Niños protegidos por el Estado II: la falta endémica de recursos que los deja sin la mínima asistencia

LAS DOS VERSIONES DE ABUSO SEXUAL EN LAS ALDEAS SOS

Por : Juan Andrés Guzmán en Reportajes de investigación Publicado: 09.07.2013

A los 11 años Yancarla tuvo una grave crisis hepática. Había sido violada en tres oportunidades por un familiar, lo que le provocó daños sicológicos graves. Las juezas debían mendigar un cupo en los hogares del Estado. Murió a los 16 años sin recibir tratamiento adecuado. Su historia grafica el resultado de una exhaustiva investigación al funcionamiento de los hogares donde el Estado supuestamente protege a los niños cuyas familias los maltratan o abandonaron. La violencia y el abuso son problemas extendidos en el sistema. El estudio, fruto de un convenio Unicef-Poder Judicial, no se difundió. Tampoco se llevaron a tribunales los delitos encontrados.

Vea además:
- “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”
- Entrevista con representantes de Aldeas Infantiles SOS: “Tenemos discrepancias… pero el informe de la Comisión Jeldres sí es un aporte”

Hace dos semanas TVN exhibió un reportaje estremecedor sobre la historia de dos hermanos que hace cuatro años fueron internados por abandono en un hogar en Padre Las Casas, dependiente de las Aldeas SOS, institución que acoge a cerca de 1.400 niños a lo largo de todo Chile. Tenían entonces 5 y 8 años, y lo que era una medida para protegerlos y cuidarlos, se transformó en un infierno que los ha destruido. El niño menor fue abusado y el mayor fue obligado a presenciar esa tortura. Según la investigación judicial aún en curso, el autor sería un adulto que prestaba servicios para el colegio al que iban los niños de la Aldea. Los abusos ocurrieron en forma reiterada y cuando SENAME decidió entregarlos a sus parientes, ya no eran niños abandonados simplemente, sino niños con graves problemas psiquiátricos. Hoy con 9 y 13 años, ambos han tenido intentos de suicidio.

El menor de los hermanos no logra diferenciar una caricia afectuosa de un acercamiento sexual y no deja que nadie lo toque. El mayor ha tratado de abusar de su hermano. Lo tíos que los recibieron creen que no deberían estar en la casa sino en un centro especializado recibiendo ayuda psiquiátrica. La tía narró a TVN que el mayor estuvo acosando a un chico de 5 años en el colegio y teme que si no recibe tratamiento se transforme en un psicópata. Pero el sistema público que lo llevó hasta este límite, no tiene oferta de tratamientos para casos como el suyo. Al menos no lo tenía hasta antes de que se emitiera el programa, porque cuando salió al aire, apareció de inmediato una solución. Nadie sabe si eso durará cuando el medio se olvide del tema. (Ver reportaje de TVN)

El hogar de Padre Las Casas es una de las residencias visitadas en 2012 en el marco de una inédita investigación sobre la situación de los niños protegidos por el Estado en el sistema residencial. Según esa investigación, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de Aldeas SOS participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”. En números brutos esto implica que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores. (Ver imagen de abusos sexuales en Aldeas SOS) Sobre la Aldea Padre las Casas, la investigación indicó que tenía numerosos registros de abuso sexual dentro de la residencia, ubicándose entre las tres Aldeas más afectadas por este terrible problema.

La investigación que obtuvo estos datos costó cerca de $200 millones al Poder Judicial y es el resultado de un convenio firmado entre la Unicef y ese poder del Estado. Para obtener la información fueron visitados 60 hogares en 10 regiones, se confeccionaron fichas de 6 mil 500 menores (unificando la información muchas veces contradictoria que tenía el SENAME y los tribunales); se encuestaron a casi 400 niños, y se realizó una revisión profunda del trabajo de la Aldeas SOS, entre otros instrumentos aplicados.

La investigación fue dirigida por la jueza Mónica Jeldres y participaron las magistradas de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz, la abogada Paulina Gómez y la socióloga de Unicef Carolina Bascuñán. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

En marzo de este año los datos de esa investigación estaban sistematizados y dejaban clara la masividad del abuso sexual, de la violencia en el trato y el incumplimiento de muchos de los derechos que tienen los niños que viven en el sistema residencial.

