19 de octubre de 2012
Plata o plomo: la fiesta de los narcos en Chile
- EDUARDO VERGARA B.
- Director de Asuntos del Sur y Co-animador de Hasta Agotar Stock.
- http://www.asuntosdelsur.org
19 de octubre de 2012
En pocos días, Chile ha enviado una potente señal pública a narcotraficantes y criminales: nuestro sistema es cada día más corruptible. Tanto las irregularidades que huelen a corrupción en torno a los sobreprecios de equipos para ser usados en la lucha contra el tráfico como la red de corrupción dentro de la PDI, dejan en descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial y policial. A esto debemos sumar lo que hemos visto en nuestro servicio de salud con la pérdida de toneladas de droga y en nuestros sistemas de aduanas, máximos responsables de la entrada de drogas al país. Los narcos tienen razones de sobra para estar de fiesta.
Pero no estamos frente a simples actos de corrupción. Aquí se conjugan factores mucho más complejos: la ineficiente y fracasada guerra contra las drogas y el creciente poder de los carteles. Ejemplos sobran en nuestra región para argumentar que señales de este tipo, han entregado alertas importantes para detectar cómo los sistemas logran ser corrompidos con facilidad por el poder de los narcos y del crimen organizado.
Poco importan los sistemas transparentes, las licitaciones reguladas y honestas cuando el poder financiero del crimen organizado es capaz de arrasar con todo.
Es aquí donde se empiezan a crear los escenarios propicios para que el narcotráfico corroa las instituciones y aumente dramáticamente su poder. Por un lado, nuestra ley de drogas continúa progresivamente privilegiando el trabajo de narcotraficantes al criminalizar mayoritariamente a consumidores y no a traficantes, generando espacios propicios para que el mercado sea controlado por criminales, entregándoles prácticamente en bandeja un sistema económico para financiar el terror. Por el otro, el Estado ha demostrado una vez más que no solo no ha podido frenar la delincuencia, sino que esta existe dentro de su propia administración. La señal es clara, el departamento dependiente del Ministerio de Interior que dirigía el llamado “zar antidrogas” es corruptible y las fuerzas policiales encargadas de luchar y detectar acciones criminales han sido penetradas por el enemigo.
Lo que está en juego es la porosidad del Estado y la señal que estos actos envían para quienes ya han demostrado penetrar con éxito todos los niveles de la administración pública en toda América Latina. El dinero puede corromper todo, y gracias a la obsesión por mantener ciertas drogas ilegales, continuamos garantizando que los narcos controlen el negocio más lucrativo del mundo y que su disponibilidad de dinero sea casi interminable. “Plata o plomo” es la opción que narcotraficantes dan a autoridades o fuerzas policiales antes de comprarlos o matarlos.
En Argentina ya no hay carteles, porque las policías decidieron competir frontalmente con los narcos para adueñarse del lucrativo negocio del narcotráfico. En México no hay un solo nivel administrativo en el que no exista presencia de narcos, es más, hasta han demostrado pelear “democráticamente” espacios de elección popular. Centroamérica casi de manera transversal presenta altísimos grados de corrupción en sus sistemas policiales, de justicia y administrativos. También ejemplos sobran en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En el caso de Chile ya hay evidencia que se han permeado diferentes niveles. Hemos visto ya el reemplazo del Estado por organizaciones criminales logrando controlar algunas zonas de la capital. La participación de agentes de la PDI, del poder judicial, el servicio de aduanas y el Ministerio de Salud es el primer paso para llegar a niveles más altos de la administración estatal.
La manera de abordar este tema debe ser diferente. Mientras más énfasis el Estado da a la represión hacia consumidores (la demanda) como solución a un problema tan complejo como el de las drogas, el crimen organizado (la oferta) continúa robusteciéndose logrando penetrar todo. Si bien hay una serie de reformas pendientes en torno a nuestro sistema judicial y financiero (el secreto bancario sigue siendo el mejor amigo del lavado de dinero), es necesario redefinir nuestra política de drogas y decidir cuál es el camino que debemos seguir.
El primer paso debe ser el explorar alternativas que permitan limitar el poder financiero de los narcos. Ya sea por medio de reformas legales que impidan el movimiento de recursos libremente o mayor transparencia en los procesos judiciales, es necesario que también analicemos cómo frontalmente podemos quitarles el negocio de sus manos. La legalización del mercado de las drogas y su debida regulación, se abre como la gran solución para lograr la reducción de sus ingresos, el empoderamiento de los ciudadanos (consumidores) y un mejor uso de los recursos del Estado que deben estar enfocados en desarticular y terminar con el crimen organizado y no en perseguir pitos y plantas. La delincuencia organizada no terminará su influencia y penetración de los sistemas hasta que les quitemos sus recursos financieros.
