La demanda fue interpuesta por las familias afectadas pidiendo nulidad de contratos e indemnización.
La agrupación de afectados por el crédito Corfo esta semana presentó una demanda colectiva en la Corte de Apelaciones de la ciudad puerto. Los objetivos de esta acción es buscar la nulidad de los contratos con los bancos, buscar indemnización y que los funcionarios de este “fraude” paguen por su complicidad.
Por Andrés Ojeda Núñez
Las arremetidas de la agrupación “Estafados por Crédito Corfo” continúan. Después de una campaña mediática muy fuerte, conversaciones con el parlamento, un reajuste en el interés del crédito de un 9% a 2% (muy cuestionado), y tras negarse a seguir pagando su deuda, esta vez los afectados llegaron a los tribunales de Valparaíso para demandar al Estado por $650 millones por cada familia endeudada, lo que en total – considerando las 70 familias- sumarían más de $45 mil millones, además de solicitar la nulidad de los contratos adquiridos con los bancos, para así evitar los embargos. “Se debe reparar los daños a las familias. Porque es el Estado el que tiene la obligación de brindar la educación pública, gratuita y al alcance de las personas”, justificó el abogado que lleva esta causa, Ariel Zuñiga.
A estos dos grandes capítulos de la acción legal, también se suma la petición de que los bancos paguen como responsables de un “fraude”. “Las cuantiosas transferencias de dinero fiscal al sistema bancario se hicieron en coordinación con ciertas autoridades de la época, y actuales. A ellas la llamamos al banquillo para que respondan. También los demandamos para que respondan con su patrimonio a estos montos que estamos solicitando como indemnización”, explica el abogado.
De acuerdo al defensor legal el principal protagonista de este invento es Sergio Molina, ex ministro de Educación bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1997), el cual posteriormente sería el vicepresidente del Banco del Desarrollo (hoy Scotiabank), unas de las instituciones más favorecidas con el sistema crediticio de Corfo.
El abogado Ariel Zuñiga, patrocinante de la causa, argumenta legalmente que bajo el contexto del Pacto de Derechos Sociales Políticos y Económicos suscrito por la Asamblea General de la ONU, oficializado a fines de la dictadura, el Estado de Chile se comprometió a “buscar un camino hacia la educación pública, cuando en realidad ha pasado todo lo contrario”, señaló. LOV
Revise la imagen a continuación para entender cómo operaba el crédito.
