Sabemos que toda aplicación de la ley y
toda sanción por su vulneración, habita en la intersección entre el
reglamento y la relevancia política. Formalmente dejar a un imputado por
femicidio o pedofilia libre luego de su formalización puede ser
procedimentalmente adecuado, pero ya es políticamente inaceptable. Y los
jueces, en general, lo saben. Por esto es que resulta obvio que es
distinto saber del lucro en las universidades en el año 2005 que saber
del lucro en el año 2012. Hace cinco o diez años las universidades se
vendieron en cien millones de dólares y nadie se preguntó por lo extraño
que era que un ente sin fines de lucro fuera tan caro.