26 de Marzo de 2013
Si bien desde el Ejecutivo
señalan que 90 mil de los 106 mil endeudados con este crédito
universitario cumplían los requisitos para acceder a la rebaja de las
altísimas tasas de interés que pagan a la banca, y que promedia casi 9
%, apenas 31 mil postularon al beneficio. Los motivos, según la
Agrupación Estafados Corfo son diversos, como, por ejemplo, que para
acceder es necesario no estar moroso y tener un ingreso per cápita menor
a 560 mil pesos.
Hace unas semanas venció el
plazo para que los 106 mil deudores del Crédito Corfo completaran un
formulario de antecedentes que les permitiría postular a los diversos
beneficios anunciados por el gobierno con el fin de aliviar la
desproporcionada deuda que arrastran miles de familias que obtuvieron
esta vía para financiar los estudios universitarios de sus hijos.
Desde la institución liderada por el ministro de Economía, Pablo
Longueira, aseguran que unos 90 mil deudores “eran elegibles para la
rebaja” que permitiría reducir la tasa de interés anual de 8,7 %, en
promedio, a 2 %. Pese a ello y según cifras entregadas por Corfo, solo
31.696 personas finalizaron el proceso de postulación, por lo que los
restantes 74 mil 404 quedaron fuera de la posibilidad de rebajar las
millonarias deudas que mantienen con la banca. O sea más del 70 % no
contará con esta solución.
El bajo rating de la iniciativa impulsada por el gobierno de
Sebastián Piñera no es casual. Al menos así lo asegura el vocero de la
Agrupación Estafados Corfo, Cristián Villagrán, quien asegura que hay
diversos motivos que provocaron que en la práctica los deudores no
tuvieran chance de mejorar su situación, por lo que “esa cifra de 90 mil
personas que cumplirían con los requisitos necesarios no es real”.
A las 75 familias que presentaron inicialmente esta acción se sumarán unas 200 personas más. El objetivo: la nulidad de todos los contratos “por tratarse de una deuda de recursos fiscales que fueron a parar a los bancos. Y denunciamos que hubo autoridades que impulsaron este mecanismo que luego terminaron trabajando en la banca. Por ejemplo el ministro de Educación de Eduardo Frei, Sergio Molina, ideólogo de los créditos Corfo, llega al directorio del Banco del Desarrollo, que fue el que tuvo más beneficio con estos créditos”. También se menciona una larga lista de ministros, tanto de Educación como de Economía de la época hasta la actualidad “por falta de fiscalización. Lo mismo que le están cobrando a Beyer”.
Por otra parte, aunque consideran la iniciativa como un avance,
señalan que es insuficiente y que adolece de una serie de desventajas en
comparación a la solución ofrecida a los deudores con Crédito con Aval
del Estado (CAE). Ello porque, si bien en ese caso también se exige que
no estén morosos, la rebaja es retroactiva desde el principio y el pago
no puede exceder el 10% de los ingresos de la persona, lo que no aplica
en el caso de los endeudados Corfo.
El veto a la clase media
Entre las razones que la agrupación enumera como un impedimento para
ser “elegible” para los beneficios, se cuenta el requisito de no estar
moroso, lo que para los más de 3 mil deudores en esta situación —según
cifras de Corfo y 4.800 según la agrupación— implica quedar fuera
inmediatamente. Conforme explica Villagrán “muchos están con amenaza de
embargo o de remate. Cuántos exactamente no lo manejo, pero tenemos más
de 500 casos de gente que nos ha pedido ayuda por este tema”.
Entre ellos Cristóbal Ramírez (31), quien en 2003 solicitó a través
de su madre un crédito Corfo para costearse una parte de los años que
dura la carrera de Arquitectura, pero en medio de una serie de problemas
su familia no pudo seguir pagando. Hoy debe más de 6 millones de pesos y
aún no está al día, aunque sigue abonando a su deuda. Cristóbal relata
que en medio de las repactaciones con el banco “me transformaron el
crédito Corfo en un crédito común y corriente, de consumo: en Dicom
aparece así. Entonces no pudimos seguir pagando hasta como el 2010”. En
vista de ello, asegura, “es imposible que los que estamos con deudas
gigantes podamos ponernos al día para que nos rebajen los porcentajes de
los intereses. Es muy complejo”.
No es el único en esta situación. El padre de Gisela Rojas (25),
Jorge Rojas, adeuda más de 12 millones de pesos asociados al crédito
Corfo al que optó para poder pagarle a su hija la carrera de Terapia
Ocupacional. En su caso, según explica Gisela, el banco optó por
unificar esta deuda con otra que tenía por un colectivo que adquirió
hace unos años, sumando un total de 22 millones de pesos. Nadie les
consultó.
Los problemas para pagar ambos créditos, que fueron tomados por
separado, se iniciaron hace unos cuatro años, y se les fue complicando
la pista cada vez más por los altos intereses. “Hace como un año llegó
una orden de embargo, tras lo cual empezamos a pagar cuotas mensuales al
banco que eran firmadas por el juzgado. Ya he pagado 2 millones de
pesos. Pero hace dos semanas nos dijeron que esos dos millones eran de
puros intereses, que no se restaban de los 22 millones y la solución que
nos dieron fue pagar en 7 años cuotas de 400 mil pesos. No podemos
hacerlo y no sabemos qué hacer”.
