Senadores Ximena Rincón, Ignacio y Patricio Walker, tienen vínculos familiares con empresas del rubro
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Senado debe votar el 2 de julio 40 indicaciones a la ley de concesiones
eléctricas y debiesen inhabilitarse tres senadores que tienen nexos
familiares con empresas del rubro. Patricio e Ignacio Walker tienen un
hermano que encabeza un proyecto de energía solar. Y la senadora Ximena
Rincón, aunque está separada, sigue legalmente casada con el diputado
Juan Carlos Latorre, quien posee una sociedad que participa del negocio
eléctrico. Los tres senadores aprobaron artículos fundamentales para
agilizar la entrega de concesiones eléctricas. Rincón hizo lo propio
cuando aún integraba la sociedad con Latorre.
Este
martes 2 de julio quedará marcado como un día clave en la tramitación
de la ley sobre concesiones eléctricas, no sólo por la relevancia de lo
que se debe tramitar ese día en el Senado en materia energética, sino
también porque pondrá a prueba la transparencia de algunos senadores que
tienen comprometidos intereses en el sector, sea personalmente o a
través de familiares. Lo que se votará en la sala de la Cámara Alta es
parte de un acuerdo transversal entre el gobierno y el Congreso para
acelerar la tramitación de dos leyes que resultan fundamentales para
impulsar el desarrollo energético del país: la Ley de Concesiones
Eléctricas y la Ley sobre Energías Renovables no Convencionales (ERNC,
también conocida como Ley 20/20).
El nudo de la negociación busca destrabar –por una parte- el proyecto
de ERNC que no avanzaba lo suficiente en la Cámara para conseguir a
tiempo la primera meta para diversificar la matriz energética. Ese
objetivo es conseguir que el 5,5% de la producción de energía del país
provenga de fuentes renovables no convencionales. La otra parte del
acuerdo consiste en apurar la tramitación de la Ley de Concesiones
Eléctricas para disminuir ostensiblemente los plazos que hoy demoran
casi dos años para adjudicar estas concesiones. Esta es una prioridad
para el gobierno ante las severas consecuencias por la prolongada sequía
y la paralización de proyectos como HidroAysén (vea el documento).
En el Senado hay a lo menos tres legisladores que tienen vínculos con
el sector energético: Ximena Rincón (DC), representante de la Región
del Maule Sur; Ignacio Walker (DC), de la Quinta Región Interior y su
hermano Patricio (DC), de la Región de Aysén.
Ximena Rincón tuvo un 40% de participación –hasta 2012- en la
Sociedad de Inversiones Latri. Esta sociedad figura como accionista de
Gestión de Proyectos Eléctricos S.A., destinada a “ejecutar todo tipo de
proyectos eléctricos o energéticos, públicos o privados, ya sea
directamente o a través de terceros”. Su socio era el diputado DC Juan
Carlos Latorre, dueño del restante 60% y quien sigue siendo legalmente
su marido, aunque ahora están separados. El 1 de marzo de 2012 la
senadora Rincón se retiró de la sociedad y el diputado Latorre incorporó
en su reemplazo a uno de los hijos de su primer matrimonio, Juan Carlos
Latorre D`Otonne.
La parlamentaria patrocinó, junto a los senadores Jaime Orpis (UDI),
Isabel Allende (PS), Gonzalo Uriarte (UDI), Eduardo Frei (DC) y Baldo
Prokurika (RN), el acuerdo que suscribieron con el gobierno para
acelerar la tramitación de los dos proyectos vinculados a la agenda
energética.
LOS HERMANOS WALKER
El caso de los hermanos Patricio e Ignacio Walker es diferente. Su
hermano Juan es un empresario dedicado al negocio de las energías
renovables no convencionales, uno de los temas centrales que aborda el
proyecto sobre energías renovables que se está tramitando actualmente en
la Cámara. Juan Walker está desarrollando un proyecto para montar
Atacama Solar, la primera planta de energía solar en Chile de gran
escala, en la región de Tarapacá, con una capacidad proyectada para
generar unos 250 MW en 2017. El proyecto abarca también la línea de
transmisión para conectarlo al Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING).
CIPER revisó las votaciones previas de Patricio Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se inhabilitó. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón, que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012.
El 19 de junio el Senado votó en la sala dos artículos de la Ley de
Concesiones Eléctricas que requerían un quórum calificado de 4/7 de los
senadores en ejercicio, es decir 23 votos. El primer artículo, el 31
bis, fija un mecanismo para que un juez arbitral intervenga en los casos
en que se produzcan dificultades o choque de intereses entre las
concesiones eléctricas y otras concesiones mineras, de energía
geotérmica o cualquiera en disputa. En este caso, la votación fue de 23
votos a favor, 6 en contra y una abstención. Los senadores Patricio e
Ignacio Walker votaron a favor de la norma y también lo hizo la senadora
Rincón (ver votación Senado).
