Así se investigó la primera denuncia de las irregularidades
El
4 de octubre de 2011, el programa “Contacto” de Canal 13, reveló graves
irregularidades en la otorgación de pensiones a los exonerados
políticos de la dictadura. “Pensiones bajo sospecha”, de los periodistas
Soledad Millar y Juan Francisco Riumalló, provocó gran impacto en el
mundo político. La evidencia de que unos cuantos se aprovecharon de los
beneficios otorgados a los que sufrieron la vulneración de sus derechos
en dictadura, provocó indignación en la opinión pública y entre los
mismos exonerados. La otra arista que emergió fue el aprovechamiento
político transversal donde una vez más los grandes perjudicados son los
verdaderos exonerados. Aquí las claves de cómo se investigó.
Hace pocos días, la
Contraloría General de la República dio a conocer un informe donde da
cuenta de graves irregularidades en el proceso de calificación de tres
mil exonerados políticos. La noticia ha remecido al mundo político y a
la opinión pública, porque para muchos se trata del fraude al fisco más
importante de los últimos años. Sobre todo, porque involucra uno de los
temas más sensibles para el país: la violación de los DD.HH. de miles de
chilenos que fueron injustamente despedidos de sus trabajos durante la
dictadura militar.
El trabajo de la Contraloría vino a corroborar nuestra investigación
sobre el mismo tema, publicada en un reportaje del programa Contacto,
el día 4 de octubre de 2011. Como pocas veces, nos vimos enfrentados a
la necesidad de sortear distintos obstáculos con tal de obtener dicha
información. Nuestra principal motivación para realizar este tema, era
que la denuncia provenía precisamente de una de las agrupaciones de
exonerados políticos que venía reclamando estas supuestas
irregularidades desde 1998, sin ser escuchados.
Se trataba de personas que habían vivido en carne propia el horror de
la represión, siendo despedidos de sus trabajos, encarcelados y
perseguidos. Por lo mismo, sentían indignación al constatar que el
Estado estaba entregando pensiones a personas que no habían pasado por
lo que ellos vivieron. Teníamos antecedentes concretos que ni los
gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ni los
miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, salvo un par de
excepciones, estaban dispuestos a realizar una investigación para
despejar las sospechas sobre esta denuncia.
En primer lugar, solicitamos el acceso a un número considerable de
carpetas y antecedentes de más de mil chilenos que en los últimos años
habían obtenido la calificación de exonerados políticos. Para ello,
realizamos una solicitud de información pública al Ministerio del
Interior, por medio de la Ley de Transparencia. Para obtener resultados
contundentes, teníamos que tener un número considerable.
Una vez que obtuvimos la autorización para revisar ese material, nos
enfrentamos a un segundo problema. Necesitábamos un número importante de
periodistas para poder revisar en detalle cada uno de los documentos
que contenían esas carpetas. Para ello, reclutamos a seis estudiantes
de periodismo de tres universidades distintas para que nos ayudaran a
realizar la búsqueda bajo nuestra supervisión. En paralelo, comenzamos a
filtrar los datos oficiales de los 160 mil exonerados políticos
contenidos en una planilla Excel.
Descubrimos que existían más de 400 casos de
personas que habían sido calificados como exonerados políticos siendo
menores de edad. Nos llamó la atención que había supuestos trabajadores
que tenían hasta 15 y 16 años al momento de su supuesto despido. En
algunas de esas carpetas figuraban certificados de parlamentarios
avalando su condición de exonerados políticos.
Algunos de estos parlamentarios, como la senadora (PS) Isabel
Allende, ni siquiera se encontraban en Chile al momento de ocurrir estos
hechos y en los certificados que entregaban no sólo acreditaban
motivación política sino que también la relación laboral del
postulante. Otros parlamentarios, como los senadores (MAS) Alejandro
Navarro y (PS) Juan Pablo Letelier, eran menores de edad cuando se
generaron estos supuestos despidos. ¿Cómo podían certificar entonces que
estas personas trabajaban donde decían trabajar? O, ¿cómo podían dar fe
de que su despido se había producido por razones políticas? Al poco
andar, nos dimos cuenta de que había antecedentes suficientes para
denunciar graves irregularidades.
Tras revisar los documentos contenidos en mil carpetas, escogidas al
azar, seleccionamos aquellas que presentaban antecedentes insuficientes,
o que contaban con certificados de parlamentarios como medios de
prueba. Les solicitamos a dos miembros de la actual comisión
calificadora que revisaran estos casos. Sus comentarios fueron
contundentes: ninguna de estas personas contaba con la documentación
suficiente para calificar y recibir una pensión de por vida.
De las mil carpetas que revisamos, 225 presentaban algún tipo de
problema o inconsistencia en la documentación. De ellas, 184 contaban
con certificados firmados por algún parlamentario. Los que más
figuraban firmando eran Isabel Allende, con 45 certificados; (DC)
Sergio Ojeda, con 41; Juan Pablo Letelier, con 9 y Alejandro Navarro con
7 certificados. Estos últimos firmados por Navarro, habían sido
objetados por la Contraloría General de la República por tratarse de
trabajadores de una empresa que no había sido intervenida por la
dictadura al momento de los despidos. ¿Cómo podía ocurrir que se
calificara a personas que señalaban ser menores de edad al momento de su
exoneración o que trabajaban para empresas que no habían sido
intervenidas?
Decidimos entonces solicitar algunas actas de sesión de las
distintas comisiones calificadoras y encontramos que la mayoría de los
casos que presentaban problemas habían sido calificados en reuniones
“express”. A través de nuestra investigación, detectamos casos donde se
habían revisado 460 carpetas en menos de tres horas. Según las
estimaciones que hicimos, seleccionando algunas sesiones de distintos
períodos, concluimos que, en promedio, la comisión se tomaba cerca de 20
segundos para analizar cada caso. Aquí parecía estar la respuesta a
nuestras preguntas.
Más de diez años tuvieron que esperar los exonerados que denunciaban
estas irregularidades para ser escuchados. Y no fue precisamente un
organismo estatal quien encendió las alarmas sobre este fraude. Hoy, los
antecedentes parecen ser cada vez más graves y, por fin, la autoridad
está tomando cartas en el asunto en un tema que parece ser demasiado
incómodo y doloroso para los chilenos. Pero, precisamente por eso, no
debemos continuar relegando el problema al ámbito de la sospecha.