Solo tomando en cuenta las encuestas hechas en 10 regiones (sin contar lo encontrado en la Aldeas), la Comisión Jeldres identificó 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños; 45 hogares con datos de violencia entre menores; 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño; y 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos. En términos globales la Comisión encontró situaciones de alto riesgo en más de la mitad de las residencias visitadas. (Ver tablas: Antofagasta, Valparaíso y Maule. Casos de riesgo medio y alto).

El informe consigna decenas de testimonios como estos:

• Niñas de un hogar de Antofagasta denuncian a compañera que abusa sexualmente de otras internas. Se presume que estaría en una red de explotación sexual. Las niñas dicen que los antecedentes fueron remitidos al tribunal competente y al SENAME y no se han tomado las medidas del caso.
• Niño de 13 años de Arica denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto y por otro adolescente al interior de la residencia. En el mismo hogar, otro niño de 13 años denuncia agresiones físicas y psicológicas por parte de un adulto al interior de la residencia.

A esos casos hay que agregar los testimonios encontrados al interior de las Aldeas Infantiles SOS que fueron examinadas en detalle por la Comisión.

“El proyecto nunca se hizo con el ánimo de perjudicar a los actores que trabajan en el sistema residencial. Se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias”, explicó a CIPER la socióloga Carolina Bascuñán de la Unicef. (Ver entrevista). Sin embargo, para que este mejoramiento pudiera ocurrir, los hallazgos debían ser puestos en conocimiento de los magistrados. Se esperaba que ante las situaciones más graves los tribunales intervinieran las instituciones más dañadas e iniciaran investigaciones judiciales. Pero el Poder Judicial decidió no canalizar los datos a los tribunales locales (Ver reportaje).

Aunque aparentemente el SENAME indagó algunos de estos temas, lo cierto es que el material recopilado por la Comisión no se ha traducido en la intervención de centros ni en la apertura de procesos en la justicia. El tenor de las situaciones detectadas, en las que figuran delitos, requería una intervención judicial y no sólo administrativa. Y esa intervención sigue esperando, mientras la información que podía ayudar a mejorar el sistema se está transformando en una polémica por ocultamiento de información que ha escalado hasta el Parlamento.

¿Por qué el Poder Judicial cambió de actitud ante un estudio en el que sus propios jueces fueron protagonistas? No está claro. Lo cierto es que en enero de este año el equipo de Jeldres fue intervenido. Según fuentes consultadas por CIPER, la nueva magistrado a cargo, Gloria Negroni y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño, habrían decidido no traspasar esta información porque estimaban que los estudios tenían problemas metodológicos.

Sin embargo, según los antecedentes obtenidos por CIPER, la Unicef defendió ante la Corte los estudios y recomendó usar el material. Esto quiere decir que ante la constatación de situaciones de “alto riesgo”, se les pedía a los jueces “la intervención inmediata de la residencia y la necesidad de investigar y realizar audiencias reservadas con los niños”.

Para Aldeas SOS, el informe sí tenía problemas metodológicos, pero estaban de acuerdo con difundirlo. Así lo afirmó a CIPER Alejandra Riveros, asesora de la institución, quien puntualizó que consideraban que “el informe sí es un aporte” (Ver entrevista). Uno de los reparos que plantea Riveros se relaciona con la cantidad de abusos cometidos por adultos contra menores. La Comisión obtuvo ese dato al encuestar al azar 70 niños de cinco Aldeas. En dos de ellas los niños acusaron el abuso cometido por un adulto. La institución quiso precisar que no eran sus profesionales los implicados, sino otras personas.

El otro reparo con el informe se refiere a qué se entiende por abusos sexuales. Ese punto nos adentra en una de las partes más sórdidas de esta realidad. Explica Riveros:

-El informe se refiere a “abusos sexuales”, mientras que nosotros los reconocemos como “abusos intraresidenciales”, lo que es distinto. Estamos hablando de niños de 5, 6, 8 ó 9 años que se abusan entre ellos. Cuando hablamos de eso nos referimos a “abusos y juegos erotizados”, porque en rigor no hay una relación abusiva de poder entre niños ni tampoco una violación.

-Si eso no es abuso sexual, ¿entonces qué es?
-Grafiquemos lo que pasa para que se entienda. Estamos hablando de niños pequeños que vienen con una historia de vulneración y, por ejemplo, en las noches se meten a la cama de otro para explorarlos sexualmente. ¿Es una conducta indebida? Por supuesto que sí, no procede, pero ellos no lo tienen así internalizado. Cuando la gente no sabe, es fácil que digan que en Aldeas Infantiles hay alrededor de 100 niños que se abusan y se violan entre sí y que nosotros prácticamente lo permitimos y sólo somos observadores. Pero no es así. Otro ejemplo, el caso de un niño de 9 años que abusó de otro de 7. Le bajó los pantalones y obligó a un tercer niño a que le hiciera sexo oral. ¿Corresponde? Claro que no. ¿Es una situación abusiva? Por supuesto que lo es, pero no es una situación de abuso sexual en términos delictuales.

