y, coincidentemente, un 69% de los niños ha sufrido una “larga institucionalización”.
¿Por qué hacen esto los jueces? El informe no lo explica, pero esa práctica se suma a varias otras que disminuyen el control del Poder Judicial sobre los niños. Por ejemplo, lo que ocurre con los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces informando sobre los avances de los niños. La Comisión Jeldres detectó que, en la mayoría de los casos, esos informes o no se enviaban o eran copias textuales del informe enviado anteriormente. Esa práctica puede llevarse a cabo porque muchos jueces no leen esos informes y se limitan a adjuntarlos al expediente del niño con un “téngase presente”.
Otra causa que reduce el control de los jueces es, según la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión que les  fijan sus superiores y el Ejecutivo. Según afirmó la abogada en una sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, muchos jueces cierran las causas de los niños una vez internados, “cuando lo que debieran hacer es mantener la causa abierta y revisar las medidas que se toman, ver cómo se están adecuando a la realidad del niño, si el hogar le sirve o no, si el plan de intervención debe seguir aplicándose o debe ser cambiado”.
La abogada agregó: “Las metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda, y para este año implica que el 85% de las causas tienen que estar terminadas en un plazo de 120 días desde que ingresan. Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite por un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo. Por eso estas causas no son seguidas por los jueces como la ley exige”.

SALUD Y EDUCACIÓN

La falta de control judicial que se ha descrito, explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen por años en niveles inaceptables. Un ejemplo es lo que ocurre con la atención de salud que reciben los niños. Los hogares están obligados a mantener una ficha médica actualizada de los menores a su cargo, pero esa tarea tiene un alto nivel de incumplimiento, hecho que el informe califica de “grave problema”.
En Coquimbo, de los 272 niños en el sistema residencial, 44% carece de un historial médico actualizado (118 casos). La situación más grave la viven cuatro niños que padecen enfermedades crónicas y que no reciben tratamiento alguno. En la Región de O´Higgins, de  los 392 menores en el sistema, 35% (138 casos) no tiene ficha médica actualizada. Los niños con enfermedades crónicas que no reciben tratamiento son cinco. En Los Lagos, el 26% de los niños que sufre algún tipo de discapacidad no está con tratamiento y hay nueve con enfermedades crónicas en la misma situación de abandono.
La situación se repite con similares números en todas las regiones incluidas en este informe, mostrando que, aunque el Estado ha sacado a estos niños de sus casas para protegerlos, realmente no se está haciendo responsable de ellos. Las peores situaciones se registraron en la Región de Arica, donde, de los 17 niños que padecían alguna enfermedad crónica, 15 no recibían ningún tratamiento. Entre ellos había niños con parálisis cerebral, VIH, trastornos alimenticios y cáncer cérvico uterino. El abandono era completo y con el agravante de que en uno de los hogares donde vivían algunos de los niños (Ajllasga) operaba una red de explotación sexual que fue denunciada por la Comisión Jeldres.
Un panorama inquietante se presenta también respecto del tratamiento de las enfermedades mentales. En Arica, el informe consigna nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento. En Coquimbo, se registran cinco casos sin vigilancia médica. En O´Higgins, los niños sin atención son nueve. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas la regiones, agregándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se consigna que 10 niños, pese a haber tenido un tratamiento reparatorio, mantienen “conductas sexualizadas producto de un abuso”.
La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. Según cifras de SENAME, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas. Frente a los jueces que aceptan esa situación y tratan de adaptar sus medidas “a lo que hay”, la Comisión Jeldres instaba a los magistrados a asumir que su tarea es exigir el cumplimiento de los derechos de los niños. Así lo explicó a CIPER la abogada Paulina Gómez:
-En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Ante el anuncio del apremio, las autoridades administrativas -que conocen de sobra sus obligaciones-, como regla general, cumplen.
La abogada estima que si los jueces crecientemente exigieran el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”. Y los niños tendrían sus tratamientos.
La educación que reciben los menores internados muestra problemas igualmente preocupantes. Cuando el estudio trata de determinar si los niños poseen el nivel que corresponde a su edad, cientos de ellos muestran un retraso equivalente a dos años, lo que quiere decir que un niño que debe estar en sexto básico en realidad sabe lo correspondiente a cuarto básico.
En esa situación está el 52% de los niños internados en los centros de Arica, el 52% de los niños internados en Tarapacá; el 48% en Antofagasta; el 52% en Los Lagos  y el 55% en Magallanes. Preocupante es también la cantidad de menores calificados de analfabetos: 37 casos en la Región de O´Higgins; 33 en el Maule y 31 niños en Los Lagos, por citar los ejemplos más graves.
Es difícil encontrar alguna razón que justifique la presencia del analfabetismo en niños bajo la responsabilidad de un Estado que, de acuerdo a un indicador reciente, fue calificado de país de alto ingreso por el Banco Mundial.

