La Agencia de la Calidad de la Educación estudia un modelo de
clasificación de establecimientos, con parámetros para evaluar a los
colegios en un rango paralelo a los puntajes del Simce. No obstante, los
analistas manifestaron sus observaciones, ya que este nuevo listado
sólo individualiza los planteles con bajo rendimiento, sin ofrecer
medidas de solución, aumentando además la brecha en desmedro del sistema
público.
Un informe dirigido desde la Agencia de la Calidad del Mineduc
al Consejo Nacional de Educación, filtró el análisis de un sistema de
clasificación universal de establecimientos, el cual permitirá un perfil
cualitativo de cada plantel en específico, en paralelo al Simce.
Este mecanismo establece cuatro rangos para ubicar a un colegio, que
evalúa una decena de factores además del puntaje Simce. En ello, cada
establecimiento queda con una calificación de Alto, Medio, Bajo e
Insuficiente, arriesgándose a perder el reconocimiento oficial e incluso
cerrar, si se mantiene en una misma categoría durante seis evaluaciones
consecutivas.
Para los analistas, este sistema no va en la dirección de mejorar la
educación pública, tampoco de garantizar el derecho a la educación de
los jóvenes del país.
Manuel Sepúlveda, sociólogo de políticas educativas de Fundación
Educación2020, indica que la metodología es errónea al no medir las
condiciones de vulnerabilidad presentes en el sistema chileno, que se
acumulan en establecimientos municipales.
“La Agencia de la Calidad propone una metodología para ordenar los
establecimientos, pero tiene serios reparos, ya que no se hace cargo de
la acumulación de vulnerabilidad. Chile es uno de los países con mayor
índice de segregación en educación, y la metodología sólo mide la
vulnerabilidad del estudiante, pero no segregación, entonces en un
escenario como el chileno, termina afectando a los colegios más
vulnerables”, dijo.
Por su parte, Claudia Córdoba, de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Santiago, postula que este sistema extiende la brecha
entre educación privada y oferta fiscal, ya que el sistema de admisión
particular juega en contra de los planteles administrados por
municipios.
La académica, doctora en Sociología de la Educación, establece que
“como las escuelas municipales no pueden seleccionar a sus estudiantes,
se facilita que atiendan a los jóvenes más vulnerables. Ocurre que las
familias tienden a evitar estos establecimientos, y el mandato del
derecho a la educación que asumen las escuelas públicas, finalmente les
juega en contra, ya que son las únicas que aseguran que todos los niños
puedan ejercer ese derecho”.
Desde los estudiantes, las exigencias del movimiento apuntan a la
desmunicipalización de la educación secundaria, lo que permitiría
mejorar la infraestructura, equipamiento, y un modelo estatal de
educación.
Moisés Paredes, presidente de la Cones, declaró que este programa
clasifica a los colegios con bajo rendimiento, pero no ofrece
alternativas para mejorar la situación: “Solamente se castiga al colegio
que tiene malos resultados, pero no hay incentivo o programa para
superar esa deficiencia. Es una política que destruye la educación
pública, y no tiene la intención de fomentar el buen desarrollo de las
clases, ya que se cierran los colegios mal evaluados, que son
principalmente municipales, que hoy tienen los peores resultados”.
El estudio recalca que, de estar operativa esta clasificación, 242
colegios habrían sido cerrados por el ministerio, de los cuales el 60%
es estatal y el 39% particular subvencionado. Cerca de 60 mil alumnos
con un mal diagnóstico sobre su plan de estudios, que a juicio de los
expertos no deberían ver sus colegios cerrados, sino encontrar modelos
de recuperación de un plantel.
Consultados por radio Universidad de Chile, desde la Agencia de la
Calidad en Educación declinaron referirse al informe, ya que su
divulgación responde a una filtración desde el Consejo Nacional de
Educación, donde está siendo actualmente evaluado.
