Publicado: 09.05.2013
Dos
miradas irreconciliables fracturan el debate público en educación: los
estudiantes siguen exigiendo un sistema público, gratuito y de calidad
mientras el gobierno defiende el actual, de proveedores privados que
rentan. Y todo sigue igual. Para el sociólogo Gonzalo Muñoz, modelos
tan distintos no se pueden fundir en un nuevo consenso. Se cierra así un
ciclo de políticas de acuerdo y se abre otro donde el eje está en
cambios estructurales. Pero sin consensos, ¿cómo avanzar? Muñoz apela
aquí a una vieja conocida: la democracia. Que los modelos se expongan
con claridad y que sea la mayoría la que elija cuál satisface sus
anhelos.
Todo parece indicar
que estamos frente al cierre de un ciclo de las políticas educativas en
Chile. Para entender por qué es importante detenerse en tres elementos
centrales de nuestro actual momento educacional que pueden orientar la
discusión en el futuro. Hoy están pasando principalmente tres cosas:
- Un gobierno que intenta cerrar con la mayor eficacia posible un conjunto de políticas que le permita consolidar un sello propio. Esta es una tarea difícil, porque como hemos dicho en otra oportunidad, estos últimos años han sido principalmente de continuidad (http://ciperchile.cl/2013/03/04/los-aciertos-y-los-pecados-capitales-del-gobierno-en-educacion/), con algunas especificidades comunes a los gobiernos de derecha en educación: ampliación de mediciones estandarizadas y de la presión al sistema, introducción de incentivos principalmente individuales, igualdad de trato a los proveedores públicos y privados, entre otras medidas.
- Unos resultados educacionales que parecieran encontrarse en una fase de “meseta” o estancamiento, donde el avance que comenzó a notarse hace algunos años disminuye su ritmo de crecimiento y donde la inequidad y segregación se muestran cada vez más escandalosamente consolidadas, tanto en la educación escolar como superior.
- Una insatisfacción ciudadana con el sistema educacional que vuelve a mostrarse con fuerza. Después de un año 2012 de menos intensidad, el liderazgo de los estudiantes, la coyuntura política y la impericia del gobierno para conducir la agenda educativa están gatillando una nueva etapa de movilizaciones sociales que tendrán un lugar prioritario en la discusión nacional.
La presión social, el estancamiento de los resultados y la falta de
iniciativas de la autoridad que fundamentalmente propone seguir haciendo
más de lo mismo, empujan al fin de un ciclo educativo que estuvo
caracterizado por el mejoramiento incremental de algunas condiciones y
factores clave del proceso educativo y que permitió que nuestro sistema
tenga otra cara y las oportunidades de educarse con calidad se amplíen
sustantivamente.
Esta fase, por cierto, ha requerido de un fuerte respaldo y consenso
político, lo que en general dotó de continuidad y financiamiento
creciente a parte importante de las políticas implementadas en las
últimas dos décadas. El costo de ello, ya lo sabemos, fue postergar y
más bien hacerle el quite algunas reformas estructurales que sí son
espacio de disputa y diferencias político-ideológicas. Ahí está el nudo
clave a desatar para los años que vienen.
En este nuevo escenario educacional, la pregunta central ya
no es cómo mejoramos incremental o marginalmente las políticas, si no
que cuál es el tipo de sistema educativo que queremos construir para las
nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes.
El gobierno y la derecha en general ha leído bien este contexto, llamando a consensos legislativos para esta última fase que permitan, en lo grueso, seguir consolidando -ahora con énfasis en educación superior- un modelo de educación que hace crisis en varias de sus dimensiones
Si bien hay muchas alternativas intermedias, lo cierto es que hoy el
mundo se divide en dos grandes modelos de reforma educacional. El
primero consiste en promover el cambio educativo y la calidad de la
educación a través de mecanismos de mercado, fomentando la competencia
entre establecimientos educativos, empoderando a los “consumidores
educacionales” para que “elijan bien”, abriendo espacios importantes a
la participación privada en la provisión de educación y aumentando de
manera dramática la presión hacia las universidades, escuelas y
docentes, haciéndolos responsables por sus resultados. Seguramente esta
vía suena familiar, pues Chile la ha ido siguiendo al pie de la letra y
es por esto que somos reconocidos internacionalmente como uno de los
sistemas escolares más mercantiles del mundo. Varios países, hay que
decirlo, han comenzado a retirarse de este camino, pues la evidencia es
clara en mostrar que no mejora la calidad y menos la equidad de los
sistemas.