Para Alejandra Riveros esto ocurre porque los niños “vivían así antes de llegar a la residencia, en esa lógica crecieron en sus familias y por eso salieron de ese entorno. Lamentablemente los procesos de reparación no son de un mes o dos, sino de años”. Y precisa además, que la cantidad de casos que ellos tienen registrados (56 en el último año) no coincide con los que figuran en el estudio (86 casos). El punto es importante pues implica la posibilidad de poder investigar los casos, aunque la diferencia puede deberse a que el informe de la Comisión no pregunta por abusos en el último año, sino por abusos dentro de la residencia.

Rivero añade que, pese a los reparos, Aldeas estaba de acuerdo en dar a conocer el informe en un seminario. Pero explica que el nuevo equipo que se hizo cargo “no avaló el informe”, y “suspendieron el seminario porque la persona que podía presentarlo era alguien que ya no estaba a cargo”.

A las Aldeas, en realidad, les interesaba visibilizar sus problemas porque lo que está detrás de ellos es un asunto de financiamiento. “Eso es lo que le enrostramos a las autoridades. Porque con educadores que reciben un sueldo de $250.000, con una subvención del Estado por niño de $130.000 al mes, no podemos trabajar estas problemática de abuso”, dice Riveros. Concluye: “Todas las instituciones que contamos con este tipo de programas optamos por hacer de este informe una oportunidad para sentarnos con los involucrados y los actores que pueden tomar decisiones, inyectarle más recursos al sistema y generar nuevas políticas”.

Tanto los datos obtenidos por CIPER en Unicef como en Aldeas, parecen situar la paralización de los informes en un problema interno del Poder Judicial, y no en una verdadera deficiencia técnica de los estudios.

EL ROL DEL JUEZ: MENDIGAR O EXIGIR

La investigación de la Comisión también dio cuenta críticamente de una serie de prácticas dentro del sistema que afectaban al SENAME y a los tribunales. Modos de actuar del aparato público que le impiden dar respuesta adecuada a las necesidades de los niños. El caso de Yancarla Muñoz Díaz ilustra bien una práctica que puede describirse como la burocratización extrema e inútil de la vida de una niña. Su historia se le presentó en 2010 al entonces ministro de Justicia Felipe Bulnes, como parte de un grupo de ejemplos dramáticos -pero frecuentes- donde el sistema está sobrepasado. Los  casos provocaron impacto en los medios producto de la difusión de una foto donde una joven con graves problemas neuronales estaba amarrada a una silla en un centro de Coanil. (Ver foto)

La presentación de estos casos ante Bulnes no buscaba culpar a las instituciones vinculadas a estos niños, sino mostrar que esa era la realidad dado los pocos recursos. En el caso de la niña atada, ella tenía que estar bajo permanente control pues podía atentar contra su vida. Y el único cuidado al alcance del presupuesto era amarrarla.

Yancarla tenía 14 años cuando le contaron su historia al ministro Bulnes. Para entonces llevaba tres años dando vueltas en el sistema de protección. A los 11 vivía en Purén y tuvo una crisis hepática que dejó su hígado inutilizado. Viajó a Santiago y en el hospital Luis Calvo Mackenna, donde fue trasplantada, narró que había sido violada en tres oportunidades por un familiar, hecho que fue confirmado por exámenes médicos y psiquiátricos. El daño psicológico por el abuso atentó contra los cuidados que debía tener por su trasplante. Tuvo varios intentos de suicidio. Usualmente se escapaba de los lugares en los que los jueces la internaban y en la calle tenía sexo con desconocidos. Fue necesario un segundo trasplante y un tercero, pues no se cuidaba.

Cuando CIPER contó su historia en 2010, los médico opinaban que no resistiría otra intervención. Y debatían si era justo darle otra oportunidad tomando en cuenta la lista de pacientes en espera de un hígado (Ver reportaje)

A las juezas que veían su causa, que la mandaban a buscar cuando se escapaba, les decía que se quería morir. Y las juezas debían “mendigar” un cupo en hogares que, a medida que ella caía más hondo, eran más incapaces de contenerla. Al final, Yancarla era dejada donde se pudiera. El Calvo Mackenna se transformó para la niña en una especie de hogar, aun en los momentos en que estaba sana.