A los morosos se les suma otra complicación, ya que cuando se atrasan
en los copagos, los bancos pueden cobrar la tasa máxima convencional,
ya que los créditos operan con cláusulas de aceleración, lo que implica
que la deuda universitaria, que desde un comienzo se ve multiplicada
varias veces, aumente nuevamente. Un círculo del que para muchos es
imposible salir.
Por otra parte y tal como en los casos de Cristóbal y Gisela, muchos
de los deudores Corfo accedieron al crédito indirectamente a través de
un pariente. Entre los requisitos que se exigen, se incluye que estos
deben ser cumplidos por quien accedió al crédito, no por el estudiante,
“que en muchos casos es el que actualmente paga”. Esto, según Villagrán,
es relevante, ya que hace que la postulación a la rebaja sea
“extraordinariamente engorrosa y muchos queden fuera”, entre otros
motivos porque, por ejemplo no saben cuánto gana el aval actualmente, o
este tiene un sueldo mayor a lo exigido para acceder el beneficio”.
Un tema complejo, ya que se debe pertenecer a los primeros nueve deciles de la población, es decir que el ingreso per cápita
familiar no supere los $ 560 mil pesos. “Entonces si esa persona vive
sola y gana 600 lucas queda fuera. Si vive con su pareja y entre los dos
ganan un palo los dos quedan fuera también. Es difícil de entender”. Y
agrega que “además de pedirte que incluyas tu sueldo te piden boletas de
honorarios, ganancias de capital, como 10 cuadritos por llenar del
2011-2012”.
Villagrán detalla que “hemos encontrado una enorme cantidad de
personas que pertenecen al décimo décil, que queda excluido. Y son
personas de clase media”. Además, alega, “falta información, no ha
habido una campaña masiva para que la gente pueda acceder a esto.
Nosotros tenemos un grupo de Facebook pero somos 4 mil de los 106 mil…
ha habido una falta de información tremenda”.
Desde Corfo señalan que para promover y publicitar la iniciativa “se
implementó un abanico de acciones comunicacionales que incluyeron
inversión publicitaria, tanto en medios nacionales como regionales; telemarketing
(se contrató personal externo de refuerzo para realizar llamadas
telefónicas directas); se reforzó el Servicio de Atención al Cliente; 24
campañas de e-mail marketing personalizado a los deudores;
además de gestión de prensa en medios nacionales y regionales. Esto
implicó cerca de $ 30 millones en avisos en medios en dos meses, a lo
que se suman más de 450 notas en medios valorizadas en $ 1.100
millones”.
El olvido del mundo político
La Agrupación Estafados Corfo no ha dejado piedra sin levantar para
encontrar una solución a las deudas que para muchos se han convertido en
un calvario. También recurrieron al mundo político, pero se sienten
defraudados.
“Nos reunimos con todos con el objetivo de encontrar una solución,
especialmente para quienes enfrentan embargos. Transversalmente se
comprometieron a legislar para que se prohibiera el embargo de bienes
por deudas de crédito estudiantiles. Por mencionarte algunos tuvimos el
apoyo de Sergio Aguiló (IC), Cristina Girardi (PPD), Pepa Hofmann (UDI),
Jaime Quintana (PPD), Romilio Gutierrez (UDI). Pero pasó que los
embargos continúan: se presentó una moción pero quedó ahí, detenida.
Para avanzar se requiere apoyo del gobierno y que los parlamentarios se
muevan”, asegura Villagrán.
Además recalca que “lo que pedimos debatir es que esta solución, lo
que consagra con letra mayúscula es que se avala el lucro en la
educación. No con recursos privados, sino públicos que se le entregan a
los bancos para que los intermedien y ganen suculentas cifras, así como
que las universidades generen enormes ganancias a costa de las familias
que quieren que sus hijos puedan estudiar. Todo con el Estado como
principal motor de este endeudamiento, por eso hemos decidido que
seguiremos peleando por este derecho. Y como claramente la clase
política no nos representa, los caminos a seguir son la protesta en la
calle y los tribunales”.
Esta última vía ya fue abordada en enero pasado, cuando interpusieron
una demanda ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del
Estado, los bancos y quienes resulten responsables por el otorgamiento
de estos créditos. A las 75 familias que presentaron inicialmente esta
acción se sumarán unas 200 personas más. El objetivo: la nulidad de
todos los contratos “por tratarse de una deuda de recursos fiscales que
fueron a parar a los bancos. Y denunciamos que hubo autoridades que
impulsaron este mecanismo que luego terminaron trabajando en la banca.
Por ejemplo el ministro de Educación de Eduardo Frei, Sergio Molina,
ideólogo de los créditos Corfo, llega al directorio del Banco del
Desarrollo, que fue el que tuvo más beneficio con estos créditos”.
También se menciona una larga lista de ministros, tanto de Educación
como de Economía de la época hasta la actualidad “por falta de
fiscalización. Lo mismo que le están cobrando a Beyer”.
No son optimistas, ya que según señala Villagrán “lo más probable es
que no pase nada porque Chile vulnera tratados internacionales de
derecho a la Educación: aquí no existe un recurso judicial, por lo que
estamos creando una figura para demandar al Estado”. En ese caso, no
darán el brazo a torcer y adelantan que llegarán a una Corte
Internacional si es necesario.
