A
mediados de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
declaró admisible una demanda de 852 profesores contra el Estado por el
no pago de sus cotizaciones previsionales. La resolución reabrió la
disputa sobre la “deuda histórica” que ascendería a más de 9 mil
millones de dólares. Si no hay arreglo, el caso podría terminar en La
Haya. Por Fernando Vega
Todo comenzó el 19 de agosto de 1981 con la municipalización de la
educación chilena. A contar de ese día, 84 mil profesores dejaron de ser
empleados del Estado para convertirse en funcionarios municipales. El
problema fue que algunas comunas jamás pagaron los bonos prometidos a
estos docentes, como tampoco parte de sus fondos previsionales.
Treinta y un años después, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) declaró admisible una demanda de un grupo de 852
profesores contra el Estado de Chile por esa deuda, reabriendo una
millonaria disputa. Si el Estado pierde, deberá pagar, en principio, más
de 40 millones de dólares en compensaciones sólo a ese grupo de
maestros. Y si no se llega a acuerdo, el caso podría terminar en la
Corte Interamericana de Justicia de La Haya.
Lo delicado del caso es que podría abrir la puerta a otros 83 mil
profesores que se encuentran en la misma situación, pero que jamás
demandaron, están en ello o murieron esperando alguna solución. Y ahí sí
que la factura podría ser alta. Enorme, según cálculos del senador
Hernán Larraín (UDI), quien estima que podría superar los 9 mil millones
de dólares.
Por eso, una vez conocida la resolución desde Washington, el
parlamentario reactivó los contactos para buscar una pronta solución al
problema. Dentro de tres meses, si no hay más observaciones, el caso
iniciará su curso normal. Y ahí, Chile puede abrirse a una conciliación o
perseverar bajo el riesgo de ser condenado.
A ello se suma que en julio la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) –que también estudia el caso de los profesores chilenos– emitirá
un pronunciamiento al respecto (ver recuadro).
La semana pasada, Larraín logró un acuerdo transversal en el Senado
para pedirle al Presidente de la República que se establezca una mesa de
negociaciones, partiendo de la base de reconocer la existencia de la
enorme acreencia. “Ya hemos logrado los acuerdos y con esos antecedentes
vamos a presionar al Gobierno para que dé repuesta. Creemos que estos
antecedentes son útiles para todos los profesores”, dice Larraín.
“No había cómo pagarles”
El 28 de marzo de 1994 un grupo de profesores de la nortina ciudad
costera de Chañaral interpuso una demanda por su deuda previsional ante
el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, que fue fallada a su favor
cuatro meses después. Pero, entre apelaciones e impugnaciones, el pago
de la deuda se fue alargando, hasta que en agosto de 1999 se abrió la
posibilidad de un arreglo con el municipio. Entre abrazos y apretones de
mano, los docentes firmaron con la alcaldía un convenio de pago que
nunca se cumplió, pese a los reclamos, marchas, paros y querellas.
Así siguió el conflicto hasta que, a mediados de 2005, la
municipalidad bajó los brazos y pidió a los tribunales eximirse de los
pagos por encontrarse en bancarrota. En la misma situación se
declararían tiempo después varios otros municipios chilenos.
“No había cómo pagarles, ni de dónde sacar toda esa plata. Si se
cancelaba tan sólo una parte se acababan todos los recursos de la comuna
y se anulaba todo el municipio”, recuerda el alcalde Héctor Volta.
Ésa fue la gota que rebasó el vaso. Hartos de la situación, los
ochenta y cuatro docentes viajaron a Santiago en busca de ayuda.
Representados por los abogados Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara,
Alfredo Etcheberry y Giampiero Fava, decidieron demandar al Estado de
Chile.
El 23 de noviembre de 2005, la CIDH recibió formalmente la denuncia y
el 9 de agosto de 2006, el Estado presentó sus observaciones. En los
dos años posteriores se sumaron otros 80 profesores de Chanco, 32 de
Pelluhue, 90 de Parral, 193 de Vallenar y 373 de Cauquenes, dando un
total de 852. Y el 13 de abril pasado, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos declaró que la demanda de todos ellos era admisible.
El hecho podría marcar un antes y un después en las demandas contra
el Estado. “Nunca el Estado de Chile –a diferencia de otros– ha sido
denunciado o condenado a pagar una suma de dinero como compensación
esencial por la violación de derechos humanos”, advierte Ciro Colombara.
