El programa Educación en el Aire conversó sobre la crisis de la
educación municipal con el presidente de la Comisión de Educación de la
Asociación de Municipalidades, Gonzalo Navarrete. Además, el académico
Juan Eduardo García Huidobro explicó en qué consiste el financiamiento
compartido.
La Asociación Chilena de Municipalidades ha declarado que se
encuentra con problemas económicos, ya que en ellos recaen demasiados
gastos en relación a educación pública. Fue por eso que el comité
edilicio decidió interponer una demanda civil contra el Estado y
realizar movilizaciones nacionales que definen de “carácter urgente”.
Al respecto, el alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de
Educación de la institución, Gonzalo Navarrete, señaló que el problema
no radica en la gestión, sino en los recursos que reciben las alcaldías.
“Cuando con la unidad de subvención escolar sólo se tiene cubierto el
80% o 85% de los sueldos de los profesores, y la capacidad de inversión
de los municipios en educación depende de las comunas con recursos y las
que no, se manifiesta un importante inconveniente estructural”,
manifestó.
Lo anterior genera una “gran contradicción”, dice Navarrete, ya que
“los que tenemos menos posibilidades de inversión entregamos a los niños
entre 15 y 20 mil pesos, mientras los ediles de sectores más adinerados
lo hacen en $70 mil”.
“El año 2012 los municipios invirtieron $176 mil millones para
financiar la educación en lo más básico, pero aún hay una deuda
previsional de 15 mil millones, otros 25 mil millones a proveedores, y
400 mil millones por jubilación. Ante esas cifras, lo que estamos
diciendo es que hoy la educación municipal está en la bancarrota”,
destacó.
En esa materia señaló que la subvención escolar preferencial no
mejora las cosas. “Esa ayuda aporta al segundo profesor y a la compra de
materiales o equipos, pero no se mete en el problema estructural”,
especificó. Y agregó: “La ministra no quiere entregarnos recursos porque
dice que existe la ley de subvención a la clase media, normativa que lo
único que hace es terminar de llevarse a los niños de las instituciones
públicas”.
Actualmente la educación municipal cubre, tan sólo, un 38% del total
de establecimientos. Hasta hace algunos años ésta representaba el 70%.
¿Qué pasó? Según el alcalde el déficit ocurrió por la competencia
desleal con los colegios particulares subvencionados. “Ellos hacen
selección económica, de conducta y rendimiento, y con eso pueden mejorar
los resultados en el Simce, por ejemplo, pero si se comparan los datos
los municipales continúan superándolos”, subraya.
Ante lo anterior, el encargado del área indicó que como Asociación
Chilena de Municipalidades presentarán una propuesta de
desmunicipalización, ya que sostienen que “la única manera de mejorar la
calidad es que el Estado se haga cargo”. Para ello construyeron un
calendario de movilizaciones que incluye un paro los primeros días de
septiembre, jornadas de reflexión, y un banderazo. “Estamos en etapa de
sensibilización de lo que será la educación los próximos 30 o 40 años,
contó el alcalde.
“Lo que nosotros planteamos son dos vías: corporaciones de derecho
público con estructura desde la seremi o la creación de un sistema
nacional de educación”, arguyó Navarrete. Y añadió que esta propuesta
contrarresta a la del gobierno, en la que “no hay cambios en la carrera
docente, no tiene sistema de financiamiento distinto del actual”.
Juan Eduardo García Huidobro: “El financiamiento compartido solo ha aumentado la segregación”
La IX encuesta del Centro de Investigación y desarrollo de la
Educación de la Universidad Alberto Hurtado (CIDE), arrojó que el 64,4%
de los estudiantes considera que la libertad de los colegios para cobrar
genera desigualdad en el país, y que los profesores tienen una mirada
negativa del financiamiento compartido, entre otros datos.
Pero ¿qué es el financiamiento compartido? Según Juan Eduardo García
Huidobro, miembro del CIDE y ex presidente de la comisión asesora de
educación del gobierno de Michelle Bachelet, explicó que “es un sistema
que se instauró en Chile al final de la dictadura militar, en los años
1988 o 1989, pero en condiciones que no eran buenas para los
establecimientos”, dijo.
En 1993 se modificó el estatuto y se dio lugar al sistema que hoy
existe, “en el que los colegios pueden cobrar, obligatoriamente, a las
familias un porcentaje que va de 0 a 75 mil pesos. Cuando el cobro no es
muy alto, casi no tiene efecto en la disminución de la subvención. Pero
de todas maneras el colegio que cobra tiene más recursos para dar mejor
prestación a los estudiantes que los que no lo hacen”, señaló.
Este sistema puede ser usado por las instituciones municipales de
enseñanza media y los particulares subvencionados. “En la práctica los
primeros lo usan muy poco por la razón que no es un dinero seguro para
la alcaldía, pues las familias pueden argumentar que no pueden pagar”,
contó.
Según el académico el financiamiento compartido no ha mejorado la
educación, pero sí ha aumentado la segregación. “Hoy el precio del
colegio es un indicador de clase”, explicó. Y agregó: “la parte central y
democrática de la educación, como es el encuentro entre los diferentes,
no se está entregando. Y pero aún si reúno sólo a los niños con menos
estímulos para aprender, con más riesgo social etc., el rol de los
profesores y profesoras aumenta tres veces y es mucho más duro, y esos
niños no se benefician con el efecto pares”.
Y eso afecta, contó, porque Chile ha llegado a tener los niveles de segregación internacional más altos del mundo”.
La propuesta que realiza Juan Eduardo García Huidobro es un sistema
de congelamiento gradual de dos o tres años. “No se puede hacer borrón y
cuenta nueva a sabiendas que muchas instituciones se han endeudado para
mejorar las necesidades que abarcaban”, indicó. Sin embargo, sostuvo
que espera que este método lleve a la educación gratuita en una década.
Finalizó señalando que el financiamiento compartido va contra la
libertad de enseñanza (emitida por Naciones Unidas en 1948), ya que “el
tamaño de mi libertad es el de mi billetera”, sostuvo.
