El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, explicó que el
ministerio tiene la obligación de fiscalizar que los beneficiados
cumplan con los requisitos socioeconómicos, pero para los estudiantes
esto refleja una lógica implícita de que para poder estudiar en la
Universidad hay que tener dinero.
Según el Ministerio de Educación, son 2.700 los estudiantes
universitarios que han perdido sus becas como resultado del proceso de
reasignación de beneficios que se emprendió desde fines del año pasado,
donde todos los estudiantes tuvieron que repostular a las becas que les
fueron asignadas al ingresar a la Universidad.
El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, aclaró que no se
modificaron los requisitos para acceder a las ayudas estudiantiles, pero
que la cartera tiene la obligación de verificar que quienes postulan a
los beneficios cumplan con las condiciones necesarias. ”Hemos
identificado del orden de 2.500 jóvenes a nivel nacional que pierden o
su beca o su crédito porque no cumplen con los requisitos
socioeconómicos para recibirlo”, añadió.
Pero los estudiantes denuncian que desde 2007 las becas eran
reasignadas automáticamente, considerando solo criterios académicos como
el máximo de semestres para ser beneficiario o el porcentaje de
aprobación de asignaturas cursadas. Sin embargo, en el Ministerio
explican que el mantenimiento de la situación socioeconómica siempre fue
una condición para las becas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica, Diego Vela, apunta a que el accionar del Ministerio no toma en
cuenta la realidad de los miles de estudiantes que perdieron sus
beneficios debido al proceso de requintilización, muchos de los cuales
no podrán continuar con sus estudios.
“Lo que es más grave aún es que esa lógica no se da solamente en el
caso de las becas, sino que es la lógica de que la posibilidad de
educarse depende de la cantidad de plata que uno tiene y es la razón por
la cual justifican que no exista gratuidad en el sistema”, denuncia
Vela.
Para el dirigente de la FEUC “esto refleja la necesidad que tenemos
como país de avanzar a que la educación sea comprendida como un derecho y
eso parte por asegurar la gratuidad del sistema en todos sus niveles,
algo sobre lo que este gobierno y también los distintos candidatos han
mirado hacia el lado y no han respondido realmente”.
En tanto, para el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, el problema
también pasa por la arbitrariedad de la división por quintiles, que no
refleja la vulnerabilidad de las familias chilenas.
Los primeros tres quintiles son los que pueden acceder a más becas
del Ministerio. Para ello, la familia debe tener un ingreso per cápita
igual o inferior a 181.703 pesos. El traspaso del tercer al cuarto
quintil implica la pérdida de la posibilidad de obtener seis becas,
mientras que quienes pasen del cuarto al quinto quintil pierden todos
los beneficios.
En ese sentido, Fielbaum recuerda que el porcentaje de familias que
puede pagar la educación superior de sus hijos en Chile “corresponde
aproximadamente al 2 o 3% de las familias y por tanto al final del día
es casi como que, por haber mejorado un poquito sus ingresos, terminan
siendo más castigados que beneficiados”.
“Este tema en general se enmarca y refleja con mucha claridad por qué
la educación debe ser concebida como un derecho y gratuita. Al final
del día, depende de qué formulario ocupa el Gobierno si uno puede o no
seguir estudiando”, critica Fielbaum.
A través de las Direcciones de Bienestar, las Federaciones de
Estudiantes se están organizando para apelar la decisión del Ministerio.
“Hasta el momento nosotros estamos haciendo un catastro de pérdida de
beneficios específicamente por la requintilización. Hoy día la Dirección
de Bienestar Estudiantil (DBE) va a apelar, porque son alrededor de 300
compañeros los que están afectados en la Universidad de Chile”, explica
la delegada de bienestar FECH Nicole Cardoch.
Los estudiantes afectados pueden participar del catastro ingresando
sus datos en el sitio web www.bienestarfech.wordpress.com. “Tenemos fe
en que la dirección pueda cambiar y que esos 300 compañeros no pierdan
el beneficio, que es lo más importante para la DBE hoy día”, expresa
Cardoch.
Cabe señalar que la cifra de estudiantes que perdieron sus beneficios
puede aumentar, debido a que todavía no se dan los resultados de todas
las postulaciones, las que se conocerán recién el 5 de junio.
Por ello, los dirigentes estudiantiles suman esta causa a las
múltiples demandas que se expresarán en la marcha del miércoles 8 de
mayo. “Y también es una última oportunidad para el Presidente Piñera, en
su discurso del 21 de mayo, de hacerse cargo de los procesos de fondo
que están generando esta injusticia y no seguir siendo cómplice de esta
lógica de negocio y empresariado que existe en la educación”, enfatiza
Diego Vela.
