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En
esta columna de opinión, especialistas de Educación 2020 refutan las
tesis que indican que el fin del copago provocaría la desaparición de
los colegios particulares subvencionados o que afectaría negativamente
la calidad de la educación, limitando la libertad de enseñanza. “El
copago no contribuye a disminuir la segregación sino que, por el
contrario, la aumenta: de lo que cada familia pueda pagar, dependerá
donde estudien sus hijos. Esto pone en jaque la libertad de enseñanza,
en lo que se refiere a la posibilidad de los padres para escoger el
colegio de los hijos. En la práctica, este derecho sólo lo pueden
ejercer los que cuentan con recursos”, dicen los autores del texto.
Mucho se ha hablado
sobre los supuestos efectos apocalípticos que produciría terminar
paulatinamente con el financiamiento compartido y el lucro en la
educación escolar (básica y media). Las advertencias van desde anunciar
la desaparición de los colegios particulares subvencionados, hasta
sostener que influiría negativamente en la calidad de la educación. Ante
esta verdadera campaña del terror, resulta necesario precisar algunas
cuestiones fundamentales.
En Chile existen casi seis mil establecimientos particulares
subvencionados que atienden a más de un millón y medio de estudiantes,
lo que representa más del 50% de la matrícula escolar. Entonces,
simplemente pensar la mera posibilidad de eliminar esta modalidad, es
una falacia. Por lo demás, así como la prohibición de lucro en las
universidades no ha impedido la creación vertiginosa de nuevas
instituciones, el financiamiento compartido fue instaurado recién en la
primera mitad de la década de los 90, es decir, mucho después de la
creación de los colegios privados subvencionados por el Estado. Queda
claro entonces que la educación particular subvencionada puede funcionar
perfectamente sin estos mecanismos. Y en el mismo sentido, en países
como Holanda y Bélgica, en donde la matrícula particular subvencionada
representa sobre un 70% del total, tanto el financiamiento compartido
como el lucro están absolutamente prohibidos. ¿Por qué se nos plantea
entonces que establecer este tipo de regulación significa un atentado
contra la educación particular?
Ahora bien, en términos de “calidad”, la evidencia indica que tanto
en el sector municipal como en el particular subvencionado existen
colegios con resultados inaceptables. No es efectivo que los
particulares subvencionados – con o sin financiamiento compartido y con o
sin fin de lucro – sean mejores que los municipales. Por lo demás, el
resultado de un estudiante que asiste a un colegio particular
subvencionado se explica en gran medida por el nivel socioeconómico de
su colegio (origen social de sus compañeros de curso) y no por lo que la
institución aporta en términos de calidad. La relación entre el nivel
socioeconómico del colegio y los resultados en el SIMCE es mayor en los
colegios particulares subvencionados que en los municipales (más del
doble), lo que evidencia la profunda segmentación socioeconómica
existente en el sector (Mizala y Torche, 2012).
Sobre este punto, para ser claros, si bien existe evidencia
contradictoria en cuanto a la diferencia en los resultados,
investigaciones que han intentado despejar estas dudas (Drago y Paredes,
2011) han concluido una diferencia en el desempeño del orden de los
cuatro puntos a favor de la educación privada, sin que estas
estimaciones consideren mecanismos de selección y expulsión. Aquí hay un
aspecto relevante. Pese a que nuestra legislación lo prohíbe, hemos
visto como muchos colegios particulares subvencionados declaran
abiertamente contar con políticas de selección por razones académicas
y/o socioeconómicas. La explicación es simple y “razonable”: el afán de
obtener mejores resultados incentiva la selección para poder mostrar
mejores puntajes. Entonces, si se trabaja con niños “bien dotados” y
provenientes de familias con mayor capital cultural, esto es más fácil.
Pero, ¿qué pasa si dejamos de asociar calidad al resultado de una
prueba estandarizada y -tal como lo señala la Ley General de Educación y
la Ley de Aseguramiento de la Calidad- analizamos calidad considerando
factores como el clima y la convivencia escolar, el desarrollo
socioemocional, las prácticas colaborativas y, por sobre todo, la
integración social? En este escenario, resulta totalmente ajeno a la
realidad sostener que el financiamiento compartido y el lucro
contribuyen en la tarea de construir una mejor educación.
Chile cuenta con uno de los sistemas escolares más segregados del
mundo (Sevilla y Valenzuela, 2011), y los colegios con financiamiento
compartido son justamente los más segregadores y segregados (Elacqua,
Montt y Santos, 2012). El copago no contribuye a disminuir la
segregación sino que, por el contrario, la aumenta: de lo que cada
familia pueda pagar, dependerá donde estudien sus hijos. Esto pone en
jaque la libertad de enseñanza, en lo que se refiere a la posibilidad de
los padres para escoger el colegio de los hijos. En la práctica, este
derecho sólo lo pueden ejercer los que cuentan con recursos.
Conviene tener presente que en Chile la segregación escolar es mayor
que la segregación territorial(Elacqua y Santos, 2013), lo que en
términos simples significa que en las comunas, barrios y poblaciones de
nuestro país existen colegios que profundizan las desigualdades
sociales, distinguiendo incluso a aquellos que son vecinos, según su
capacidad de pago y/o académica. Además, desde el año 90 a la fecha
(justo después de instaurar el copago) la segmentación social escolar ha
aumentado considerablemente(Gómez, Valenzuela y Villalobos, 2013).
En síntesis, eliminar el lucro y el copago es promover la
integración, y con ello, los estándares de calidad de la educación en el
país.