ABSOLUTAMENTE ABANDONADOS

Otro aspecto delicado que revela el informe dice relación con las grandes dificultades que tiene el sistema para vincular a los niños con sus familias una vez que están internados. El informe no explora los motivos, pero en el debate público se han enfrentado dos visiones: una que sostiene que son las familias dañadas las que dejan de visitar a sus hijos en las instituciones; y otra que indica que son las instituciones las que marginan a las familias (sobre este tema ver columna del sicólogo Camilo Morales)
El resultado concreto es que hay una enorme cantidad de niños que el informe califica de “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados. Son niños que carecen de todo contacto afectivo con algún adulto que puedan considerar familia, hecho que probadamente producirá consecuencias en su desarrollo intelectual y emotivo.
En Arica, son 66 los niños “en completo abandono familiar”. De ellos, hay 32 casos en que los tribunales han determinado que son “susceptibles de adopción”. Sin embargo, de esos 32 menores, el 94% aún no está enlazado con una familia adoptiva.
En el Maule, son 207 los niños en completo abandono familiar. Los tribunales han determinado que 29 niños de esa región podrían ser adoptados, pero el 83% de ellos no estaba enlazado con ninguna familia.
En Los Lagos, los niños en abandono familiar llegan a los 206 casos. Los que podrían ser adoptados -según el tribunal- son 62 niños, pero el 96 % de ellos aún no está enlazado con ninguna familia.
A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad es acrecentada por la mecánica institucional. En un alto porcentaje los niños internados tienen hermanos en el sistema. En la Región de Tarapacá el 56 % de los niños tiene hermanos en la red SENAME y en Antofagasta, la cifra alcanza al 57% de los internos. Como las instituciones distribuyen a los niños de acuerdo a sexo y edad, los hermanos muchas veces no están juntos.
Así, cientos de niños se enfrentan a largas internaciones solos o con visitas una vez al mes. Y ello en un contexto que indica que los niños internados en hogares tienen, según los estudios internacionales citados por la consultora de la Unicef Soledad Larraín, cuatro veces más posibilidades de sufrir abuso sexual que en sistemas de protección basados en alternativas familiares.
El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. De partida, el abuso es, dependiendo de la región, la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La internación los vuelve a exponer a ese abuso, pues las políticas públicas han fracasado en frenar el problema.
La encuesta elaborada en 2011 por el  SENAME -“Mi derecho a ser escuchado”- detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8%  (157 niños) afirmó que alguien (no se precisa si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo: “Identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos”, detalla el informe. Y agrega que “un 5,2% (105 niños) señala que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona”.
Respecto de los niños entre 13 y 18 años, el 4,1% (81 niños) señaló que alguien le tocó las partes íntimas de su cuerpo, mientras un 3,3% (66 niños) afirmó que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona.
El informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna que el sistema tiene registros de 208 casos de abuso intra-residencial. La amplia mayoría de ellos ha sido cometido por otros niños internos que probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas. Los casos se concentran en la Región de Los lagos (71 casos)  y Maule (61 casos).