Sábado, 20 de Octubre de 2012 13:33
Claudia Urquieta (El Mostrador)
El
anuncio del Gobierno que beneficiará a los más de 350 mil estudiantes
que cuentan con el Crédito con Aval del Estado que no estén morosos y
que les permitirá rebajar sus tasas de interés, no será gratis. Una vez
más el Fisco deberá solventar el millonario pozo sin fondo en el que se
ha convertido el sistema que, por una parte, ha logrado el ingreso a la
educación superior de los jóvenes con menores ingresos pero que al mismo
tiempo ha entregado recursos públicos a la banca que —según sus propios
diseñadores— no se justifican, informa El Mostrador.
La entrada en escena
del Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2006 no fue fácil.
Principalmente porque luego de que el Congreso aprobara la ley que le
dio vida, uno de sus principales actores no mostró mayor interés en
participar en el nuevo sistema: la banca.
La reticencia de los
bancos obedecía a que, a diferencia de los créditos Corfo, era el Estado
quien ponía la tasa de interés del CAE, a lo que se sumaba que los
bancos no podían seleccionar la cartera de alumnos ni tampoco pedir
garantías extra del aval estatal. En este escenario —en que para las
instituciones financieras no era suficiente que el Fisco garantizara las
deudas de los estudiantes— se buscó una forma de incentivar a la banca a
participar, lo que dio paso a la “recarga”, que consiste en que los
bancos financian a los estudiantes con crédito con aval del Estado, pero
luego le revenden al Fisco una parte de esos créditos con un
sobreprecio.
La fórmula dio millonarios frutos: entre 2006 y 2011, según publicó Ciper Chile, los bancos obtuvieron ganancias gracias a este ítem por la friolera de 150 mil millones de pesos.
Si la entrada de la
banca en el negocio del CAE implicó un alto costo para el Estado, los
cambios anunciados por el Ministerio de Educación, entre los que se
encuentra la salida de la banca del sistema de créditos universitarios, no será gratis.
EL PEOR NEGOCIO
Según estimaciones del
economista Andrés Lozano, ex asesor de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Ingresa —que administra el CAE— desde las arcas fiscales se
desembolsarán unos 857 millones de dólares solamente para cumplir la
promesa de rebaja de la tasa de interés del 6 % al 2 % que pagan los más
de 350 mil beneficiarios del CAE. Esto, porque la diferencia del 4 %
correrá por cuenta del bolsillo estatal.
La cifra la obtuvo en
base a diversos datos: una tasa de mora del 40 % del total de
beneficiarios del CAE —según el Informe sobre el tema realizado por el
Banco Mundial en 2011—, ya que según anunció el Gobierno únicamente se
pagará la brecha de la tasa de interés de aquellos alumnos que estén al
día. “En aquellos que no pagan debe desembolsar la garantía Estatal,
cifra sustancialmente mayor a la estimada para el diferencial de tasas,
pero que no cambia con la nueva ley”, explica Lozano.
Además del informe del Banco Mundial,
para el cálculo se utilizaron también los montos de créditos cursados y
comprados, tanto de licitados como de renovantes que aparecen en el Informe de Pasivos Contingentes 2011 de la Dirección de Presupuestos. El
economista detalla que “a partir de la información histórica
disponible, se proyectó la evolución de cada una de las cohortes. Luego,
se generaron los cuadros de pago al 6 % y al 2 % y con ellos se calculó
la diferencia en las cuotas. Descartando los créditos ya comprados a
los bancos y aquellos de quienes no van a pagar, la suma alzada de estas
diferencias asciende a los 857 millones de dólares. En valor presente,
descontando al 6 % más la compensación a quienes ya comenzaron a pagar
cuotas, el monto sería de 418 millones de dólares”.
En la Comisión
Ingresa, tienen sus propios cálculos sobre este costo: estiman una cifra
que oscila entre los 500 y los 600 millones de dólares. La diferencia
con Lozano radicaría en que, según explican, “la estimación del
economista se basa en una diferencia fija entre el 6 % y el 2 %, pero el
promedio ponderado de la cartera es menor. En la práctica la tasa de
interés de 6 % se cursó solo un año”.
También hay otro punto
que jugaría en contra de los recursos estatales y está relacionado con
los plazos de pago. Conforme explica Alejandra Contreras, directora
Ejecutiva de la Comisión Ingresa, el pago del Fisco en
este caso se realizará mes a mes, ya que “opera en conjunto con la cuota
del estudiante, por lo que este último tiene que estar al día”.
Esta fórmula, según
Lozano, implica seguir despilfarrando recursos de forma innecesaria.
Básicamente porque “el Estado se podría ahorrar el pagar una tasa del 6
%, además de los costos administrativos de la medida, ya que puede
financiarse a un interés sustancialmente menor y prepagar hoy el total
del diferencial de tasas, sin tener que estar compensando cada mes”.