Ana Puga, psicóloga de ese hospital, informó al tribunal en 2007 que la niña llevaba mucho tiempo internada pero no por razones de salud, sino porque el sistema no tenía dónde atenderla. Aislada en un box, con una familia que no la recibía, sin residencias que pudieran hacerse cargo de ella, Yancarla tenía conductas cada vez más agresivas. En un certificado médico enviado en febrero de ese año al tribunal, se afirmaba: “El hospital no tiene las condiciones para cuidar un niño sano. Se hace urgente que se ubique un lugar adecuado para ella. Ha sufrido cambios de salud, ha sido abusada, está alejada de su madre y encerrada en un hospital. Tiene razones para esta exasperada pues no estamos resolviendo adecuadamente sus demandas de protección y cuidado”.

Yancarla pasó por una veintena de magistrados, los cuales dictaron un sinfín de medidas sin llegar a nada concreto. No es que no se supiera qué necesitaba, se sabía desde el primer momento: “Recluirla en una clínica psiquiátrica por largo tiempo y con psicoterapia cuatro veces por semana”, según escribió un facultativo al tribunal.

Pero ese tipo de soluciones no las ofrece el sistema público. El ex ministro Bulnes se interesó en el problema, generó reuniones. Pero del Ministerio de Justicia pasó a Educación y todo quedó en nada. Recientemente Salud comenzó un plan piloto para atender estos casos. Pero lo cierto es que hoy el país, que acaba de ser incluido por el Banco Mundial entre las naciones de  ingresos altos, sigue sin tener atención para una niña como Yancarla.

A medida que pasaban los años Yancarla se volvía mas incontrolable, algunos operadores opinaban que solo cuando muriera, el sistema reaccionaría y cambiaría en algo.

Yancarla murió el 30 de junio de 2012, en Purén. Tenía 16 años. Y por supuesto nunca vio ni un solo cambio en su situación. Entre los operadores del sistema de protección, para quienes Yancarla era tan conocida como el niño apodado Cisarro (otro menor que no ha encontrado solución en el sistema desprotección), circuló un email que afirmaba “Dios quiso llevársela joven”. La frase, por supuesto, es una mentira y una crueldad.

Según los datos del propio SENAME los casos extremos, como los de los hermanos abusados mientras estaban bajo el cuidado de las Aldeas SOS, serían hoy unos 1.500. Para ellos, como para Yancarla, el sistema no tiene respuestas y sus expedientes son un permanente salto inútil de una institución a otra. En muchos casos se impone la lógica de que hay que hacer lo que se puede, trabajar con lo que hay.

En la motivación del trabajo de la Comisión Jeldres, sin embargo, hubo una lógica distinta. El mensaje que transmitía el equipo era que el juez tiene que exigir que se garanticen los derechos del niño. En virtud de los acuerdos internacionales firmados por Chile, si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención. Y si no tiene el recurso, debe generarlo. Es problema del Ministerio de Salud proveer esa atención.

Este mensaje, que transforma a los jueces en activos agentes de la protección de los menores, era transmitido en las “jornadas de transferencia técnica” que realizó la Comisión en las 10 regiones visitadas. Esa actitud, por supuesto, pretendía volver al juez un personaje molesto para las otras instituciones y tal vez eso pueda explicar la intervención que sufrió el proyecto.

Paulina Gómez, doctora en Derecho, quien formó parte de la Comisión, defiende esa opción:

-Ante casos como el de Yancarla o Cisarro, ¿qué debe hacer el juez ante la falta de tratamiento psiquiátrico? ¿Meter preso al ministro por no proveer los recursos necesarios?
-En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Ante el anuncio del apremio, las autoridades administrativas -que conocen de sobra sus obligaciones-, como regla general, cumplen. En el caso de un niño con necesidades urgentes de salud, lo que el juez decreta es que la autoridad resuelva la prestación en un plazo determinado, tenga o no disponible esa prestación en el área pública. Y es la propia autoridad la que determina muchas veces que la prestación se realice en una institución privada con cargo al presupuesto de Fonasa -explica Gómez.

La abogada estima que si los jueces crecientemente exigieran el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”. Y los niños tendrían sus tratamientos.