Poco importan los sistemas transparentes, las licitaciones reguladas y honestas cuando el poder financiero del crimen organizado es capaz de arrasar con todo.
En pocos días, Chile ha enviado una potente señal pública a narcotraficantes y criminales: nuestro sistema es cada día más corruptible. Tanto las irregularidades que huelen a corrupción en torno a los sobreprecios de equipos para ser usados en la lucha contra el tráfico como la red de corrupción dentro de la PDI, dejan en descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial y policial. A esto debemos sumar lo que hemos visto en nuestro servicio de salud con la pérdida de toneladas de droga y en nuestros sistemas de aduanas, máximos responsables de la entrada de drogas al país. Los narcos tienen razones de sobra para estar de fiesta.
Pero no estamos frente a simples actos de corrupción. Aquí se conjugan factores mucho más complejos: la ineficiente y fracasada guerra contra las drogas y el creciente poder de los carteles. Ejemplos sobran en nuestra región para argumentar que señales de este tipo, han entregado alertas importantes para detectar cómo los sistemas logran ser corrompidos con facilidad por el poder de los narcos y del crimen organizado.
Poco importan los sistemas transparentes, las licitaciones reguladas y honestas cuando el poder financiero del crimen organizado es capaz de arrasar con todo.
Es aquí donde se empiezan a crear los escenarios propicios para que el narcotráfico corroa las instituciones y aumente dramáticamente su poder. Por un lado, nuestra ley de drogas continúa progresivamente privilegiando el trabajo de narcotraficantes al criminalizar mayoritariamente a consumidores y no a traficantes, generando espacios propicios para que el mercado sea controlado por criminales, entregándoles prácticamente en bandeja un sistema económico para financiar el terror. Por el otro, el Estado ha demostrado una vez más que no solo no ha podido frenar la delincuencia, sino que esta existe dentro de su propia administración. La señal es clara, el departamento dependiente del Ministerio de Interior que dirigía el llamado “zar antidrogas” es corruptible y las fuerzas policiales encargadas de luchar y detectar acciones criminales han sido penetradas por el enemigo.
Lo que está en juego es la porosidad del Estado y la señal que estos actos envían para quienes ya han demostrado penetrar con éxito todos los niveles de la administración pública en toda América Latina. El dinero puede corromper todo, y gracias a la obsesión por mantener ciertas drogas ilegales, continuamos garantizando que los narcos controlen el negocio más lucrativo del mundo y que su disponibilidad de dinero sea casi interminable. “Plata o plomo” es la opción que narcotraficantes dan a autoridades o fuerzas policiales antes de comprarlos o matarlos.
En Argentina ya no hay carteles, porque las policías decidieron competir frontalmente con los narcos para adueñarse del lucrativo negocio del narcotráfico. En México no hay un solo nivel administrativo en el que no exista presencia de narcos, es más, hasta han demostrado pelear “democráticamente” espacios de elección popular. Centroamérica casi de manera transversal presenta altísimos grados de corrupción en sus sistemas policiales, de justicia y administrativos. También ejemplos sobran en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En el caso de Chile ya hay evidencia que se han permeado diferentes niveles. Hemos visto ya el reemplazo del Estado por organizaciones criminales logrando controlar algunas zonas de la capital. La participación de agentes de la PDI, del poder judicial, el servicio de aduanas y el Ministerio de Salud es el primer paso para llegar a niveles más altos de la administración estatal.
La manera de abordar este tema debe ser diferente. Mientras más énfasis el Estado da a la represión hacia consumidores (la demanda) como solución a un problema tan complejo como el de las drogas, el crimen organizado (la oferta) continúa robusteciéndose logrando penetrar todo. Si bien hay una serie de reformas pendientes en torno a nuestro sistema judicial y financiero (el secreto bancario sigue siendo el mejor amigo del lavado de dinero), es necesario redefinir nuestra política de drogas y decidir cuál es el camino que debemos seguir.
El primer paso debe ser el explorar alternativas que permitan limitar el poder financiero de los narcos. Ya sea por medio de reformas legales que impidan el movimiento de recursos libremente o mayor transparencia en los procesos judiciales, es necesario que también analicemos cómo frontalmente podemos quitarles el negocio de sus manos. La legalización del mercado de las drogas y su debida regulación, se abre como la gran solución para lograr la reducción de sus ingresos, el empoderamiento de los ciudadanos (consumidores) y un mejor uso de los recursos del Estado que deben estar enfocados en desarticular y terminar con el crimen organizado y no en perseguir pitos y plantas. La delincuencia organizada no terminará su influencia y penetración de los sistemas hasta que les quitemos sus recursos financieros.
Poco importan los sistemas transparentes, las licitaciones reguladas y honestas cuando el poder financiero del crimen organizado es capaz de arrasar con todo.