El segundo artículo, 34 bis, ha sido más cuestionado por las
organizaciones ambientalistas y algunos senadores, porque permite
continuar con las obras aunque un juez determine su paralización o
suspensión en caso de un juicio. La única condición que se exige al
concesionario es que “consigne en la cuenta corriente del tribunal
caución (dinero en garantía) para responder de la demolición de la obra o
de la indemnización de los perjuicios” en caso de ser condenados por el
juez. La votación fue de 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
La Alianza votó en bloque ambos artículos. Sin embargo, la senadora
Lily Pérez (RN) votó en contra del segundo, desmarcándose del resto de
los senadores de su sector.
-Si bien apoyo el espíritu general de estos proyectos, voté en contra
de este artículo porque da la posibilidad a algunos concesionarios de
destruir igual y argumentar que dejaron los recursos para hacer una
compensación económica. Cuando se hace un daño, este es irreparable.
Creo que el dinero no compensa el daño que se pueda generar en obras de
esta magnitud -afirma la senadora Pérez.
Los hermanos Patricio e Ignacio Walker y Ximena Rincón votaron a favor de la norma.
-
Estudié los dos artículos y no vi que hubiera ninguna relación con las
energías renovables no convencionales, que es el negocio de mi hermano.
No tiene relación con un interés específico y en eso la ley es clara:
si se regula un ámbito en general, uno no debe inhabilitarse -explica el
senador Patricio Walker.
La norma que regula los conflictos de interés para los parlamentarios
está establecida en el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional: “Los miembros de cada una de las Cámaras no
podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o
personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o
colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de
afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con
todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés
que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”. En el
caso de la senadora Rincón, el eventual beneficiado con estas nuevas
normas es su cónyuge. El certificado de matrimonio que entrega el
Registro Civil señala que ella aún mantiene el vínculo conyugal con el
diputado Latorre (vea el documento).
Respecto de Ignacio y Patricio Walker, la relación es de consanguinidad
en primer grado, por tratarse de un hermano, y cae dentro de las
restricciones señaladas en la norma que regula las inhabilidades.
Frente a la votación prevista para este martes 2 de julio, que
revisará 40 indicaciones a los artículos de la ley sobre concesiones
eléctricas, el senador Patricio Walker aseguró que “voy a revisar los
artículos en detalle y si hay alguna norma que tenga relación con las
energías renovables no convencionales, donde está la relación con los
negocios de mi hermano Juan, por supuesto que me voy a inhabilitar”.
Pese
a esta declaración, CIPER revisó las votaciones previas de Patricio
Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no
convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio
Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se
inhabilitó. “No es extraño que haya votado a favor, porque en ese
momento yo no tenía información de que mi hermano estuviera en el
negocio de la energía solar. El entró fuerte a mediados del 2012 y este
año 2013″ asegura el senador Walker. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón,
que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad
vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su
participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012. La
senadora no respondió los llamados de CIPER.
En paralelo al Senado, la Cámara está discutiendo el proyecto sobre
ERNC 20/20, que busca ampliar de un 10% a un 20% la meta de energía
producida en el país proveniente de fuentes alternativas no
convencionales al año 2025. El mismo día que se votaron en el Senado los
artículos especiales de la Ley sobre Concesiones Eléctricas, los
diputados aprobaron -en general- la ley sobre ERNC 20/20. Tres diputados
se inhabilitaron: Juan Carlos Latorre (DC); Matías Walker (DC), hermano
de los senadores Ignacio y Patricio; y Jorge Burgos (DC). Los tres
apelaron al artículo que determina las inhabilidades cuando hay
intereses comprometidos. Latorre explicó su decisión en que “mi trabajo
profesional, a veces, tiene relación con la materia de este proyecto”.
En todo caso, Latorre ya había votado la idea de legislar el mismo
proyecto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.
Latorre también formó parte de los seis diputados que suscribieron el
acuerdo gobierno- Congreso para agilizar la tramitación de los dos
proyectos de ley esenciales para la agenda energética. Junto a Latorre
pusieron su rúbrica a ese acuerdo los diputados Felipe Harboe (PPD),
Mario Bertolino ( RN), Carlos Vilches (UDI), Fidel Espinoza (PS) y
Manuel Rojas (UDI).