“No corresponde”
Hasta la fecha, el Estado chileno se ha negado a reconocer la
obligación, esgrimiendo principalmente que se trata de un problema entre
los profesores y los municipios. Pero éstos aseguran que es tanta la
plata necesaria para pagar la deuda, que necesitan del Fisco.
Los municipios siguen argumentando que pagar los haría caer en la
insolvencia y se quejan de que por ley ni siquiera pueden echar mano a
los bienes comunales para venderlos y hacer frente al problema. Así las
cosas, hasta ahora nadie se ha hecho cargo del asunto. Entre medio, la
justicia ha fallado siempre a favor de los maestros, pero todo sigue
quedando en nada. No hay quién pague.
Según consta en el informe de admisibilidad, la defensa del Estado
chileno apunta a que no corresponde una acción de esta naturaleza,
debido a que los profesores no habrían agotado todos los recursos
disponibles en la jurisdicción interna para reparar las presuntas
violaciones.
La defensa nacional agrega que los maestros tampoco usaron el recurso
de protección, “consagrado en la Constitución para proteger a las
personas contra actos u omisiones que consideraran violatorios de sus
derechos fundamentales”. Y respecto de la deuda con los profesores de
los demás municipios, sostiene que “se trata de una simple enunciación
generalizada”, según se lee en los documentos de la CIDH.
Derechos atropellados
Fuentes de gobierno reconocen que el tema es complejo. Porque si bien
la CIDH se pronunció sólo sobre los 852 profesores que demandaron, su
fallo o sus interpretaciones pueden ser una incitación para que todos
los demás docentes exijan sus compensaciones. Y, de hecho, ya lo están
haciendo: en el Gobierno se sabe que hay dos grupos de profesores
organizándose para acudir también al organismo.
No por causalidad el presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, asegura que esta demanda interpuesta representa “el punto de
partida” para el pago de la “deuda histórica”, algo con lo cual coindice
el senador Larraín. “No puede ser que el Estado de Chile mantenga
indefinidamente esta deuda social”, añade.
Y es que cuando la CIDH acogió la demanda contra Chile, lo hizo
estimando que se habían violado una serie de derechos fundamentales de
los docentes: desde no respetar sus garantías judiciales –ya que, pese a
todos los fallos de la justicia chilena, nadie les ha pagado–, hasta el
derecho de propiedad, porque la plata de sus cotizaciones les pertenece
inembargablemente.
“Asimismo, en cuanto a las alegadas consecuencias que en la salud y
vida de las presuntas víctimas habría tenido el presunto exceso de
tiempo, la Comisión hará el análisis correspondiente, en la medida de lo
pertinente y a la luz de lo establecido en el artículo 5 de la
Convención Americana, durante la etapa de fondo”, indica la sentencia.
Actualmente, los abogados prepararan todos los antecedentes
necesarios para demostrar cómo la larga espera de los profesores ha
afectado no sólo su dignidad, sino que la integridad y vida, en algunos
casos. Ello, porque en el transcurso de los ocho años de litigio ante la
CIDH, 76 de los demandantes murieron. “Se han acompañado durante la
etapa previa un sinnúmero de antecedentes, informes, sentencias y
declaraciones de los afectados que dan cuenta del estado socio económico
de los profesores y de sus familias. Se ha informado a la Comisión del
fallecimiento de un número importante de maestros en el transcurso de
todos estos años. Por último, se acompañarán en esta nueva etapa,
informes socio-económicos emitidos por los asistentes sociales de las
municipalidades de Chañaral, Vallenar, Chanco, Parral, Cauquenes y
Pelluhue. Todo lo anterior, sin perjuicio de otros antecedentes,
informes, declaraciones, etc. que se acompañen a la Comisión”, adelanta
el abogado Fava.
Según estimaciones del Colegio de Profesores, entre 1981 y hoy, ya
han fallecido unos diez mil docentes de los 80 mil a los que el Estado
les debe. Y se espera que sean sus descendientes quienes busquen
compensaciones.
Los 9.100 millones de dólares
Entre 2005 y 2013 ha habido más de nueve acuerdos del Senado y la
Cámara de Diputados pidiéndole a las diferentes administraciones que
tomen cartas en el asunto. Parlamentarios de todas las bancadas han
firmado esos documentos.
Lo más cerca que se estuvo fue durante el Gobierno de Michelle Bachelet, pero finalmente el tema no prosperó debido –según el Colegio de Profesores–, a presiones de Hacienda ante lo abultado de las cifras.
