El pasado 29 de marzo, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Joven Combatiente, los estudiantes Angiel -de 15 años- y Francisco -de 17-
fueron detenidos en la intersección de las calles El Agua con Mercedes,
en el sector de Viña del Mar alto, siendo trasladados a la comisaría de
Recreo. Al día siguiente, en el control de detención, se le imputaron
los delitos de infracción a Ley sobre Control de Armas, desordenes
públicos y maltrato de obra a Carabineros, quedando ambos con la medida
cautelar de reclusión provisoria en el centro cerrado del SENAME en
Limache. Ante esto se presentó un recurso en la Corte de Apelaciones
para lograr su libertad, siendo aceptado sólo para Francisco, quien
alcanzó a pasar 6 días de prisión. Para Angiel, sin embargo, este fue
rechazado por ser considerada un peligro para la sociedad, por lo que
hasta hoy está privada de libertad.
Francisco Vásquez, dirigente estudiantil, quien participó de la
protesta, declaró a ucvradio.cl que los efectivos policiales actuaron
con extrema violencia contra los menores y también en contra suya,
reclamando que fueron seis uniformados los que lo retuvieron, a lo que
se agregan una serie de maltratos en la unidad policial. Por su parte,
Edgardo Astudillo, papá de Angiel, suma que como padres “nunca fuimos
informados” de la detención.
Ante esta situación, se formó la Coordinadora de Familiares y Amigos de Angiel y Francisco,
quienes a través de un comunicado público han rechazado su detención.
“Nos parece inaceptable que a dos menores de edad, sin antecedentes
previos, se les deje privados de libertad, dejándolos sin la posibilidad
de continuar con sus estudios, alejándolos de su núcleo familiar y
sometiéndolos a situaciones de vulnerabilidad a las cuales no debiesen
estar sometidos”, expresaron.
Además de esto, los cercanos a los menores calificaron la situación de ambos como
“presos políticos, pues la medida de mantenerlos en prisión durante la
investigación no responde a un proceso legal justo sino a una estrategia
política de judicializar y privar de libertad a todo aquel que se
manifieste en contra de los poderosos buscando así intimidar y coartar
nuestra lucha”.
Por su parte, la Red de ONG’s de Infancia y Juventud,
constituida por instituciones que trabajan en la promoción y defensa de
los derechos de los niños y niñas, ha manifestado su preocupación por
el caso, principalmente “cuando los jóvenes son sometidos a escenarios
judiciales con pocas garantías, deteniéndolos hasta que se compruebe o
no su culpabilidad, pasando por alto el principio de inocencia, con la
única intención de hacer callar el sentir sincero de jóvenes
comprometidos con la justicia social”. Según la agrupación, este
escenario “transgrede el derecho político y ciudadano para
manifestarse”, además de “vulnerar los derechos de Angiel contenidos en
la Convención de derechos del niño, particularmente los artículos 12 y
13 sobre opinión y libertad de expresión, art. 28 sobre educación y
asistencia regular a clases y art. 37 sobre privación de libertad”.
Al mismo tiempo, tanto esta agrupación como los familiares y amigos
de Angiel y Francisco, han destacado las diversas actividades sociales
que realizaban ambos, relevando que Angiel ha participado activamente
como vocera de niños y niñas de la región de Valparaíso, en el marco de
la campaña Movilizándonos por una ley de protección integral de los niños y las niñas que viven en Chile, y en la organización COTRA,
dedicada a la eliminación de los espacios como los centros del SENAME,
en donde -paradójicamente- se encuentra recluida hoy la joven.
De ahí que en una carta enviada el pasado 15 de abril, Angiel
destaque precisamente lo que ahora ha podido ver y vivir como una más de
los que allí están privados de libertad. “Durante éstas semanas he
vivido en carne propia lo que es la vulneración, la desigualdad, la
violencia, he sido testigo de ello como también he escuchado historias
que ponen en evidencia que éste sistema está mal. Se hace eterno el
tiempo que he pasado en ésta ratonería de marginados sociales, porque
somos el estorbo de la cotidianidad de la gente normal, pero
más para los que tienen el poder porque prefieren encerrarnos y
castigarnos, antes que educarnos, porque tenemos el discernimiento para
hacernos cargo de nuestros actos delictuales, pero no para tomar
nuestras decisiones, no para participar en las decisiones que nos
corresponden y nos afectan”, escribió.