Pero más allá de las
fórmulas que se apliquen o no para poder aliviar con esta medida la
carga a los endeudados estudiantes, lo cierto es que en la práctica el
CAE ha significado una suerte de pozo sin fondo para el Estado, que en
este caso deberá seguir desembolsando recursos hasta que el último de
los deudores al día cancele su cuota. Es decir al menos por los próximos
25 años.
La “recarga” que desangra al Estado
En opinión del
sociólogo Alberto Mayol, el pago de los 857 millones de dólares para
financiar el cambio del 6 % al 2 %, “nos cuesta una reforma tributaria.
Esta es otra etapa del conjunto de procesos en que vimos cómo el CAE
significó un enorme desembolso de plata. Recordemos que en 2009 a Chile
le costó más plata pagarle a los bancos que lo que habría costado
regalarle la carrera a estudiantes”.
Efectivamente, ese año
el Fisco pagó una “recarga” a la banca por UF 4.226.540, cifra que se
podría haber traducido en educación gratuita para los 72 mil alumnos que
en 2009 obtuvieron el CAE, ya que en 2009 los bancos BCI, Falabella,
BancoEstado y Scotiabank entregaron en total UF 4.169.000 para este
crédito.
El propio Banco
Mundial puso el ojo en el desmedro financiero que ha implicado este
sistema para el Fisco y, en un informe que realizó al respecto en 2011,
señaló que “en nuestra revisión de la estructura de financiamiento del
CAE hemos identificado algunas áreas importantes en las cuales el
ambiente de financiamiento parece no estar en equilibrio. Lo anterior
debido a que provee al sistema financiero los que parecen rendimientos
libres de riesgo, y de manera inversa, requiere que el Estado pague más
del valor de mercado por los servicios prestados por el mercado
financiero en emitir y cobrar los créditos”.
Asimismo agregaba, que
“en suma la estructura total de subasta redunda en incentivos para las
entidades financieras que son perversos, ya que éstas se benefician de
los peores escenarios posibles para el Estado: altas tasas de mora sobre
la nómina de propiedad de los bancos, y una negligencia benigna de la
nómina de propiedad del Estado a la que sin embargo, los bancos prestan
servicios de administración y cobranza”.
Fuentes que
participaron en el nacimiento del Crédito con Aval del Estado, señalan
que se optó por la “recarga” para que el Estado, a diferencia de lo que
pasaba con los créditos Corfo, fuera quien fijara las tasas de interés.
Pero a la larga no fue un buen negocio. Al menos no para los recursos de
todos los chilenos.
Las mismas fuentes
opinan que “hubo un déficit de gestión pública. He escuchado el
argumento, muy malo, que venía de la comisión administradora, de que la
ley no permitía al Estado fijar un tope en los porcentajes de la
recarga, del que discrepo. No es así. Y en el caso de que así fuera, si
estás preocupado de defender los recursos fiscales mandas una indicación
al Congreso para cambiarlo, pero jamás se hizo. Esto es una dejación
del cuidado de los recursos públicos”.
En suma “ha sido un
mal negocio para el Estado con los sobreprecios que se han pagado. Para
la banca en cambio, fue un súper buen negocio. Y no tiene que ver con un
problema de diseño sino con la falta de cuidado en las licitaciones: en
la práctica nunca el Estado se preocupó de definir un precio de reserva
a partir del cual decir hasta aquí es lo máximo en sobreprecio que me
conviene pagar y de ahí para arriba yo financio”.
El ex ministro de
Educación, Sergio Bitar, que era secretario de Estado durante el
gobierno de Ricardo Lagos cuando se ideó el CAE, sostiene que “el Estado
no debió pagar la recarga. Eso ocurrió cuando se aprobó la ley y yo ya
había dejado el Ministerio. Creo que se debió enviar otro proyecto de
ley y operar directamente y no estar pagando lo que la banca de manera
indebida cobró”.
En todo caso, Bitar
considera que la entrada en escena del CAE “fue una buena decisión, y
significó en su momento un avance importante para paliar las
posibilidades de acceso a la educación superior de jóvenes de menores
ingresos (…) Esto se saca del contexto histórico, porque hace 10 años la
gran preocupación era que una gran cantidad de jóvenes no tenía
recursos para financiar los estudios. Fue un paso importante, pero son
pasos progresivos. Hoy hay que hacer mucho más, por eso está muy bien el
subsidio al crédito y una reforma a la Ley de Acreditación”.
Al pago que el Fisco
deberá realizar a la banca por la disminución de las tasas de interés
para los beneficiarios del CAE, se suma lo que Corfo deberá desembolsar
para compensar la rebaja de 3,6 puntos en la tasa de interés anual del
préstamo a los deudores de los créditos de pregrado entregado por
diversas instituciones financieras.
