También la querella incluye a los ex vicepresidentes de la entidad. Las 80 personas buscan una indemnización por un total de 48 mil millones de pesos.
por Fabiola Melo - 06/06/2013 - 18:32
Una demanda en contra de 25 ex ministros de Educación y Economía interpuso hoy en el 15º Juzgado Civil de Santiago, la "Agrupación de Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, para exigir una indemnización por un total de 48 mil millones de pesos por "los intereses usureros" que tuvieron que cancelar para poder financiar sus estudios.
La querella también incluye a los ex vicepresidentes de la entidad y a
los funcionarios de gobierno desde el Presidente Frei hasta Piñera, debido al "error" del Estado y a la nula fiscalización que hicieron de la banca.
20 MINISTROS DE LA CONCERTACIÓN Y ALIANZASe trata de ocho ministros de Educación del periodo de la Concertación:
Sergio Molina Silva, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin Oyarzún,
Sergio Bitar Chacra, Marigen Hornkohl Venegas, Martín Zilic Hrepic,
Yasna Provoste Campillay, Mónica Jiménez de la Jara.
En cuanto a los titulares de Economía, los afectados serían siete:
Álvaro García Hurtado, Jorge Leiva Lavalle, José de Gregorio, Jorge
Rodríguez Grossi, Ingrid Antonijevic Hahn, Alejandro Ferreiro Yazigi,
Hugo Lavados Montes
Respecto a los ministros del actual gobierno de la Alianza, en Educación estarían involucrados tres personas: Joaquín Lavín Infante, Felipe Bulnes, Harald Beyer. En Economía, los dos ex secretarios de Estado serían Juan Andrés Fontaine Talavera y Pablo Longueira Montes.
Los restantes, son ex vicepresidentes ejecutivos de la Corfo: Felipe
Sandoval Precht, Gonzalo Rivas Gómez, Oscar Landerretche Gacitúa, Carlos
Álvarez Voullieme y Hernán Cheyre Valenzuela.
INDEMNIZACIÓN DE 600 MILLONES PARA CADA AFECTADOEl
presidente de la organización, Cristian Villagrán, explicó a La Tercera
que la medida busca indemnizar "con 600 millones de pesos para cada
afectado por daños y perjuicios". Inicialmente, la solicitud es de 80 personas, pero se espera que se sumen más afectados.
"Miles de familias nos encontramos con una amenaza constante de que
nuestros bienes sean embargados, cientos de nuestros avales y deudores
directos están en DICOM, incluso muchas familias han tenido que
hipotecar sus bienes para cubrir el interés abusivo que se nos cobra",
consigna la declaración de los involucrados tras interponer la demanda.
El abogado que representa a los afectados, César Barra, explicó que se trata de una "demanda de nulidad de derecho público"
por el presunto incumplimiento del Artículo 1º de la Constitución que
obliga a los agentes del Estado a propender el bien común.
"Es un préstamo avalado por el Estado, donde los bancos no tuvieron
ningún riesgo, donde los bancos se han enriquecido y donde acá el Estado
actuó como un promotor para llevar clientes a los bancos", denunció el
jurista.
Para la próxima semana, comentó Villagrán, se espera que la
agrupación exponga la situación en la Comisión de Economía de la Cámara
de Diputados, así como en la Educación en el ex Congreso, con el fin de
buscar soluciones para las más de 106 familias afectadas con el crédito.
