Por María Elba Troncoso.
Miembros de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados afirmaron que el gobierno maneja el tema con una lógica de mercado, que no quiere mejorar el sistema y que el ministro es el más ideologizado
El sistema educacional está en crisis y de ello no hay duda. Ahora un nuevo lapidario informe, esta vez internacional, destruyó una pieza clave -la PSU- del entramado educativo de nuestro país, reflotando la discusión en torno a la calidad y el lucro.
La auditoría de empresa estadounidense Pearson a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, arrojó altos márgenes de error, problemas con las preguntas y un grave sesgo a los estudiantes técnico-profesionales, entre otras fallas que la sitúan lejos de los estándares internacionales.
Este diagnóstico se suma a los análisis de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados en torno a la educación, a las conclusiones del informe de la OCDE sobre la educación en Chile, a las publicaciones del foro Aequalis (que se realiza cada año para analizar el estado del arte del sistema) y a otros tantos estudios que durante décadas han planteado una serie de propuestas para mejorar la calidad de la educación.
La lógica del mercado
Sin duda el diagnóstico es claro: el enfermo está grave y necesita una operación profunda. Lo que sorprende es por qué no se han tomado medidas para garantizar un sistema educativo de calidad, no discriminatorio, desde el nivel escolar hasta el superior.
A juicio de la diputada Cristina Girardi (PPD), el tema es claro: "El gobierno no quiere tomar medidas". Consultada por Cambio21 afirmó que "este un tema político, no un tema técnico. Hay una defensa de los intereses de los privados que están ganando con la educación. Es tan simple como eso. No hay otra lectura".
La parlamentaria, miembro de las comisiones de Educación e Investigadora del Lucro, aseveró que "claramente las falencias tienen que ver con que el objetivo último no ha sido la educación propiamente tal, sino el negocio en torno a la educación y proteger los intereses de aquellos que ganan y lucran, tanto a nivel escolar como en la educación superior. Mientras eso sea el norte, va a ser muy difícil tener una educación de calidad en nuestro país con igualdad de acceso para todos".
Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) afirmó que "entender la educación como un bien de consumo es un profundo error (concepto expresado por el propio presidente Piñera), el hecho que los establecimientos compitan, el financiamiento compartido, la existencia de verdaderos guetos educativos y las graves diferencias que existen en los distintos sectores sociales, son consecuencia de ello".
Fue categórico al señalar que "ahí hay un tema ideológico" que viene desde la concepción del sistema durante la dictadura; los mismos que idearon el sistema en épocas no democráticas, hoy día privilegian el lucro como elemento central del sistema".
Nadie le cree a Beyer
Tras conocer los resultados del informe sobre la PSU el ministro de Educación, Harald Beyer, rasgo vestiduras. Afirmó que es urgente resolver el sesgo del nivel socioeconómico y el que existe con liceos técnico profesionales, mejorar los currículos escolares y otras medidas, algunas de corto y otras de largo plazo.
Estas declaraciones son miradas con reticencia. El diputado Venegas señaló a Cambio21 que "definitivamente no le creo" y señaló que Beyer es "el más ideologizado de todos". Agregó que "ha demostrado de una manera categórica su incapacidad de dialogar con los distintos actores. El simplemente impone, no dialoga no tiene voluntad de llegar a acuerdos. La política es el arte de llegar a acuerdos, pero eso no ha pasado".
Por su parte, la diputada Girardi fue enfática: "Yo no le creo absolutamente nada al gobierno cuando hace este tipo de declaraciones, porque en definitiva cuando llegan los proyectos de ley no hacen nada." Dijo que un ejemplo de esto es el resultado de la comisión investigadora de la educación superior. "Se nombró a todas las universidades que hoy está investigando la fiscalía, denunciando que había lucro, lavado de activos y otros delitos, pero el gobierno y los propios diputados de derecha no apoyaron el resultado de la comisión".
Afirmó que esta ha sido una política sostenida en el gobierno. "Cuando hay un proyecto de ley se consultan expertos, pero después el gobierno hace lo que quiere y sigue imponiendo el sistema, porque está defendiendo sus intereses. Porque están metidos en eso".
Puso como otro ejemplo el proyecto de ley de la superintendencia para la educación superior: "Según el ministro, la Superintendencia va a evitar que las universidades cometan delitos, pero lo que propone en su ley es que se legitimen las sociedades relacionadas. O sea es como la mentira y la trampa. Primero te dicen que hay que cambiar la ley paras evitar el lucro y lo que hacen es legitimar las sociedades relacionadas",concluyó Girardi.