Sin embargo, los jueces no están haciendo eso. “Muchos no están seguros de que, en el caso de que la autoridad pública decida no cumplir la orden judicial y opte por recurrir de amparo ante las Cortes de Apelaciones, éstas no apoyen su actuación y consideren arbitrario el apremio, sumándose de ese modo a la ilegítima postura de que no existen recursos”, afirma Gómez.

La abogada Paulina Gómez considera que esta es una vía que los jueces deben transitar y llegar hasta la Corte Suprema. “Y si es la propia Corte Suprema la que no permite la efectivización de los derechos de la niñez y la adolescencia, habrá que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que clarifique al Estado de Chile cuál es el correcto sentido de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los deberes y responsabilidades de cada autoridad estatal al respecto”.

En ese sentido, la mirada impulsada por la Comisión Jeldres abre un debate de fondo que no debiera darse solo en el ámbito judicial, pues implica muchas definiciones sobre lo que una sociedad considera justo y bueno. ¿Son las presiones judiciales la manera de conseguir un cambio en el presupuesto de un gobierno? Y si los jueces no presionan, ¿quién evitará que niños como los hermanos abusados en las Aldeas SOS, o Cisarro, o  Yancarla, mueran o dañen a otros? Si el Ejecutivo se contenta con la ceremonia de firma de los Derechos del Niño pero no provee los recursos necesarios para que se hagan efectivos, ¿quién va a evitar que año tras año se repitan las mismas realidades, que nuevos informes y nuevos reportajes simplemente actualicen lo que ha pasado siempre?

INFORME SOBRE LAS ALDEAS

Uno de logros de la Comisión fruto del acuerdo Unicef-Poder Judicial fue develar prácticas asentadas en las instituciones que se reproducen sin reflexión y que atentan contra los derechos de los niños. Por ejemplo, el no preocuparse de la distancia a la que un niño internado queda de su familia. ¿Cómo se pueden recomponer los lazos cuando se trata de familias pobres para las que es difícil financiar un viaje de 100 kilómetros a la semana? La distancia ocasionaba así que muchos niños quedaran abandonados.

En la Aldea SOS de Ancud, por ejemplo, la comisión estableció que de los 86 niños, 59 (69%) se encontraban a más de 100 kilómetros de su comuna de procedencia y “un 33% se encontraba en situación de completo abandono”.

Cosa similar apareció en Malleco, donde el 35% de los niños se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y los niños calificados de “en completo abandono” alcanzaban el 17%. En Antofagasta la comisión estableció que un 31% de los niños está en completo abandono. Entre ellos se detecta a un menor que está a 700 kilómetros de su residencia y de una niña que está a 16 horas de viaje de su casa, y que, por lo mismo, sólo recibe visitas esporádicas de su padre.

La comisión repara en que el juez que lleva la causa de algunos de estos niños no hace observaciones sobre el desarraigo comunitario ni la lejanía con la familia con la que supuestamente está trabajando. A nadie le resulta extraño que con esa lejanía se pueda generar algún vínculo que devuelva a los niños a su hogar.

En la mayoría de los hogares visitados el abandono no baja del 20%, con casos extremos como los de Puerto Varas donde el abandono llega al 37% y Padre Las Casas, 32 por ciento.

Como se ha dicho, una de las piezas centrales del trabajo de la Comisión fue la intensiva investigación realizada sobre las Aldeas Infantiles SOS, una de las instituciones de acogida más grandes de Chile que atiende al 10% de todos los niños que llegan al sistema de residencia. Aldeas tiene el gran mérito de que financia con recursos propios la mayor parte de las atenciones que presta.

Según el Informe Jeldres, “prácticamente, el 75% del financiamiento por niño/a proviene de capital privado”. Para los investigadores tenía otro mérito más que justificaba examinarlas con detención. Por sus características, “muchas de las dificultades mostradas no son privativas de esta organización, y más bien responden a las falencias que presenta todo el sistema residencial en general”, dice el informe.

Es decir, los problemas detectados en las Aldeas son también los problemas del sistema entero. Por ejemplo, el problema de la larga institucionalización de los niños. La comisión detectó 88 jóvenes sobre los 18 años viviendo en las Aldeas, los cuales habían pasado en promedio ¡13 años! dentro de sus hogares. Es decir, dejaron el ambiente familiar siendo muy niños, crecieron dentro de la institución y eso los hizo dependientes de ella. Esa institucionalización, “lejos de ayudarles pudo haberlos dañado aún más para su integración socio-laboral y comunitaria”, refiere el documento.