Lo más cerca que se estuvo fue durante el Gobierno de Michelle Bachelet, pero finalmente el tema no prosperó debido –según el Colegio de Profesores–, a presiones de Hacienda ante lo abultado de las cifras.
¿Cómo se llegó a los 9.100 millones de dólares? A comienzos de 1981
hubo un reajuste al sector público y una bonificación que se pagaría a
tres años para los profesores que entonces dependían del Ministerio de
Educación. Pero como en agosto de ese mismo año se decretó la
municipalización de la educación, la mayoría de los docentes no alcanzó a
recibir la totalidad de las asignaciones, debido a la escasez de
recursos de algunos municipios.
Con el tiempo la situación se fue agravando porque varias comunas no
pagaron las cotizaciones previsionales de los profesores y las deudas se
fueron acumulando. Reajustada hasta 2009, la suma total llegó a los
9.100 millones de dólares.
Según los abogados de los profesores, en el proceso de
municipalización se habría considerado expresamente que los docentes
mantendrían en su nuevo régimen de trabajo las mismas remuneraciones y
beneficios que gozaban anteriormente. Pero, a partir de 1984, varias
comunas dejaron de cumplir con esta obligación.
Quita y bono
Debido a la cuantía de la deuda, nadie duda de que si se llega a un
acuerdo a nivel nacional, el caso terminará con un descuento de la deuda
para los profesores.
Todo dependerá eso sí, de lo que diga el Estado. Y por eso, según el
senador Larraín, el presidente Piñera tiene la última palabra para
mandatar la búsqueda de un consenso.
La fórmula que más se menciona es una mesa de diálogo en la cual
algunos parlamentarios actúen como mediadores y que incluya no sólo a
los profesores que demandaron, sino que a todo el magisterio de una sola
vez.
“Sabemos que la deuda es inviable. En 2009 se calculó en torno a los 9
mil millones de dólares. Ese monto significa casi la mitad del
presupuesto anual de educación, por lo que estaríamos dispuestos a
aceptar una reparación, una compensación de un bono entre 5 y 10
millones de pesos por profesor y además una compensación para mejorar
las pensiones más bajas debido a la indefensión de estos profesores en
su gran mayoría jubilados, con pensiones muy precarias”, dice Gajardo.
Los abogados denunciantes también están en una posición de buscar
acuerdos. “Así se lo hicimos saber a la misma Comisión Interamericana
con ocasión de la notificación del Informe de admisibilidad. De parte
del Estado no tenemos ninguna información. No sabemos cuál será su
actitud en este proceso”, afirma Fava.
Ocho años
El caso ha sido una de las admisibilidades más litigadas por la
Comisión. Antes de fallar, se realizaron numerosas presentaciones
escritas, audiencias y reuniones de trabajo en Washington que duraron
ocho años, debido a la complejidad del tema. En esta oportunidad, la
CIDH no tuvo que pronunciarse por casos de torturas o restricciones a
las libertades individuales, sino que sobre temas de escaso desarrollo
para el sistema interamericano de derechos humanos, como el respeto a
las garantías judiciales, derecho de propiedad, protección judicial,
entre otros, para los cuales no existe una jurisprudencia abundante.
“El caso tiene complejidades y el Estado de Chile ha dado una batalla
pertinaz para evitar respetar los derechos de los profesores
afectados”, sentencia Colombara.
Por lo mismo, nadie se atreve a señalar cuándo se conocería el fallo final. Siempre que llegue a esa instancia. •••_____________________________________________________________________________________________
El fallo que viene
Desde 2007 que el Colegio de Profesores mantiene ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) una queja en contra del Estado chileno
por la llamada deuda histórica, cuya resolución se espera para julio
próximo.
Ese tema fue usado por la defensa en Chile ante la CIDH, alegando que
como el Colegio de Profesores ya había presentado el caso ante esa
organización internacional, no cabía hacerlo en otra.
Sin embargo, la Comisión estimó que “las recomendaciones emanadas por
la OIT no tienen la misma naturaleza que el procedimiento ante el
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, toda vez
que dicho procedimiento produce recomendaciones y no “un arreglo
efectivo de la violación denunciada”. Agregó, además, que sus decisiones
“no conllevan ningún efecto jurídico vinculante, ni
pecuniario-restitutivo, o de carácter indemnizatorio”.
Por lo mismo, el fallo que encontró la razón a los 852 maestros, fue
anexado a fines de abril como un nuevo elemento de prueba para el caso
que se lleva en Ginebra y que, se prevé, será severamente condenatorio
contra el país.