LA VOTACIÓN DEL MARTES 2 DE JULIO
Antes de que se iniciara la votación en la Sala sobre la Ley sobre Concesiones Eléctricas, los senadores Ximena Rincón, Ignacio y Patricio Walker pidieron un pronunciamiento formal al secretario del Senado, Patricio Labbé, respecto de si estaban habilitados para votar. El tema fue planteado por CIPER el día previo a la votación y daba cuenta que el hermano de los senadores, Juan Walker, participa del negocio de las energías renovables, con un mega proyecto de paneles solares en el norte grande. En el caso de Ximena Rincón su marido, el diputado Juan Carlos Latorre, tiene una empresa vinculada a la gestión de servicios eléctricos.El secretario del Senado interpretó que los senadores no están inhabilitados, porque no hay artículos relacionados con la ley de energías renovables. “Impedir o considerar impedidos a los senadores para los efectos de votar materias de índole general, paralizaría el Congreso Nacional, por cuanto no son reemplazables y más aun, impediría muchas veces resolver materias de quórum especial. Por consiguiente, tiene que tratarse de situaciones en que el interés es de índole personal, no lo es cuando un pariente forma parte de una institución, profesión o industria en que se está legislando, porque cuando se está legislando se está legislando en general”.
Llama la atención la interpretación del secretario del Senado, considerando que cuando el gobierno envió la ley de Concesiones Eléctricas al Congreso, incluyó en su mensaje un párrafo específico donde relevaba la importancia y conexión de las energías renovables no convencionales con la red energética: “Los recursos primarios para la generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales, suelen estar alejados de los centros de consumo, y por ende, son más dependientes aún de las líneas de transmisión para evacuar su energía”.
Respecto a las causales de inhabilitación, La Ley Orgánica del Congreso dice: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.
A pesar de la interpretación del secretario del Senado, Patricio Walker resolvió no votar. Ignacio Walker sólo voto la admisibilidad de una indicación pero no participó de la votación de los artículos en particular. Ximena Rincón, en cambio, sí votó.
Al inicio de la sesión, Ximena Rincón aseguró que se informó por CIPER que “mi cónyuge legal -por encontrarme en el periodo de tramitación unilateral de divorcio- tiene intereses en empresas de energías renovables no convencionales”. Por esas razones, solicitó a la Comisión de Ética que se pronuncie por sus votaciones anteriores relacionadas con los dos proyectos, aun cuando ella se mantiene en régimen de separación de bienes y fuera de la participación accionaria de dicha empresa.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Dos senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía, José
Antonio Gómez (PRSD) y Antonio Horvath (RN) presentaron una propuesta
alternativa al acuerdo gobierno-Congreso que busca apurar los dos
proyectos de ley. En general, Gómez y Horvath respaldan la iniciativa,
pero condicionan su apoyo a que se introduzcan algunos cambios que
consideran esenciales. Uno de ellos es consultar a las comunidades
indígenas (cuando se dé el caso) antes de otorgar la concesión de obras y
no después, durante el proceso de construcción, como establece el
acuerdo. Otro es ampliar las causales por las que pueden objetar el
proyecto de concesión los afectados. Hoy, sólo se puede imputar cuando
hay un diferendo respecto de la delimitación del proyecto y es posible
paralizar totalmente una obra si existe un juicio de por medio. Como ya
se ha dicho, el acuerdo gobierno-Congreso establece que las obras pueden
seguir adelante, siempre que el concesionario deposite una suma en
garantía.
Sobre este último punto, Iván Couso, experto legislativo en minería y
energía y coordinador del programa País Eficiencia Energética,
sostiene: “Me parece que no se condice con el espíritu de la ley de
medio ambiente, que plantea el principio preventivo como uno de sus
principios inspiradores. Precisamente, se busca evitar la existencia de
conflictos ambientales artificiales que operen por la vía de oposiciones
de las comunidades a un proyecto, que (las controversias) sean
resueltas en base a compensaciones ambientales y a equilibrios que, con
estos derechos excesivos para los titulares, se rompen, forzando la
judicialización”.
Couso señala que el proyecto “lamentablemente, no guarda la mínima
ecuanimidad que se requiere entre los derechos del titular de una
concesión y el potencial afectado”.
La Fundación Terram, especializada en temas medioambientales,
considera que se debe retirar la suma urgencia del proyecto de
concesiones eléctricas. A su juico esta iniciativa tiende a la
“perpetuidad en concesiones, pues éstas tienen carácter de indefinidas.
La perpetuidad no colabora a tener un sistema eléctrico diverso y a
reducir la concentración actual en la generación, trasmisión y
distribución, que permitan tener una matriz energética heterogénea.
Además, es un perjuicio de por vida para el propietario del terreno que
quedó gravado, ya que la ley de propiedad es pasada a llevar por la ley
de servicios eléctricos”.
La participación ciudadana disminuiría, según Terram, pues los plazos
de notificación de los afectados y la reducción de las causales para
reclamar se ven reducidos.