Un camino distinto es centrar las reformas educacionales en el
desarrollo de capacidades, en la colaboración y en el apoyo preferente
del Estado a las unidades educacionales para conseguir su mejora. En
este tipo de sistemas, el Estado tiene un rol de garante del derecho a
la educación que se pone por sobre el de la libertad de enseñanza, pues
entregar oportunidades educativas equivalentes para todos se asume como
un desafío de la sociedad y no de cada individuo o familia. Por ello, en
estos mismos sistemas nadie duda de la importancia que tiene contar con
una educación pública laica, integrada socialmente y con estándares de
calidad que guíen al resto del sistema. Tampoco titubean en prohibir que
la educación sea objeto de “emprendimientos” o fines de lucro, pues los
derechos no son parte de aquello que se transa en el mercado.
No tiene sentido seguir pensando que son los consensos los que permitirán seguir avanzando en educación, sobre todo si queremos movernos hacia un modelo que considera a la educación como un derecho
Importante entender entonces que lo que está en juego para los
próximos años -si queremos dar el salto en calidad y equidad que la
sociedad chilena demanda– es el tipo de sistema educacional que
construiremos. Una opción es básicamente mantener los pilares del modelo
actual, consolidando en lo grueso un mercado educacional que se ajusta
en sus márgenes y ampliando la regulación de ese mercado. Un camino
distinto es comenzar a girar hacia un sistema educativo en los términos
del segundo tipo de reformas descrito más arriba. Es crítico tener ambos
modelos a la vista a la hora de proyectar los siguientes pasos de
nuestras reformas educacionales, pues claramente necesitamos una
política que comience a equilibrar mucho mejor estas dos grandes vías.
La implicancia política de toda esta argumentación es que no tiene
sentido seguir pensando que son los consensos los que permitirán seguir
avanzando en educación, sobre todo si queremos movernos hacia un modelo
que considera a la educación como un derecho. Lo que el país requiere
con urgencia es que los distintos sectores políticos transparenten cuál
es el sistema educativo que aspiran mantener o construir, para que sea
la ciudadanía la que elija a quienes mejor representen sus anhelos y
para que se anime una discusión pública seria sobre los temas
estructurales clave. El gobierno y la derecha en general ha leído bien
este contexto, llamando a consensos legislativos para esta última fase
que permitan, en lo grueso, seguir consolidando -ahora con énfasis en
educación superior- un modelo de educación que hace crisis en varias de
sus dimensiones.
Lo que el país requiere con urgencia es que los distintos sectores políticos transparenten cuál es el sistema educativo que aspiran mantener o construir, para que sea la ciudadanía la que elija a quienes mejor representen sus anhelos
Más que consensos entonces, necesitamos respuestas -por definición
ideológicamente diversas y contrapuestas- a preguntas como: ¿Nos jugamos
en serio por una educación pública que sea alternativa mayoritaria y de
calidad?, ¿hacemos que la educación privada cumpla con los requisitos
básicos que la orienten a responder a una función pública?,
¿equilibramos el mercado con un Estado más fuerte que garantiza el
derecho a la educación?, ¿avanzamos en la gratuidad y la eliminación del
financiamiento compartido?, ¿permitimos que se obtenga beneficio
económico particular con la educación?, ¿diseñamos políticas también en
serio para enfrentar la segregación educativa?, ¿tratamos de jugarnos
más por el desarrollo de capacidades y la colaboración que por la
competencia entre actores educacionales?, ¿hacemos o no una política
agresiva para poner a los profesores en el sitio que se merecen?
Es momento de iniciar una nueva fase de reforma educacional en Chile,
principalmente porque la ciudadanía exige un sistema educativo distinto
al que tenemos y porque existen las condiciones sociales y políticas
para avanzar en esa dirección. El gran desafío de esa nueva reforma es
cambiar los cimientos de nuestro sistema escolar que, la experiencia es
clara en mostrarnos, están tras varios de los problemas de nuestra
educación. Bienvenidos entonces los disensos.