En una Aldea del sur, la Comisión encontró dos hermanos que ingresaron a los 4 y 6 años en 1998 y hoy siguen viviendo allí. Al no existir una causa asociada a ellos en el sistema de los tribunales de familia (SITFA), “es imposible determinar la causal de ingreso y la razón que los ha mantenido allí durante 14 años”, dice el informe.

Otro caso similar: “Mujer de 24 años que ingresó a los dos años de edad. No existe ningún antecedente de porqué permaneció institucionalizada durante más de 20 años sin buscar alternativa alguna”.

Aldeas SOS, como muchas instituciones de residencia, tiene una política orientada a quedarse con los niños por largo tiempo. Según afirman ellos, desde la firma de la Convención de los Derechos del Niño, Aldeas ha cambiado su política al respecto. Sin embargo, la Comisión establece que de 70 niños y niñas de la Aldea que fueron declarados susceptibles de adopción, 50 estaban con sentencias ejecutoriadas, pero solo cuatro habían sido enlazados con una familia (había una familia identificada con la que se estaba avanzando en el proceso de adopción).

La Comisión critica que Aldeas trabaja “muy poco o nada en la búsqueda de familias de acogimiento”, y se consulta: “cuál es el sentido que se le da a la declaración de susceptibilidad de adopción”, si sólo se logra el objetivo en un 8% de los casos con sentencias ejecutoriadas.

NIÑOS INVISIBLES

En su informe la Comisión precisó que de los 1.112 niños y jóvenes que fueron visitados en las Aldeas, la mitad son financiados por el SENAME y la otra mitad los mantiene la Aldea con recursos propios. Aunque parezca descabellado, los niños que tienen financiamiento SENAME corren una suerte bien distinta de los niños que no la tienen.

No recibir subvención implica que el niño no está en el registro informático de SENAME.  Y por lo tanto, SENAME no supervisa su situación. Ese hecho significa que los niños que carecen de subvención “no siempre tienen la posibilidad de ejercer su derecho a vivir en una familia, ni que la autoridad administrativa o legal pueda revisar su proceso de intervención familiar para asegurar la transitoriedad de la medida de internación”. Según el informe, la existencia de niños sin financiamiento SENAME “ha dificultado que el Estado tenga el mismo nivel de supervisión que aquellos niños que sí reciben subvención”.

Unos datos como ejemplo: de los 539 niños sin subvención que visitó la Comisión en las Aldeas, en 137 casos se desconocía quién pidió la internación. Y aunque en todos los casos sí se sabía por qué el niño estaba ahí, la falta de un diagnóstico de su situación era un problema masivo. Es decir, si un niño había llegado por violencia intrafamiliar, probablemente no era atendido por ningún especialista que determinara sus carencias. Su nivel de daño. Obviamente, sin el diagnóstico no podía haber un Plan de Intervención.

Sin embargo, fue posible observar que la mayoría de los niños “sin subvención” sí contaban con un Plan de Intervención, aunque no tuvieran diagnóstico. Así ocurría en la Aldea de Padre de las Casas y en Curicó, donde ninguno de los niños tenía diagnóstico, sin embargo, el 80%  tenía un Plan de Intervención diseñado. ¿En base a qué se había construido ese plan?

Tras estos casos la Comisión se forma la convicción de que las Aldeas trabajan con los niños subvencionados por SENAME con “un enfoque mayoritariamente orientado hacia el egreso con padres biológicos”.  Los que no tienen subvención, los que no están en la red y no son supervigilados por el aparato público, “registran un mayor número de planes con enfoque en la vida independiente y el cuidado en la residencia hasta la mayoría de edad”, por lo que su internación se prolonga.

De este modo los que no reciben subvención tienen un 42 % de posibilidades de volver con su familia de origen, porcentaje que sube al 58 % en el caso en que sí  están subvencionados.

Es importante aclarar que el hecho de ser un niño con subvención o no y qué cambios esto puede acarrear para su tratamiento y su destino, no depende del niño ni del drama que le toca vivir. Simplemente ocurre que si el SENAME paga ocho cupos en un hogar y esos ocho cupos están llenos, el niño o niña número nueve se transforma en un “niño privado”: con una nula súper vigilancia de parte del SENAME y una tendencia mayor que los otros ocho niños a ser criado dentro de la institución.

A todas luces, diferencias como ésta no tiene justificación. Y parecen prolongarse en el tiempo porque simplemente los niños abandonados no son capaces de exigir sus derechos.