Este es uno de los lugares comunes más
usados y seguramente los lectores lo han oído en alguna sobremesa cuando
se conversa sobre la posibilidad de establecer en Chile un sistema de
educación financiada por el Estado para todos los estudiantes. El
argumento se suele expresar así: “Sería
una frescura que el Estado (o sea, todos los chilenos) financiara la
educación de los más ricos. Lo que se debe hacer es que los que pueden
pagar lo hagan y que el Estado se encargue de los más pobres”. (Idea que esgrime la derecha y que volvió a señalar Bachelet). Lo
notable es que ese “razonamiento”, que se presenta como una defensa de
la equidad e incluso como una crítica al intento por favorecer a los
ricos, en realidad lo que hace es consagrar un sistema altamente
desigual. ¿Cómo ocurre esto? Veamos.
Se dice que una política es “regresiva”
cuando redistribuye el ingreso hacia los más ricos, es decir, cuando en
virtud de esa política la brecha entre ricos y pobres aumenta. Su
opuesto es una política “progresiva”, que logra disminuir esa brecha. Para
saber si una política es progresiva o regresiva, en consecuencia, es
necesario mirar no sólo cómo se gastan los recursos fiscales, sino
también la forma en que se recaudan. El modo normal de financiamiento
del gasto público son los impuestos. La lógica nos indica que si los
impuestos los pagan desproporcionadamente los ricos, por ejemplo: Si
el rico paga 100 y el pobre paga 10, será progresiva una política que
dé 55 a cada uno, pues ha acortado la brecha entre ambos.
El lugar común que estamos analizando descansa, absurdamente, en la
idea de que sólo mirando el gasto es posible saber si una política es o
no regresiva. Es decir, nos hace creer que todo estará bien mientras ni
un peso del Fisco vaya a la educación de los más privilegiados. Pero
lo que ocurre no está bien. Pues cuando se afirma que es regresivo que
el Fisco pague la educación de los ricos, lo que en realidad se está
diciendo es que la educación se distribuirá de dos maneras: a los ricos
el Estado les negará cualquier financiamiento, ya que pueden pagar la
educación de su propio bolsillo; y el resto de la población recibirá
financiamiento (en los establecimientos particulares subvencionados) o
una educación gratuita, en el sistema municipalizado. Y lo que ocurre es que los más pobres solo reciben la subvención del Estado, o sea, el mínimo.
Y
a medida que se sube en la escala de ingresos, las familias van
haciendo el aporte que pueden, sumándole recursos a la subvención, hasta
llegar a los que no necesitan esa subvención porque pueden desembolsar
mucho dinero propio. De ese modo, sobre el piso constituido por la
subvención, el que puede pagar un
adicional de 10 se educará en un establecimiento con otros que pueden
pagar un adicional de 10 y el que puede pagar 1.000 adicionales se
educará con otros que pueden pagar 1.000. En otras palabras, el sistema tenderá a segregarse de modo riguroso por ingreso.
Y, como vimos en la introducción, cuando
llegue el momento de competir en el mercado, el que recibió educación
de 1.000 probablemente ganará y el que recibió educación de 10,
probablemente perderá. Y cuando el que quedó abajo en la
repartición de puestos en el mercado se pregunte por qué el otro quedó
arriba, la respuesta será que eso era necesario para no tener un sistema
de educación “regresivo”. Este
es el caso más obvio de inversión grosera: lo que es el beneficio
principal del rico (un sistema que le permite sin límites usar toda su
riqueza para dar ventajas a su hijo), se presenta como si fuera una
carga del rico y un beneficio para el pobre.
Esto también lo explicó de manera contundente el periodista Fernando Paulsen en un capítulo de Tolerancia: “Si
las persona ricas tienen el suficiente dinero para pagar por seguridad,
¿Carabineros entonces solo tiene que proteger a los más pobres?”
Además que el supuesto beneficio de “los ricos” sería marginal
considerando que son una inmensa minoría. Demás esta decir, que en
muchos países del mundo la educación es gratuita para todos. De hecho,
así lo era en Chile antes de Pinochet.
