Narayan Vila
El secretario de Estado quedó marginado de su
cargo hasta que el Senado se pronuncie respecto del libelo acusatorio.
En una estrecha votación, en la que fueron claves los votos de los
independientes, la Cámara logró aprobar esta acusación.
Por 58 votos a favor y 56 en contra, la sala de la Cámara de
Diputados aprobó la acusación constitucional que un grupo de
parlamentarios de oposición presentó en contra del ministro de
Educación, Harald Beyer.
La apertura de la sesión estuvo a cargo de la diputada independiente
Alejandra Sepúlveda, quien aseguró que el ministro Beyer infringió el
principio de probidad, omitió el control jerárquico que le corresponde
asumir, especialmente en el Departamento de Educación Superior del
Mineduc y prescindió de su deber de fiscalizar y sancionar a los
planteles universitarios que incurrieron en prácticas lucrativas.
Imputaciones que fueron rebatidas por el abogado defensor de Harald
Beyer, Enrique Barros, quien reiteró que la autoridad no tiene las
herramientas para fiscalizar y, por ende, la acusación evidencia que hay
que cambiar la normativa y no al ministro.
Sin embargo, las reuniones que sostuvieron los jefes de las bancadas
del bloque opositor y dirigentes del movimiento estudiantil con algunos
legisladores “indecisos” fueron claves para lograr este resultado a
favor del libelo acusatorio.
En esa línea, el líder de los diputados del Partido Socialista, Fidel
Espinoza, valoró el grado de acuerdo alcanzado por la oposición. “Hoy
se comienza a pavimentar el término de una de las mayores lacras de
nuestra sociedad, que es el lucro en la educación”, afirmó el
parlamentario
Espinoza agregó que “tenemos que terminar con este modelo que
privilegia a los que más tienen, que ha hecho ricos a personas que están
siendo formalizadas por la justicia al amparo del bolsillo de la clase
media y de los sectores más vulnerables de nuestro país”.
Uno de los legisladores “indecisos” era el independiente René Alinco,
quien, en ocasiones anteriores, ha estado en el ojo del huracán por su
abstención en el informe que rechazó las conclusiones de la comisión
investigadora del “Perdonazo Johnson´s” o por votar a favor del
presupuesto de Educación en 2011, en plena efervescencia del movimiento
estudiantil.
Esta vez, sólo minutos antes de entrar a la sala, ratificó su postura favorable a la acusación constitucional.
Eso sí, el diputado compartió en análisis que ha hecho un grupo
importante de dirigentes de la oposición, sobre el “mea culpa” que debe
existir al interior de este conglomerado respecto de la permisividad que
hubo por años con el lucro.
“Creo que Chile necesita cambios fundamentales en educación, pero eso
significa que los diputados de oposición y ex autoridades de los
gobiernos de la Concertación deban hacerse una autocrítica firme, seria y
muy profunda. Hoy el ministro Beyer fue el que pagó los platos rotos.
Mi voto no fue de venganza, ni buscó limpiar mi imagen. Fue un voto de
consecuencia con los estudiantes de nuestro país”, dijo.
Por su parte, Harald Beyer, junto con defender su gestión, insistió
en que la imputación en su contra no tiene sustento jurídico y, por el
contrario, es una acusación política.
“Lo que busca es mostrar la peor cara de la política porque esto no
es serio, es politiquería porque esto se da después de 20 años donde no
se ha fiscalizado adecuadamente ni se ha hecho un esfuerzo de
financiamiento real. Hoy hemos sacado a los bancos del sistema, hemos
bajado todas las tasas de interés de los créditos, hemos hecho un
esfuerzo para aliviar la situación de las familias, pero también para
incrementar las exigencias de las instituciones de educación superior”,
sentenció.
La Sala designó a los diputados Fuad Chahín, de la Democracia
Cristiana, Manuel Monsalve, del Partido socialista y Marco Antonio
Núñez, del PPD, como los integrantes de la comisión que sostener los
argumentos a favor del libelo en el Senado, instancia que se erigirá
como jurado.
Mientras, el ministro Beyer quedará suspendido de su cargo y, en caso
de ser ratificada la acusación por la Cámara Alta, quedará
inhabilitado, durante cinco años para ejercer cargos públicos.
