ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA LA TITULARIDAD DE PROFESORES A CONTRATA.
Luis Eduardo González Navarro
Movimiento por la Unidad Docente.
El día viernes pasado, a través de Radio Biobio, (http://www.biobiochile.cl/
Ante ello, y en mi condición de docente a contrata, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente:
1. Los profesores, al igual que el
conjunto de los trabajadores del país, hemos estado asistiendo en las
últimas décadas, a un proceso de intensificación de la precarización y
flexibilidad laboral. Una manifestación de este proceso, entre muchos
otros aspectos, lo constituye la inestabilidad expresada en
contrataciones a contrata. Este tipo de modalidad contractual
implica, para los trabajadores, inseguridad permanente puesto que no se
sabe si finalizado el año escolar, se renovarán los contratos. El estrés
y el temor son sentimientos en cientos de profesores cada fin de año.
2. A diferencia del resto de los
trabajadores regidos por el Código del Trabajo, los profesores del
sector municipal regulados por el Estatuto Docente, una vez cumplidos
más de dos años de trabajo para el mismo empleador, no pasamos a ser
trabajadores de contrato indefinido o “de planta”. Es decir, los
profesores incorporados en la modalidad a contrata, podemos
mantenernos por más de 15 años en esta situación “legal”, no pasando a
ser nunca titulares. En tal sentido, nuestros derechos, en este
particular aspecto, están en menoscabo en relación al conjunto de los
trabajadores.
3. A nivel nacional, el 40,6% de los docentes se encuentra en calidad de contrata.
En muchas municipalidades el porcentaje sobrepasa el 50%. El grueso de
los municipios están violando sistemáticamente el ART. 26 del Estatuto
que indica que la cantidad de profesores a contrata no podrá
pasar del 20%. Los gobiernos de turno han sido cómplices del atropello a
la ley que flagela a los trabajadores de la educación. En vez de ver en
el proyecto de ley que comentamos, la oportunidad para ajustarse a
derecho, los alcaldes amenazan con la quiebra de sus municipios como
mecanismo de presión para no aprobar el proyecto.
4. Como se comprenderá, esta
situación no puede seguir. Por tal motivo, dirigentes del Colegio de
Profesores, encabezados por Guido Reyes, han impulsado el proyecto de
ley que busca pasar a titularidad a todos los docentes que al año 2013
cuenten con 3 años continuos de trabajo para el mismo empleador, o 4
años discontinuos. Es preciso aclarar que esta iniciativa no es nueva.
En efecto, a fines de la década de los noventa, durante el Gobierno del
Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, se aprobó la ley Nº 19.648, que
dispuso, por única vez, que los profesores que hubieran prestado
servicios continuos por más de tres años a contrata debían ser
incorporados a las plantas municipales en calidad de titulares. En la
oportunidad se fundamentó, además de la justicia y retribución legítima a
los docentes, el hecho de que estando ya contemplado el gasto en los
municipios no se incrementa el gasto de las administraciones municipales
al cambiar el vínculo entre el profesor y la Municipalidad o
Corporación Municipal respectiva. Hoy luego de 13 años, se aspira a
revivir esta ley.
5. Es absolutamente falso que este
proyecto implica mayores gastos y por tanto una eventual quiebra para
los municipios. Los alcaldes no se han leído el proyecto o bien,
derechamente, mienten a la opinión pública. El proyecto no implica gasto
al erario nacional, toda vez que no implicaría el aumento de
remuneraciones, siendo solamente un cambio de situación contractual. Por
esta razón la Cámara de Diputados lo declaró admisible y aprobó
mayoritariamente. El Senado, debiese hacer lo mismo.
6. De aprobarse el proyecto, como
esperamos, reconocemos en él un avance importante en el respeto de los
derechos de los docentes. Sin embargo, no debemos olvidar los temas
estructurales. Es urgente, hoy más que nunca, seguir en la lucha por una
educación gratuita que implique el fin del sistema de subvenciones. Una
carrera profesional docente fundamentada en el trabajo cooperativo y no
competitivo. Y, una administración estatal de las escuelas.
