radio.uchile.cl
En entrevista con Felipe Pozo en la tercera edición de
Radioanálisis, el doctor en Educación, Cristián Bellei, aseguró que
mientras la sociedad siga creyendo que las instituciones buscan
“subterfugios” para lucrar en vez de enseñar, los cambios en el modelo
educativo van a continuar entrampados.
En el ojo del huracán está Carolina Schmidt luego de su llegada
al controvertido Ministerio de Educación. Si bien, el Presidente
Sebastián Piñera advirtió que su principal desafío será sacar adelante
los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, tanto rectores como
estudiantes insisten en un pronunciamiento claro para enfrentar las
demandas del sector, como el fin el lucro.
Desde la Confech incluso solicitaron como una acto de “buena fe” que
se retiraran los textos legales que, según ellos, van en la dirección
contraria a las exigencias del movimiento. Una petición que fue
inmediatamente descartada por la secretaria de Estado, quien aseguró que
el debate debe estar “en el Parlamento”.
En entrevista con Felipe Pozo en la tercera edición de Radioanálisis,
el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la
Universidad de Chile y doctor en Educación de la Universidad de
Harvard, Cristián Bellei, afirmó que mientras no se defina una posición
en torno al fortalecimiento de la enseñanza pública y no se repare la
pérdida de confianza en las instituciones, el debate seguirá estancado y
no habrá proyecto de ley que logre avanzar en los cambios que el modelo
necesita.
Cuando el Presidente Piñera nombró a la nueva ministra de
Educación subrayó que las reformas tienen su base en la libertad de
enseñanza ¿Por qué se insiste en esa posición?
El Gobierno pareciera creer que lo que está en peligro o lo que se
está debilitando es la educación privada y lo que ocurre en Chile es
totalmente lo contrario: se está aminorando – y va en vías a desaparecer
si es que no se hace algo - la educación pública. Que Chile tenga
educación privada no está discusión. El debate está enfocado a si debe
haber o no educación pública y si es que el país le va a dar una
prioridad, otorgándole los recursos y preferencias que tiene en todo el
mundo. El Ejecutivo ha fallado en ponerse del lado de la inmensa
mayoría, no sólo de los estudiantes y de la sociedad chilena, sino que
de los países más avanzados en el mundo que tienen educación pública
prioritaria y que es la columna vertebral del sistema educacional.
Mientras Chile no tenga eso, creo que los problemas van a continuar.
Tanto rectores como estudiantes emplazaron a la ministra a definir
una posición respecto del lucro ¿Hacia dónde va esa discusión?
Nadie pone en duda el hecho de que el país tiene que seguir
trabajando por una enseñanza de calidad y más equitativa, la pregunta es
cómo hacerlo. Lo que estableció la legislación nacional es que en el
caso de la educación superior las instituciones tenían que ser sin fines
de lucro. No entiendo los argumentos que tratan de redefinir este
concepto cuando es bastante claro. Las universidades tienen que ser
corporaciones sin fines de lucro, es decir, todos sus excedentes deben
ser reinvertidos en educación. En el ámbito escolar, por otra parte,
nuestras leyes sí permiten el lucro y lo que ha estado en discusión en
el Parlamento hace algunos años, a partir del movimiento estudiantil, es
si convendría que al menos con recursos públicos no hubiera lucro en
educación escolar. Por eso, mientras esté en entredicho la fe pública
sobre las instituciones privadas que trabajan en educación y el
compromiso básico con la educación pública, todos los demás temas van a
seguir trabados.
¿Cómo se podría avanzar, entonces?
En la última década lo que hubo en el país fue un rompimiento de los
consensos básicos en educación. De manera que la ministra recién
designada tiene el desafío de volver a sentar los concesos y confianzas
básicas en el sistema educacional. El país desconfía de las
instituciones que trabajan en esta materia y de los fines que buscan y
si es que van a privilegiar el interés de los niños y el derecho a la
calidad por sobre sus intereses. De otra forma, esta discusión va a
continuar entrampada en un par de consignas ideológicas que son
resistidas por las personas de pensamiento más liberal que defienden
este sistema que tiene entrabada la política educacional.
¿A qué se refiere el Gobierno cuando habla de sociedad docente?
En el caso de este Gobierno es una nueva forma de llamar a lo que se
ha denominado como libertad de enseñanza. Lo que ellos quieren es
enfatizar la noción de que las escuelas privadas tienen derecho no sólo a
existir sino que a recibir recursos públicos por parte del Estado para
funcionar. En Chile nadie discute la legitimidad de que existan
escuelas, liceos y universidades privadas. En el Ejecutivo creen que los
que defienden la educación pública tienen un interés de que sólo exista
eso, pero es una caricatura del argumento. En todos los países hay un
porcentaje de educación privada, pero la pública alcanza a cerca del 80 y
90 por ciento. Esta reafirmación de la sociedad docente es una defensa
de principios tradicionales de libertad de enseñanza y emprendimiento en
educación.
El traspaso de recursos del Estado a las instituciones
subvencionadas ¿tiene algún sentido en un modelo educacional
razonablemente armado?
La figura de que el Estado entrega recursos públicos a
establecimientos privados existe en nuestro país desde antes de los ´80 y
también en otros países del mundo que tienen educación pública y que
reconocen el valor de que haya educación privada. Lo que ocurre en esos
países, así como en Chile antes de la reforma de la dictadura, es que se
da prioridad a la educación pública, es decir, no está arrojada a las
mismas condiciones que la privada. Por otra parte, no se piensa que las
escuelas tienen que competir entre sí. Estos dos ámbitos constituyen las
anomalías de nuestro sistema, no el apoyo parcial y condicionado al
sector privado. La asignación de recursos tiene que estar subordinada a
un sistema de educación pública que es la prioridad y en una modalidad
de financiamiento donde el sistema no opera como un mercado, sino que
como un servicio público para garantizar el derecho de los niños y niñas
a educarse.
Las leyes que están ahora en el Congreso como, por ejemplo, la que
crea la Superintendencia ¿Podrían abrir una ventana para destrabar
los conflictos?
En la ley de Superintendencia de Educación Superior, aún personas más
ligadas al gobierno, como el director del Centro de Estudios Públicos
ha manifestado que es insuficiente para controlar el lucro encubierto
que hoy existe en la educación superior. Eso no es lo único que la
Superintendencia tiene que resolver, pero si es uno de los objetivos al
parecer la institucionalidad no da abasto. En términos generales, lo que
está en juego es el arreglo del modelo de educación superior como un
todo, más allá de la Superintendencia. Pero mientras no tengamos una
sociedad que confíe en las instituciones a las que tiene que apoyar,
monitorear y supervisar no va a haber ley que logre controlar el lucro.
Un sistema basado en la desconfianza y en instituciones que sólo quieren
buscar subterfugios, no tiene opción de tener éxito. Más allá de la
discusión técnica del detalle de las leyes, lo importante es cómo
reestablecer las confianzas en nuestro sistema educacional.
